Reforma legal contra la trata de personas y el tráfico de migrantes

El Registro Oficial publicó el lunes 9 de noviembre de 2026 la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, en el Sexto Suplemento Nº 405. La norma, sancionada por el presidente Daniel Noboa Azín y aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el 20 de octubre de 2026, reescribe las definiciones y los principios de la materia y reorganiza el régimen de protección, asistencia y reparación a las víctimas.

El trámite consta en el propio boletín: el Pleno discutió el proyecto en primer debate el 9 de diciembre de 2025 (sesión Nro. 056-AN-2025-2029) y lo aprobó en segundo debate el 20 de octubre de 2026 (sesión Nro. 132-AN-2025-2029). La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno Dávila, remitió el texto al Ejecutivo mediante el oficio No. AN-MDMA-2026-0009-O, con certificación del secretario general Jorge López Terán, y el presidente Daniel Noboa Azín sancionó la ley el 9 de noviembre en la provincia de Los Ríos. El oficio No. T. 532-SGJ-26-0417, suscrito por el secretario general jurídico Aldrin Gómez Valdiviezo, remitió la copia certificada para su publicación. El texto reformatorio tiene 26 artículos, tres disposiciones reformatorias, una general, tres transitorias, una derogatoria y una final, y rige desde la fecha de su publicación.

La víctima en el centro y un catálogo nuevo de definiciones

La ley sustituye el objeto de la norma y añade al artículo 4 los principios de centralidad de la víctima y debida diligencia, coordinación interinstitucional e intersectorial, cooperación internacional e interés superior de niñas, niños y adolescentes. Incorpora además un artículo 5.1 con siete enfoques: derechos humanos, género, interculturalidad, interseccionalidad, movilidad humana, seguridad humana y territorial.

El nuevo artículo 5 reemplaza las definiciones por 24 literales, entre ellos:

• Abuso de situación de vulnerabilidad, captación, retención y traslado, con valoración según el contexto de cada conducta.
• Alojamiento temporal especializado, distinto de cualquier otro alojamiento por su enfoque en la restitución de derechos.
• Asistencia y protección inmediata, que debe activarse dentro de las primeras cuarenta y ocho (48) horas desde la detección de indicios.
• Sectores de alto riesgo, cuya calificación técnica se remite al Reglamento de la ley.
• Tratante y traficante, definidos como personas naturales o jurídicas con cualquier forma de autoría o participación.

El artículo 27 reformado fija que la protección integral y la asistencia especializada —asesoría legal, salud, alojamiento, alimentación, asistencia consular, regularización migratoria— no dependerán de que la víctima denuncie o coopere con la investigación penal.

Comité de 16 instituciones, mesas técnicas y plazos de adecuación

La rectoría de la política pública pasa al ente rector en materia de seguridad ciudadana, protección interna y orden público, que además preside con voto dirimente el Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y Protección a sus Víctimas. El Comité queda integrado por 16 entidades, entre ellas:

• los ministerios rectores de defensa, gobernabilidad y derechos humanos, movilidad humana, salud, educación, trabajo, turismo e infraestructura y tecnología;
• la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública;
• un representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, mientras la Defensoría del Pueblo participa como observadora en derechos humanos.

El Comité sesionará de forma ordinaria cuatrimestral y deberá conformar tres mesas técnicas permanentes —Prevención y Promoción de Derechos, Asistencia y Protección, y Seguimiento de Investigaciones y Casos Judicializados—, que sesionarán al menos cada dos meses, además del Equipo de Coordinación de Casos. La omisión en la entrega oportuna de información al sistema de registro de casos será causal de destitución. Las disposiciones transitorias fijan 120 días para instalar el Comité reformado y 180 días para adecuar los protocolos de detección, derivación y alertas digitales.

Penas de hasta 35 años y nuevos delitos en el COIP

Las disposiciones reformatorias modifican el Código Orgánico Integral Penal. El artículo 91 amplía los medios comisivos —incluida la retención o destrucción ilegítima de pasaportes o documentos de identidad y viaje— y enumera ocho modalidades de explotación, como la extracción ilegal de órganos, la servidumbre de la gleba, la adopción ilegal y el reclutamiento forzoso para conflictos armados. El artículo 92 eleva las escalas penales:

• de 19 a 22 años de privación de libertad como pena básica;
• de 22 a 26 años si la víctima pertenece a un grupo de atención prioritaria;
• de 26 a 30 años si se producen lesiones o daños graves, permanentes o irreversibles;
• de 30 a 35 años si la víctima fallece.

Se agrega el artículo 163.2, que tipifica el matrimonio forzoso y la unión de hecho forzada con penas de tres a cinco años, ampliables a cinco o siete si la víctima es menor de edad o existe relación de poder o dependencia económica. Los artículos 31.1, 44 y 45 obligan a la Fiscalía General del Estado a impulsar investigación patrimonial con informes de la UAFE y habilitan una línea de denuncia digital anónima y gratuita contra la captación en línea.

El considerando de la ley invoca la Sentencia No. 1072-21-JP/24 y acumulados, de 21 de noviembre de 2024, en la que la Corte Constitucional determinó que Furukawa Plantaciones del Ecuador C.A. sometió a trabajadores a servidumbre de la gleba y ordenó una política pública interinstitucional. También se derogan expresamente los artículos 8, 15, 16, 17, 24, 30, 34, 35, 36, 37 y 41 de la ley vigente.

La reforma entra en vigor el mismo día de su publicación, por lo que sus plazos, penas y obligaciones de información ya son exigibles a jueces, fiscales, policías y entidades de protección. Para las organizaciones de derechos humanos, el punto crítico será la instalación del Comité reformado y de las mesas técnicas, de las que depende que la asistencia en 48 horas y la reparación integral dejen de ser enunciados y se conviertan en servicios verificables.

Fuente: Registro Oficial del Ecuador, Sexto Suplemento Nº 405, lunes 9 de noviembre de 2026, pág. 1-46 (referencia oficial: Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, publicada en el Sexto Suplemento Nº 405).