El Gobierno aprueba el registro estatal único de producción y gestión de residuos

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 764/2026, de 30 de septiembre, por el que se regula el Registro de producción y gestión de residuos, una norma que desarrolla el artículo 63 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. El texto se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 243, de 1 de octubre de 2026, sección I, páginas 128405 a 128417, con la referencia oficial BOE-A-2026-20388. La norma entra en vigor el día siguiente al de su publicación, es decir, el 2 de octubre de 2026.

El Registro es único en todo el territorio nacional y compartido por todas las administraciones públicas competentes en materia de residuos. Su origen está en la Directiva 2008/98/CE, que obligó a los Estados miembros a disponer de un registro de las entidades que recogen o transportan residuos con carácter profesional, negociantes, agentes y otras empresas exentas de autorización, y en la Directiva (UE) 2018/851, que reforzó los mecanismos de trazabilidad mediante registros electrónicos. La transposición se produjo primero con la Ley 22/2011, de 28 de julio, y después con la Ley 7/2022, de 8 de abril.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico inició en 2013, a través de la Comisión de coordinación en materia de residuos, el diseño del Sistema electrónico de Información de Residuos (eSIR) y del propio Registro, con un lenguaje de intercambio denominado «E3L». Según el preámbulo, el Registro ya está operativo y acumula más de 450.000 inscripciones, con datos de contacto, localización, operaciones de tratamiento, códigos LER y capacidades de tratamiento. La norma se aprueba a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros del 29 de septiembre de 2026; el texto fue sancionado por Felipe R. el 30 de septiembre de 2026.

Tres niveles jerárquicos y un identificador por centro

El real decreto consta de nueve artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, dos disposiciones finales y un anexo. Su artículo 5 organiza la información en tres niveles jerarquizados:

• Entidad: cualquier persona física o jurídica interviniente en la cadena de producción y gestión de residuos, identificada inequívocamente por su NIF.
• Centro: unidad técnica o sede social, identificada de forma única por su Número de Identificación Medio Ambiental (NIMA), de diez dígitos, asignado por la comunidad autónoma.
• Inscripción: codificación asociada a un centro, identificada por tipo y número, que corresponde a cada comunicación previa o autorización.

El anexo recoge un listado no exhaustivo de tipos de inscripción, entre ellos los de agente (A01, A02), gestor de tratamiento (E01, E02), centro gestor (G01, G02, G04, G05, G06), negociante (N01, N02), productor (P01 a P05), instalación móvil de tratamiento (PM), transportista (T01, T02) y sistemas de responsabilidad ampliada del productor (SIR y SCR).

Plazos, obligados y régimen potestativo

Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla son las entidades competentes para incorporar al Registro las comunicaciones previas y autorizaciones derivadas de la Ley 7/2022. El plazo de incorporación no podrá superar los quince días desde la inscripción en el registro autonómico correspondiente. La gestión del Registro corresponde a la Subdirección General de Residuos de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La inscripción será potestativa para los productores de residuos no peligrosos que generen 1.000 toneladas anuales o menos y para los poseedores de residuos. Los titulares podrán solicitar a la comunidad autónoma la rectificación de datos inexactos o incompletos, y las bajas por cese de actividad o cambio de actividad deberán comunicarse en el mismo plazo de quince días.

Acceso público y adaptación autonómica

Los órganos competentes de las comunidades autónomas, sus servicios de inspección y vigilancia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad accederán al contenido del Registro a través de eSIR. El público accederá a los datos básicos de carácter público por medios electrónicos, mientras que los datos personales quedarán protegidos conforme a la Ley Orgánica 3/2018 y al Reglamento (UE) 2016/679. El contenido público se determinará mediante orden ministerial.

La disposición transitoria única fija un plazo de doce meses desde la entrada en vigor para que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla adapten la información de sus bases de datos a la estructura y el contenido del Registro. La norma se dicta al amparo del artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española.

El nuevo marco afecta a todo el sector industrial y de gestión de residuos: empresas de recogida y transporte, negociantes, agentes, gestores de tratamiento y sistemas de responsabilidad ampliada del productor deberán operar con inscripciones homogéneas en todo el país. La homogeneización de los datos permitirá a las administraciones validar traslados, vigilar el cumplimiento y consultar en un único sistema quién está autorizado para tratar cada tipo de residuo, con especial atención a los residuos peligrosos.

Fuente: Boletín Oficial del Estado, núm. 243, de 1 de octubre de 2026, sección I. Disposiciones generales, págs. 128405-128417 (referencia oficial: BOE-A-2026-20388).