El Tribunal Constitucional ha sentenciado el pago de 765 euros en concepto de indemnización por un proceso judicial que dura casi cuatro años

El Tribunal Constitucional de la República de Croacia ha determinado que Snježana Bilandžić, de Dicmo, ha sido privada del derecho a un juicio en un plazo razonable en un proceso civil que dura casi cuatro años, y le ha concedido una indemnización de 765,00 euros. La Decisión y la Resolución número U-IIIA-2604/2026 fueron adoptadas el 30 de septiembre de 2026 y publicadas en el Narodne novine n.º 124/2026 del 30 de octubre de 2026 bajo el número de orden 1484. Mediante la misma decisión, se ha ordenado al Tribunal Comarcal de Šibenik que decida sobre el caso que se tramita ante él bajo el número Gž R-46/2026 en el plazo más breve posible, pero no superior a seis meses.

La decisión fue adoptada por unanimidad por la Primera Cámara de Decisiones sobre Quejas Constitucionales en la sesión celebrada el 30 de septiembre de 2026, integrada por la jueza Sanja Bezbradica Jelavić como presidenta de la Cámara y los jueces Andrej Abramović, Dražen Bošnjaković, Biljana Kostadinov, Rajko Mlinarić y Miroslav Šumanović. La base legal para la decisión sobre la indemnización es el artículo 63, párrafo 3, de la Ley Constitucional sobre el Tribunal Constitucional de la República de Croacia, y la violación constatada se refiere al artículo 29, párrafo 1, de la Constitución, que garantiza el derecho a un juicio en un plazo razonable.

Desarrollo del proceso desde la demanda hasta la queja constitucional

El procedimiento civil se inició el 22 de diciembre de 2022 con una demanda de la solicitante para el pago de prestaciones laborales ante el Tribunal Municipal de Split, bajo el número Pr-2297/2022. El demandado presentó la contestación a la demanda el 7 de marzo de 2023, y la primera audiencia no se celebró hasta el 13 de septiembre de 2024.

• 16 de octubre de 2024 y 8 de noviembre de 2024 – audiencias celebradas; mediante resolución del 8 de noviembre de 2024 se ordenó un peritaje financiero
• 19 de febrero de 2025 – la perito financiera presentó el informe y la opinión
• 3 de julio de 2025 – conclusión del debate principal
• 29 de septiembre de 2025 – reapertura del debate principal para complementar los hechos
• 9 de octubre de 2025 – conclusión del debate
• 2 de enero de 2026 – la solicitante solicitó la protección del derecho a un juicio en un plazo razonable ante el Tribunal Comarcal de Split
• 12 de marzo de 2026 – recurso ante el Tribunal Supremo de la República de Croacia debido a que no se había decidido sobre la solicitud
• 27 de marzo de 2026 – publicación de la sentencia número Pr-2297/2022
• 27 de mayo de 2026 – el Tribunal Supremo, mediante resolución número Gžzp-174/2026-7, desestimó el recurso de la solicitante
• 6 de julio de 2026 – presentación de la queja constitucional

Valoración del Tribunal Constitucional

El Tribunal determinó que la queja constitucional es admisible ya que la solicitante agotó previamente los recursos legales a su disposición, de acuerdo con la postura de la resolución número U-IIIA-2199/2024 del 8 de octubre de 2024, publicada en el Narodne novine n.º 131/24.

La razonabilidad de la duración del procedimiento se evaluó según los criterios habituales: la complejidad del asunto, la conducta de la demandante y de los órganos competentes, y la importancia del asunto para la demandante. El Tribunal concluyó que no se trata de un asunto complejo, que el procedimiento ha transcurrido durante casi todo el periodo analizado ante el tribunal de primera instancia y que aún continúa, y que la demandante no ha contribuido a su prolongación.

La duración total del procedimiento, desde la presentación de la demanda hasta la adopción de la decisión del Tribunal Constitucional, es de tres años, nueve meses y ocho días.

Plazos y obligaciones impuestos por la decisión

La decisión obliga al Tribunal Comarcal de Šibenik a dictar una resolución en un plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a su publicación en el Narodne novine. El presidente del tribunal de segunda instancia deberá remitir al Tribunal Constitucional una notificación escrita sobre la fecha de adopción y envío de la resolución en un plazo de ocho días a partir de su envío, y a más tardar ocho días después del vencimiento del plazo establecido en el fallo.

La indemnización de 765,00 euros se pagará con cargo al presupuesto estatal en un plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud al Ministerio de Justicia, Administración y Transformación Digital. El Tribunal determinó la cuantía de la indemnización teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y las condiciones económicas y sociales generales de la República de Croacia.

Denegada la solicitud de costas

Mediante resolución en el mismo asunto, se denegó la solicitud de la demandante para el reembolso de las costas del procedimiento ante el tribunal constitucional. El Tribunal justificó que la solicitud no estaba fundamentada ni respaldada por documentación alguna, invocando el artículo 23 en relación con el artículo 32 de la Ley Constitucional.

La protección del derecho a un juicio en un plazo razonable está regulada en el capítulo VI de la Ley de Tribunales, y los recursos fueron modificados por la Ley de Modificaciones y Suplementos de la Ley de Tribunales de 2024. Para la demandante, también era controvertido el hecho mismo de que no se hubiera decidido sobre su solicitud de protección de derechos, razón por la cual tuvo que presentar un recurso ante el Tribunal Supremo antes de la demanda constitucional.

La decisión es relevante para cualquier persona que espere una resolución judicial: confirma que la duración irrazonablemente larga de un litigio, incluso cuando el asunto no es complejo y la parte no contribuye a la demora, se sanciona mediante la constatación de la vulneración de un derecho constitucional, una indemnización económica y un plazo obligatorio para la actuación del tribunal. El importe de 765,00 euros se mantiene dentro del marco de la práctica anterior del Tribunal Constitucional en asuntos de este tipo.

Fuente: Narodne novine, boletín oficial de la República de Croacia, n.º 124/2026 del 30 de octubre de 2026, Tribunal Constitucional de la República de Croacia, Decisión y Resolución número U-IIIA-2604/2026 del 30 de septiembre de 2026, t. 1484.