Ponferrada obliga a inspeccionar los edificios a los 40 años

El Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada ha aprobado definitivamente la Ordenanza Reguladora de la Inspección Técnica de Edificios, cuyo texto íntegro publica el Boletín Oficial de la Provincia de León número 204, de martes 27 de octubre de 2026, con la referencia oficial BOP-LE-2026-204007. La norma obliga a inspeccionar todos los edificios del municipio a los 40 años y cada diez años después, y entra en vigor al mes siguiente al de su publicación, esto es, a finales de noviembre de 2026.

La ordenanza culmina un trámite iniciado en la sesión plenaria del 29 de mayo de 2026, cuando se aprobó inicialmente el texto y se sometió a información pública. Al no presentarse alegaciones en la fase de exposición, la aprobación provisional se elevó a definitiva y se publica el texto completo conforme al artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

El marco de la norma es el deber de conservación fijado por la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y por el Decreto 22/2004, de 29 de enero, que aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, donde la inspección técnica es obligatoria en municipios de 20.000 habitantes o más. La ordenanza busca además que la inspección surta los efectos del informe de evaluación de edificios previsto en la Ley 7/2015 de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Cuarenta años y revisiones cada década

El artículo 4 fija los plazos: todos los edificios deberán someterse a una primera inspección dentro del año natural siguiente a aquel en que cumplan cuarenta años desde su terminación o desde una rehabilitación integral o total. Posteriormente habrá una segunda inspección y las sucesivas dentro del año natural siguiente a aquel en que se cumplan diez años desde la anterior.

Los sujetos obligados son los propietarios; en régimen de propiedad horizontal responde la comunidad de propietarios, que debe encargar la inspección de la totalidad del edificio y facilitar el acceso. El informe incluye certificación energética y evaluación de accesibilidad, y debe cubrir al menos el 50% de la superficie construida.

El Ayuntamiento elaborará un censo de edificios sujetos a inspección, expuesto al público durante 30 días dentro del año anterior al plazo, con anuncios en el boletín provincial, el tablón municipal, la web y un diario de difusión provincial. Esa exposición tendrá consideración de notificación a los interesados.

Calendario transitorio hasta 2037

Para los edificios que ya superan los 40 años, la disposición adicional cuarta establece una aplicación escalonada:

Edificios construidos hasta 1899: durante 2027.
Construidos en 1900: durante 2028.
De 1901 a 1942: durante 2029.
De 1943 a 1955: durante 2030.
De 1956 a 1961: durante 2031.
De 1962 a 1968: durante 2032.
De 1969 a 1973: durante 2033.
De 1974 a 1981: durante 2034.
De 1982 a 1990: durante 2035.
De 1991 a 1996: durante 2036.
A partir de 2037: todos los que cumplan 40 años o cuya última inspección supere los diez años.

La disposición transitoria mantiene la eficacia de los expedientes ya resueltos e inscritos hasta diez años después de su realización.

Sanciones, ejecución subsidiaria y bloqueo de licencias

El título II, sobre régimen sancionador, remite a la normativa autonómica y fija en el artículo 13 multas de entre 1.000,00 y 10.000,00 euros, conforme al artículo 352.1.c) del RUCyL. La sanción se incrementará si la suma del coste de la inspección y de las obras supera el máximo previsto, para evitar cualquier beneficio económico del infractor.

El artículo 9 faculta al Ayuntamiento de Ponferrada para dictar órdenes de ejecución y, en caso de incumplimiento, acordar la ejecución subsidiaria o imponer multas coercitivas hasta el límite del deber de conservación, previo apercibimiento, según el artículo 322 del RUCyL. Si el propietario no acredita la inspección, podrá requerirle un plazo máximo de tres meses y después realizarla de oficio a su costa.

El artículo 8.7 cierra la vía administrativa a los morosos de la ITE: no se concederá autorización municipal para obras en edificios obligados que carezcan de inspección, salvo obras menores de escasa entidad en interiores de viviendas y locales.

Registro público y medidas de fomento

La ordenanza prevé un Registro Municipal de ITE informatizado y público para quien acredite interés legítimo en la compra o arrendamiento, con volcado al registro autonómico RegiteCyL. Los modelos oficiales se generan con la aplicación ITE|IEE Castilla y León, del Instituto de la Construcción de Castilla y León (ICCL).

Como contrapeso, la disposición adicional segunda permite bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y tramitación preferente de licencias para las obras de seguridad derivadas de la inspección.

La norma convierte la conservación edilicia en una obligación verificable y fechada en un municipio con un parque residencial envejecido, especialmente en el casco antiguo. Los propietarios de inmuebles anteriores a 1899 tienen hasta el final de 2027 para presentar su primera inspección, y quien no lo haga se enfrentará a sanciones, ejecución a su costa y la paralización de cualquier licencia de obras.

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de León, núm. 204, de 27 de octubre de 2026, Sección I (Administración Local), págs. 12-29 (referencia oficial: BOP-LE-2026-204007).