El Govern aprueba un Reglamento de construcción adaptado a la accesibilidad universal

El Govern ha aprobado el Decreto 449/2026, del 4 de noviembre de 2026, que sustituye íntegramente el Reglamento de construcción vigente desde el año 2020. El texto se publica en el Boletín Oficial del Principado de Andorra (BOPA) núm. 128, del 11 de noviembre de 2026, dentro de la sección 03. Govern / Reglaments, y entra en vigor al día siguiente de la publicación, es decir, el 12 de noviembre.

La norma llega a propuesta del ministro de Territorio y Urbanismo y con el informe favorable de la Comisión Técnica de Urbanismo. La ha firmado, por delegación, Conxita Marsol Riart, ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, en la sesión del Gobierno del 4 de noviembre. La disposición derogatoria elimina el Decreto del 13 de mayo de 2020 de aprobación del Reglamento de construcción y todas sus modificaciones posteriores, así como cualquier disposición de rango igual o inferior que se le oponga.

El objetivo declarado es adaptar la normativa de edificación al marco legal aprobado los últimos dos años. La exposición de motivos lo justifica por el impacto de cuatro leyes:

• Ley 6/2025, del 3 de abril, de modificación de la Ley general de ordenación del territorio y urbanismo (LGOTU).
• Ley 14/2025, del 15 de julio, de modificación de la misma LGOTU.
• Ley 24/2025, del 13 de noviembre, de accesibilidad universal.
• Ley 25/2022, del 30 de junio, de economía circular, que identifica la construcción como sector clave para reutilizar residuos como materias primas.

Un texto refundido de 142 artículos

El decreto no es una enmienda puntual sino una refundición completa que integra las siete modificaciones parciales acumuladas desde 2020 —los decretos 181/2021, 300/2021, 407/2021, 29/2022, 486/2022 y 72/2026, además de la corrección de erratas del 30 de septiembre de 2020— y renumera todo el articulado. La estructura resultante es:

• Un título preliminar sobre disposiciones generales y ámbito de aplicación.
• El título I, dedicado a los parámetros de ordenación de la edificación y a los sistemas de alineaciones de calle, edificación aislada y definición volumétrica.
• El título II, sobre régimen de usos y actividades, aparcamientos y estaciones de servicio.
• El título III, con las condiciones de construcción y de habitabilidad en los edificios.
• El título IV, que regula la intervención administrativa: licencias, certificados urbanísticos, urbanización, derribo y licencia de uso.
• Dos disposiciones transitorias, la derogatoria y la final, y seis anexos, entre los cuales los modelos de certificado y declaración jurada de gestión de residuos y el de justificación de accesibilidad.

El RICCH como vía única para la cédula de habitabilidad

Uno de los cambios con efecto más inmediato para promotores y propietarios es la consolidación del Registro informático de cédulas y certificados de habitabilidad (RICCH) como único medio de tramitación, gestión y centralización de las solicitudes. El registro, desarrollado en cumplimiento de la Ley 15/2021, del 17 de junio, de creación del Instituto Nacional de la Vivienda, ya está plenamente operativo.

En materia de accesibilidad, el reglamento incorpora los itinerarios accesibles, las condiciones de los espacios comunes y de las viviendas y los criterios técnicos homogéneos que fija la Ley 24/2025. El anexo VI recoge la justificación del cumplimiento de estos requerimientos, que incluye parámetros como:

• Un mínimo del 3% de plazas de aparcamiento adaptadas sobre el total, con un máximo exigible de 10 plazas.
• Ascensores practicables en edificios con planta baja y tres plantas de acceso a la vivienda o más, y adaptados de 630 kg como mínimo en los de más de cuatro plantas.
• Rampas con pendiente longitudinal máxima del 10% en tramos de menos de 10 metros y del 8% en tramos más largos.

Eficiencia, residuos y protección de los ríos

La sostenibilidad atraviesa todo el texto. En obra nueva, como mínimo el 40% de la producción de agua caliente sanitaria debe provenir de energías renovables, se permite superar la altura máxima hasta 1,5 metros para los elementos generadores y se prohíbe el uso de materiales de amianto. El planeamiento urbanístico debe prever espacios para la recogida selectiva de vidrio, envases, papel y cartón y rechazo.

La gestión de residuos queda ligada al dinero: las garantías depositadas antes de la entrada en vigor se podrán recuperar cuando el solicitante entregue al Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad el certificado de gestión de residuos correspondiente. En materia de riesgos naturales, toda licencia que afecte a terrenos a la orilla de un río o torrente deberá incluir un estudio hidrológico firmado por un técnico competente y los límites oficiales de la ribera, con una franja no construible de cinco metros a cada margen.

Aparcamientos y suelo no urbanizable

El nuevo articulado mantiene y ordena los estándares mínimos de plazas de aparcamiento, que los planes de ordenación parroquial deberán concretar: dos plazas por vivienda de más de 150 m² construidos, una plaza para las viviendas de menos de 90 m², una plaza por cada 80 m² en oficinas y una por cada 60 m² de superficie útil en comercio y restauración. Los aparcamientos de más de 350 plazas, o los que lleguen a esta cifra con los existentes a menos de 15 metros, requerirán un estudio sobre la capacidad de las calles para absorber el tráfico.

En el suelo no urbanizable, la norma desarrolla los requisitos para las instalaciones de uso forestal, agrícola, ganadero y apícola que introduce la Ley 14/2025, con una altura máxima de 10,5 metros al alero y la posibilidad de instalar placas solares en cubiertas y fachadas.

El alcance del cambio es amplio: afecta a cualquier obra en el país, desde la vivienda unifamiliar hasta la promoción plurifamiliar, y obliga a arquitectos, aparejadores, constructores y promotores a trabajar con un articulado renumerado y con nuevos trámites electrónicos. El texto mantiene, eso sí, una vía transitoria heredada de la Ley 5/2025, del 6 de marzo, que permite solicitar licencias de rehabilitación o cambio de uso para destinar edificios enteros al alquiler residencial durante un plazo de 20 meses.

Fuente: Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), núm. 128, 11 de noviembre de 2026, sección 03. Govern / Reglaments, pág. 1 (referencia oficial: Decreto 449/2026).