Plan de competitividad industrial: 16 millones para los polígonos hasta 2030

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro García, firmó el 4 de noviembre la resolución que aprueba el Plan Autonómico para la Competitividad de las Áreas de Promoción Industrial de las Islas Baleares 2027-2030. La disposición se publica en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) núm. 142, de 7 de noviembre de 2026, sección III, con la referencia 11221, y despliega las políticas de suelo y fomento industrial de los próximos cuatro años. El plan prevé una dotación total de 16 millones de euros hasta 2030.

El nuevo instrumento es el despliegue del artículo 19 de la Ley 5/2025, de 18 de julio, de gestión y modernización de las áreas de promoción industrial, que obliga a la conselleria competente en materia de industria a elaborar, aprobar y ejecutar un plan autonómico de carácter cuatrienal con medidas de fomento, formación e inversión. La norma se enmarca también en la Ley 4/2017, de 12 de julio, de industria de las Islas Baleares, y en el Decreto 50/2017, de 10 de noviembre, que regula el Consejo de la Industria. La redacción del proyecto ha sido asumida por la Dirección General de Industria y Polígonos Industriales, adscrita a la conselleria mencionada según el Decreto 10/2025, de 14 de julio, y el texto recoge las propuestas presentadas por el sector durante las reuniones de redacción.

La tramitación consta en el expediente con el informe de 20 de octubre de 2026 del jefe del Departamento de Industria y Polígonos Industriales y con el acuerdo favorable del Consejo de la Industria de 22 de octubre de 2026. La resolución agota la vía administrativa y tiene efectos el mismo día de la publicación; contra ella se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante el conseller en el término de un mes o un recurso contencioso administrativo ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en el término de dos meses.

Cuatro líneas de soporte para ayuntamientos y entidades de gestión

El plan se articula en cuatro modalidades de actuación que responden a las tipologías previstas en la Ley 5/2025, desde la gestión de las áreas hasta la disponibilidad de suelo y la reactivación de espacios productivos:

• A. Constitución y consolidación de las Entidades de Gestión y Modernización (EGM): las solicitantes son las mismas entidades y el soporte se instrumenta mediante convocatoria de subvenciones, con asesoramiento jurídico y técnico, soporte en la contratación de equipos directivos y formación para los socios.
• B. Proyectos de mejora de las áreas empresariales: los solicitantes son los ayuntamientos, aunque la iniciativa puede surgir de una EGM con el visto bueno municipal; también se tramita mediante convocatoria de subvenciones.
• C. Creación de nuevo suelo industrial: ayuntamientos o EGM, mediante convenios o actuaciones puntuales, con asesoramiento para adaptar las normas urbanísticas.
• D. Calificación, recalificación y reactivación de áreas: ayuntamientos o EGM, con convenios o actuaciones puntuales para aprovechar mejor los espacios disponibles.

El texto recuerda que el deber de conservación y mantenimiento de las áreas industriales corresponde a los ayuntamientos y que el soporte autonómico es complementario, con acompañamiento técnico de la dirección general para madurar las propuestas.

Cinco ejes de mejora de los espacios productivos

Los proyectos subvencionables se ordenan en cinco ejes prioritarios, cada uno con un catálogo de actuaciones que incluye estudios de movilidad, reordenación de accesos y aparcamientos, itinerarios para peatones y ciclistas, fibra óptica y sensores de monitorización, auditorías energéticas, iluminación LED, fotovoltaica y comunidades energéticas industriales, marcas y certificaciones de calidad del área, y sistemas de control de accesos y de detección de incidencias.

• Movilidad y accesibilidad: diagnósticos, señalización, reordenación del tráfico interno y conexión con el transporte público.
• Equipamientos, infraestructuras y digitalización: redes de agua y saneamiento, conectividad, servicios compartidos y digitalización de la gestión.
• Eficiencia energética y transición energética: auditorías, autoconsumo compartido, puntos de recarga y plataformas de gestión.
• Promoción, identidad y calidad: identidad del área, certificación, webs, directorios de empresas y captación de inversión.
• Seguridad: iluminación en puntos críticos, vigilancia coordinada, cámaras CCTV cuando sea legalmente viable y control de accesos.

El seguimiento deberá permitir conocer la ejecución presupuestaria, el tipo de actuaciones, la participación de municipios y EGM y las mejoras obtenidas, con indicadores que se podrán precisar en las convocatorias.

37 municipios, cerca de cincuenta núcleos y un presupuesto creciente

El plan parte de una realidad territorial diversa: 37 municipios del archipiélago disponen de algún polígono industrial o área empresarial ordenada y en el conjunto de las Islas se identifican aproximadamente cincuenta núcleos de actividad económica de estas características. La programación económica refleja una dotación creciente durante el periodo de vigencia:

• 2027: 2.000.000 €
• 2028: 4.000.000 €
• 2029: 4.000.000 €
• 2030: 6.000.000 €
• Total: 16.000.000 €

Las dotaciones anuales se articularán con los instrumentos presupuestarios y de concesión correspondientes, y la concreción de cada actuación quedará condicionada a la disponibilidad presupuestaria y a las bases reguladoras de cada convocatoria.

Para las empresas industriales, los ayuntamientos con polígonos y los agentes económicos, el plan convierte el marco de la Ley 5/2025 en convocatorias concretas y en una ventana de cuatro años para planificar inversiones en suelo, servicios y eficiencia energética; el impacto dependerá de la capacidad de coordinación entre consistorios, entidades de gestión y Gobierno para priorizar proyectos y ejecutarlos dentro de los plazos previstos.

Fuente: Boletín Oficial de las Islas Baleares, núm. 142, 7 de noviembre de 2026, sección III, pág. 62601 (referencia oficial: 11221).