El Tribunal Constitucional anula la obligación de etiquetar los contenidos procedentes de las oficinas gubernamentales

El Tribunal Constitucional ha eliminado la obligación de etiquetado y de aviso legal para los contenidos proporcionados por el personal de oficina de los miembros del gobierno y secretarios de Estado de la Ley de Partidos Políticos de 2012. La anulación fue publicada el 10 de noviembre de 2026 en el Boletín Oficial de la República de Austria, Parte I, como BGBl. I N.º 103/2026. La resolución tiene fecha del 6 de octubre de 2026 y fue notificada al Canciller Federal el 4 de noviembre de 2026.

La publicación se realiza de conformidad con el Art. 140 párr. 5, 6 y 7 de la B-VG, así como de conformidad con el § 64 párr. 2 de la Ley del Tribunal Constitucional de 1953, BGBl. N.º 85/1953, modificada por última vez mediante la Ley de Adaptación de la Libertad de Información, BGBl. I N.º 50/2025. Se basan en los procedimientos G 136/2025-26 y G 27/2026-17. La publicación está firmada por Stocker.

Qué ha anulado el Tribunal Constitucional

El pronunciamiento del Tribunal Constitucional comprende tres intervenciones en la Ley de Partidos Políticos de 2012, cada una en la versión BGBl. I N.º 56/2012 en la versión de BGBl. I N.º 43/2025:

• El § 2 Z 5b lit. j en su totalidad, es decir, la obligación de etiquetado y de aviso legal para los contenidos y contribuciones proporcionados por el personal de oficina,
• la secuencia de palabras y caracteres „j,“ en la parte introductoria del § 16 párr. 12,
• la secuencia de palabras y caracteres „, wobei für Sachverhalte, die vor dem 1. Juli 2025 verwirklicht wurden, die im letzten Halbsatz von § 2 Z 5b lit. j formulierten Erfordernisse (Kennzeichnung, Impressum) entfallen“ (donde para los hechos realizados antes del 1 de julio de 2025, quedan exceptuados los requisitos formulados en la última media frase del § 2 Z 5b lit. j [etiquetado, aviso legal]) en la misma disposición.

Con la segunda y tercera anulación, también desaparece la norma transitoria que preveía una excepción al etiquetado y al aviso legal para los hechos realizados antes del 1 de julio de 2025.

De la novela de 2025 a la Ley de Acompañamiento Presupuestario 2027-2028

La letra afectada se incorporó a la Ley de Partidos Políticos de 2012 recién con la novela BGBl. I N.º 43/2025. La Ley de Acompañamiento Presupuestario 2027-2028, BGBl. I N.º 62/2026, publicada el 29 de julio de 2026, la redactó nuevamente en el artículo 8:

• La secuencia de palabras „miembros del gobierno federal o estatal“ fue sustituida por „miembros del gobierno federal, secretarios de Estado o miembros del gobierno estatal“.
• En lugar de „en el aviso legal respectivo“ se estableció „en el marco de la divulgación en el sentido del § 25 de la Ley de Medios, BGBl. N.º 314/1981“.
• El anterior § 16 párr. 12 recibió la designación de párrafo „(13)“; un nuevo párr. 14 regulaba la entrada en vigor y contenía la disposición transitoria ahora anulada.

Con la resolución del 6 de octubre de 2026, esta vía regulatoria ya no es aplicable tras la publicación.

Sin resurgimiento, efecto inmediato

El Tribunal Constitucional ha dejado constancia en el punto 2 de su pronunciamiento de que las disposiciones legales anteriores no vuelven a entrar en vigor. El punto 3 ordena que las disposiciones anuladas ya no deben aplicarse.

Para la práctica, esto significa:

• No se aplica ningún efecto residual de la situación jurídica anterior para contenidos y contribuciones futuras.
• Para los hechos realizados antes del 1 de julio de 2025, se mantiene que el etiquetado y el aviso legal (impressum) no son necesarios; sin embargo, ahora ya no es debido a una excepción, sino porque los propios requisitos han desaparecido.
• La derogación surte efecto inmediato sobre la comunicación y el trabajo mediático del Gobierno Federal, de los secretarios de Estado y de los gobernadores regionales, así como de sus respectivas oficinas.

La publicación reproduce el fallo del Tribunal Constitucional; la fundamentación de la sentencia no está incluida en ella. Las disposiciones objeto del procedimiento forman parte del derecho de financiación y transparencia de los partidos regulado por el derecho constitucional federal según la Ley de Partidos de 2012.

Con la eliminación de la obligación de etiquetado y de aviso legal, las redacciones y el público pierden una capa de identificación formal para los contenidos procedentes de las oficinas del Gobierno y de las secretarías de Estado. La publicación deja abierta la cuestión de si dicho etiquetado estará asegurado en el futuro sobre otra base jurídica, por ejemplo, mediante la divulgación según la Ley de Medios.

Fuente: Boletín Oficial de la República de Austria, Parte I, N.º 103/2026 del 10 de noviembre de 2026, publicación del Canciller Federal (referencia oficial: BGBl. I Nr. 103/2026).