Reconstrucción pos-Kristin: Gobierno prorroga hasta diciembre suspensión de licencias de amianto

El Gobierno ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de la autorización previa de la ACT para trabajos de demolición o eliminación de amianto y la suspensión parcial de parte del régimen general de residuos en los municipios afectados por la tormenta «Kristin». La decisión consta en el Decreto-Ley n.º 202/2026, de 20 de octubre, publicado por el Diário da República n.º 203, de la 1.ª serie, en la sección de la Presidencia del Consejo de Ministros. El diploma surte efecto el 30 de septiembre de 2026, evitando el vacío entre el fin de la prórroga anterior y la entrada en vigor de la nueva norma.

Qué queda suspendido hasta finales de año

El decreto-ley modifica el Decreto-Ley n.º 40-A/2026, de 13 de febrero, que creó un régimen excepcional y temporal de simplificación administrativa y financiera para la reconstrucción y rehabilitación de patrimonio e infraestructuras en los municipios afectados por la tormenta. Se trata de la cuarta modificación de dicho régimen.

La nueva redacción del artículo 10.º determina que queda suspendido, hasta el 31 de diciembre de 2026, lo dispuesto en los artículos 11.º y 24.º del Decreto-Ley n.º 266/2007, de 24 de julio, relativo a la autorización previa de la ACT para los trabajos que impliquen demolición o eliminación de amianto o de materiales que lo contengan. La suspensión se concede «sin perjuicio de una eventual prórroga».

Por su parte, el artículo 11.º pasa a establecer que la suspensión parcial de disposiciones del Régimen General de Gestión de Residuos, aprobado en el anexo I del Decreto-Ley n.º 102-D/2020, de 10 de diciembre, se aplica hasta el 31 de diciembre de 2026, también con la misma salvedad de una posible nueva extensión.

Escombros aún por gestionar

El preámbulo justifica la prórroga basándose en que la ejecución de los procedimientos en curso no se agota antes del 30 de septiembre de 2026. El Gobierno invoca además la necesidad de que los municipios afectados lancen nuevos procedimientos para asegurar la continuidad de un conjunto amplio de operaciones:

• gestión de residuos;
• recogida;
• eliminación;
• transporte;
• tratamiento;
• encaminamiento de los residuos.

Según el diploma, es esta continuidad la que exige mantener en vigor las medidas previstas en los artículos 9.º a 11.º del régimen excepcional.

Tres meses iniciales y dos extensiones

El régimen nació a raíz de los daños causados por la tormenta «Kristin» a principios de 2026, cuando el Gobierno declaró la situación de calamidad a través de la Resolución del Consejo de Ministros n.º 15-B/2026, de 30 de enero, siendo posteriormente objeto de prórrogas y ampliaciones territoriales sucesivas.

El Decreto-Ley n.º 40-A/2026 previó inicialmente la suspensión de las obligaciones de autorización previa durante los tres meses siguientes a la declaración de calamidad. Ese plazo finalizó el 28 de abril de 2026 y fue extendido por el Decreto-Ley n.º 140/2026, de 10 de julio, hasta el 30 de septiembre de 2026, ya sujeto a una eventual prórroga.

Tramitación y entrada en vigor

El decreto-ley fue aprobado en Consejo de Ministros el 1 de octubre de 2026, con las firmas de Luís Montenegro, Joaquim Miranda Sarmento y Maria da Graça Carvalho. Fue promulgado el 13 de octubre de 2026 por el Presidente de la República, António José Martins Seguro, y refrendado en la misma fecha por el Primer Ministro, Luís Montenegro.

El diploma entra en vigor el día siguiente al de su publicación, pero el nuevo texto de los artículos 10.º y 11.º del Decreto-Ley n.º 40-A/2026 produce efectos el 30 de septiembre de 2026, garantizando la continuidad jurídica de las obras en curso.

La prórroga interesa directamente a los ayuntamientos y a las empresas de construcción y de gestión de residuos que continúan retirando escombros y materiales con amianto en los territorios afectados. Sin autorización previa de la ACT para estas operaciones y con parte de las normas de residuos suspendidas, los trabajos pueden proseguir sin interrupciones administrativas hasta finales de año, quedando abierta la posibilidad de una nueva extensión en 2027.

Fuente: Diário da República, n.º 203, de 20 de octubre de 2026, 1.ª serie, Presidencia del Consejo de Ministros (referencia oficial: Decreto-Ley n.º 202/2026).