Gobierno aprueba el primer régimen legal para metros, tranvías y trenes turísticos

El Gobierno aprobó el Decreto-Ley n.º 215/2026, de 11 de noviembre, que crea el primer régimen legal en Portugal para los sistemas integrados de transporte ferroviario de pasajeros en metro, metro ligero, línea o red ferroviaria aislada, tranvías y trenes ligeros turísticos. El diploma, publicado en el Diário da República, 1.ª serie, n.º 219, de 11 de noviembre de 2026, encomienda el licenciamiento al Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. (IMT, I. P.) y la certificación y supervisión de seguridad a la Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT). El decreto-ley entra en vigor el 12 de noviembre, pero el Reglamento anexo solo surtirá efectos nueve meses después de esa fecha.

El diploma se basa en los artículos 13.º y 30.º de la Ley de Bases del Sistema de Transportes Terrestres, aprobada por la Ley n.º 10/90, de 17 de marzo, y surge en un contexto de inversión continuada en la extensión de las redes de metro y metro ligero, de crecimiento del transporte en tranvías —con tecnologías diferentes coexistiendo en el mismo sistema y una oferta dirigida a residentes y turistas— y de la aparición de servicios ferroviarios en líneas aisladas de la Red Ferroviaria Nacional vinculados al atractivo turístico.

Además de aprobar el Reglamento, el Decreto-Ley n.º 215/2026 modifica el Decreto-Ley n.º 217/2015, de 7 de octubre, el Decreto-Ley n.º 34/2020, de 9 de julio, y el Decreto-Ley n.º 91/2020, de 20 de octubre, y transfiere del IMT, I. P. a la AMT las competencias de seguridad ferroviaria y otros sistemas guiados previstas en el Decreto-Ley n.º 179/2026, de 7 de septiembre, con un período transitorio de 90 días. También da cumplimiento a una recomendación de seguridad del Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).

Licenciamiento a cinco años y seguro obligatorio

Solo personas jurídicas licenciadas por el IMT, I. P. pueden explotar estos sistemas. La licencia se emite por un plazo no superior a cinco años, renovable por períodos suplementarios de cinco años, y la solicitud de renovación debe presentarse con al menos seis meses de antelación. Los requisitos de acceso son:

• Idoneidad de los titulares de los órganos de administración, dirección o gerencia;
• Seguro de responsabilidad civil;
• Capacidad financiera demostrada para 12 meses de obligaciones;
• Capacidad técnica.

El capital asegurado mínimo es de 10 000 000,00 € para metro, metro ligero y línea o red aislada, y de 5 000 000,00 € para tranvías y trenes ligeros turísticos. En los sistemas de metro se exige además un certificado de seguridad emitido por la AMT, válido por un período nunca superior a cinco años, y un informe anual de seguridad a entregar antes del 31 de mayo.

Construcción, personal y fiscalización

La construcción y la entrada en servicio de sistemas, nuevos tramos, estaciones y alteraciones significativas dependen de la autorización de la AMT, que decide en seis meses, con verificación de conformidad por un organismo independiente acreditado por el Instituto Português de Acreditação, I. P. (IPAC, I. P.). El personal con funciones de conducción y regulación debe ser titular de un certificado emitido por la AMT, válido por seis años, renovable mediante solicitud presentada tres meses antes del vencimiento, y sujeto a exámenes médicos y evaluaciones psicológicas cada tres años hasta los 55 años y anuales a partir de esa edad.

La AMT puede realizar auditorías e inspecciones, emitir advertencias, instrucciones vinculantes y contraordenaciones, y aplicar sanciones administrativas de advertencia escrita, suspensión o revocación del certificado, con una duración máxima de dos años. En caso de riesgo grave, puede limitar o suspender inmediatamente la operación.

Plazos de transición

• 18 meses para los operadores de metro, metro ligero y línea o red aislada ya licenciados al amparo de la Instrucción aprobada por deliberación del consejo directivo del IMT, I. P. del 31 de julio de 2014;
• 12 meses para que las entidades con sistemas de tranvía o tren ligero turístico en construcción presenten el informe de seguridad a la AMT;
• 12 meses para que los operadores de tranvías y trenes ligeros turísticos en servicio soliciten la licencia al IMT, I. P.;
• 12 meses para que las entidades formadoras se adecuen, bajo pena de quedar impedidas de ejercer por la AMT.

Contraordenaciones hasta 44 891,81 euros

El incumplimiento de las obligaciones centrales —explotación sin licencia o sin certificado de seguridad, construcción o entrada en servicio sin autorización, utilización de material circulante no autorizado, ejercicio de funciones por trabajadores no certificados— es punible con una multa de 1250,00 € a 3740,00 € para personas físicas y de 10 000,00 € a 44 891,81 € para personas jurídicas. El incumplimiento de los deberes de información es punible con 500 € a 1500 € o 1000 € a 3000 €, según el infractor. La negligencia y la tentativa son punibles y el producto de las multas se reparte en un 30 % para la entidad que instruye el proceso, un 10 % para el Fundo para a Mobilidade e Transportes y un 60 % para el Estado.

Fueron escuchados, entre otros, la Associação Nacional de Municípios Portugueses, la Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, S. A., el Metropolitano de Lisboa, E. P. E., el Metro Transportes do Sul, S. A., la Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S. A. y las Pedras d’El Rei, habiéndose promovido la audiencia de los municipios de Nazaré, Porto y Sintra y del Metro do Porto, S. A. El texto fue aprobado en Consejo de Ministros el 6 de agosto de 2026, promulgado el 28 de octubre por el Presidente de la República, António José Martins Seguro, y refrendado el 29 de octubre por el Primer Ministro, Luís Montenegro.

El nuevo régimen cambia el marco de funcionamiento de los operadores de movilidad urbana y de las autarquías con redes de tranvías, que pasan a tener licencia, certificado de seguridad, seguro con capitales mínimos y plazos estrictos de adaptación, y refuerza los poderes de fiscalización de la AMT, incluyendo los elevadores, funiculares e instalaciones de cable históricas en servicio antes del 1 de enero de 1986. Para los usuarios, esto se traduce en exigencias de seguridad verificadas de forma independiente a lo largo de todo el ciclo de vida de los sistemas.

Fuente: Diário da República, 1.ª série, n.º 219, de 11 de noviembre de 2026, sección I, pág. 1 (referencia oficial: Decreto-Lei n.º 215/2026).