Gobierno autoriza a la Fuerza Aérea a comprar radar móvil de largo alcance

El Consejo de Ministros autorizó a la Fuerza Aérea a asumir un compromiso plurianual y a realizar el gasto para la adquisición de un sistema de radar móvil de largo alcance, hasta un monto global máximo de 22 200 000,00 euros, exento del impuesto sobre el valor añadido. La autorización consta en la Resolución del Consejo de Ministros n.º 216/2026, publicada en el Diário da República, 1.ª serie, n.º 218, del 10 de noviembre de 2026, y firmada el 29 de octubre por el Primer Ministro, Luís Montenegro. La resolución surte efecto a partir de la fecha de su aprobación.

El diploma enmarca la compra en la misión principal de la Fuerza Aérea de participar, de forma integrada, en la defensa militar de la República, y en la obligación de asegurar capacidades de vigilancia, detección, identificación, intervención y mando y control aéreo en el espacio aéreo bajo jurisdicción nacional. Es en este marco que la rama contribuye al Sistema Integrado de Defensa Aérea y Antimisiles de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La base legal invocada es la letra e) del n.º 1 del artículo 17.º y el n.º 1 del artículo 22.º del Decreto-Ley n.º 197/99, de 8 de junio, la letra a) del n.º 1 del artículo 6.º de la Ley n.º 8/2012, de 21 de febrero, el n.º 1 del artículo 11.º del Decreto-Ley n.º 127/2012, de 21 de junio, los artículos 44.º a 47.º del Código del Procedimiento Administrativo, y la letra g) del artículo 199.º de la Constitución.

Partidas repartidas en tres años

El cargo máximo está escalonado y tiene límites anuales que no pueden ser excedidos en cada año económico, siempre sin IVA:

• 2026 — 20 000 000,00 € (la parcela por mucho más pesada)
• 2027 — 1 200 000,00 €
• 2028 — 1 000 000,00 €

En 2026, los cargos se satisfacen con partidas ya inscritas en el presupuesto de la Fuerza Aérea. En 2027 y 2028, serán soportados por partidas a inscribir en el mismo presupuesto, en la fuente de financiación 311 — Ingresos fiscales no destinados a proyectos cofinanciados.

Sin refuerzo del Presupuesto ni techo adicional

La resolución determina expresamente que no habrá lugar a ningún refuerzo presupuestario mediante el recurso a la dotación provisional u otras dotaciones centralizadas en el Ministerio de Finanzas, ni al capítulo 60, gestionado por la Entidad del Tesoro y Finanzas, durante la ejecución presupuestaria. Establece además que la asunción de estos cargos plurianuales no constituye fundamento para la atribución de un techo adicional referente a 2027 y 2028.

La ejecución queda delegada, con facultad de subdelegación, en el miembro del Gobierno responsable del área de defensa nacional, a quien corresponderá practicar todos los actos subsiguientes en el marco de la resolución.

Sensores en red y equipo desactualizado

El preámbulo justifica la compra por la “rápida degradación” del panorama de seguridad global, marcada por la proliferación y el uso intensivo de diversas amenazas aéreas, que exige una capacidad de defensa “resiliente y flexible”. La política Integrada de Defensa Aérea y Antimisiles (IAMD) de la OTAN preconiza que la capacidad de vigilancia integre sensores activos y pasivos, estáticos y móviles, que operen en red, para garantizar una cobertura persistente y la capacidad de supervivencia del sistema.

Según el Gobierno, las infraestructuras nacionales están “compuestas mayoritariamente por sistemas de tecnología anterior”, lo que sustenta la necesidad de adquirir un radar móvil de largo alcance para reforzar la capacidad IAMD y garantizar una “protección fortalecida” para las Fuerzas Nacionales Destacadas.

El camino quedó abierto en octubre: la Orden n.º 12618/2026, del Ministro de Defensa Nacional, Nuno Melo, publicada en el Diário da República, 2.ª serie, n.º 201, del 16 de octubre de 2026, revocó la Orden n.º 15258/2025, del 23 de diciembre, que autorizaba a la Fuerza Aérea a asumir el mismo cargo y delegaba en el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea los poderes para los actos subsiguientes. La nueva resolución sustituye ese marco por una decisión del Consejo de Ministros.

Lo que está en juego

La operación representa un compromiso de 20 millones de euros ya en el año corriente, sin margen para refuerzos presupuestarios extraordinarios, y concentra en un único sistema móvil la respuesta a la obsolescencia de los sensores nacionales. Para los contribuyentes, queda fijado el techo de 22,2 millones y la prohibición de recurrir a dotaciones centralizadas; para el sector de la defensa, se abre un procedimiento de adquisición de largo alcance que será conducido por la tutela de la defensa nacional.

Fuente: Diário da República, 1.ª série, n.º 218, del 10 de noviembre de 2026, Presidencia del Consejo de Ministros, pág. 1 (referencia oficial: Resolución del Consejo de Ministros n.º 216/2026).