Gobierno aprueba programa nacional 2026-2030 contra el macroalga invasora Rugulopteryx okamurae

La Orden n.º 11629/2026, firmada el 10 de septiembre por la ministra de Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, aprueba el Programa de Acción Nacional para el Control de la Macroalga Invasora Rugulopteryx okamurae 2026-2030. El diploma fue publicado en el Diário da República, 2.ª serie, n.º 184, del 22 de septiembre de 2026, y entra en vigor al día siguiente de su publicación. El programa establece el marco nacional de medidas de seguimiento, contención, mitigación de impactos y valorización de la biomasa del alga.

El documento concreta la Estrategia Nacional para la Gestión de la Macroalga Invasora Rugulopteryx okamurae, aprobada por la Orden n.º 270-A/2025/1, del 23 de julio, y es resultado de los trabajos de un grupo de trabajo interinstitucional coordinado por la Agencia Portuguesa del Ambiente (APA). La especie fue incluida en la lista de especies exóticas invasoras que suscitan preocupación en la Unión mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1203, del 13 de julio de 2022, y pasó automáticamente a integrar la Lista Nacional de Especies Invasoras al amparo del Decreto-Ley n.º 92/2019, del 10 de julio.

El propio programa reconoce que la erradicación generalizada es prácticamente imposible, dada la capacidad de dispersión y proliferación de la macroalga, y concentra la actuación en dos líneas: prevenir nuevas localizaciones y minimizar los impactos donde la especie ya está instalada. Los primeros registros en el sur de Portugal continental datan de 2021, a lo largo de la franja costera entre Loulé y Vila do Bispo; en 2022 la ocurrencia fue señalada en el Alentejo, en 2023 confirmada junto al área portuaria de Sines y en 2024 detectada frente a Cascais. En las Azores, el alga pasó de una isla, en 2019, a ocho de las nueve islas en 2024.

Seis objetivos y siete ejes de actuación

El Programa de Acción Nacional fija seis objetivos para el horizonte 2026-2030:

• Monitorizar y comprender la dinámica de expansión de la especie en el territorio nacional.
• Garantizar una respuesta operacional rápida, articulada y de bajo impacto ambiental.
• Mitigar los impactos en la biodiversidad y en la socioeconomía, con corresponsabilización de los stakeholders.
• Valorizar la biomasa recolectada con soluciones circulares e innovadoras.
• Reforzar la gobernanza multisectorial e interregional en la gestión de especies exóticas invasoras.
• Promover la alfabetización sobre especies invasoras y mitigar los impactos sociales y económicos a través de la información.

Las medidas están organizadas en siete dominios: preparación previa, monitorización, vigilancia y alerta temprana, respuesta operacional, investigación e innovación, comunicación y alfabetización, y buenas prácticas. Entre las acciones previstas se encuentran la creación de una Base de Datos Nacional Georreferenciada con actualización semanal, una aplicación móvil para el reporte de avistamientos, estaciones de vigilancia en puertos y marinas, sensores submarinos, vigilancia por satélite y vehículos aéreos no tripulados, protocolos de remoción manual y mecánica, barreras de contención y la campaña «Playa Limpia, Mar Saludable».

Impactos en la pesca, el turismo y los ayuntamientos

El programa identifica impactos socioeconómicos relevantes. En el sector pesquero señala la disminución de las capturas, los daños en las artes de pesca y el tiempo dedicado a la limpieza de los aparejos, siendo las redes de enmalle y de tresmalho las que generan capturas no deseadas de la macroalga. En el turismo, la acumulación de algas en las playas reduce la atractividad balnear y la demanda, sobre todo en el periodo estival y en playas urbanas.

Los ayuntamientos costeros enfrentan costes crecientes con la remoción de la biomasa, recurriendo a la remoción mecánica, manual o a equipos de succión, sin una cuantificación conocida de los costes totales. El documento admite que el coste de la inacción es genéricamente muy superior al de las intervenciones necesarias, y prevé el registro de la biomasa removida —fecha, lugar, cantidad, coste y destino— para garantizar la trazabilidad.

Gobernanza, plazos y financiación

La coordinación corresponde a la APA, en colaboración con el Instituto de la Conservación de la Naturaleza y de los Bosques (ICNF). La gobernanza se basa en una comisión de seguimiento con representantes de las áreas de Medio Ambiente, Pesca, Economía y Mar, Defensa y de los gobiernos de Madeira y de las Azores, y en subgrupos de coordinación estratégica, técnico-científica y de valorización de la biomasa, además de grupos operativos con ayuntamientos y comunidades intermunicipales. El programa plantea además la creación de un Observatorio Ibérico de la Rugulopteryx okamurae, con intercambio de datos satelitales y armonización de técnicas de remoción con España.

El cronograma es de cinco años y siguientes, con revisión cada uno o dos años. Las metas incluyen la Base de Datos Nacional y las aplicaciones en el plazo de un año, el manual operativo de remoción en seis meses e informes semestrales de monitorización. La financiación puede movilizar el Presupuesto del Estado, presupuestos municipales, el Fondo Ambiental, la Agencia para la Investigación y la Innovación (AI2), el Portugal 2030, el FEDER, el LIFE, el INTERREG, el PRR, el FEAMPA y el Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo.

La relevancia del diploma es directa para quienes viven del mar y del litoral: pescadores, operadores turísticos, ayuntamientos y bañistas pasan a tener un marco nacional único de respuesta, con plazos, indicadores y responsabilidades definidos hasta 2030.

Fuente: Diário da República, 2.ª série, n.º 184, de 22 de septiembre de 2026, Ambiente e Energia (referencia oficial: Despacho n.º 11629/2026).