Concierto social para abrir nueve centros de crisis de violencia sexual

La Vicepresidencia Segunda de la Junta de Castilla y León ha convocado la acción concertada para la prestación del servicio de «Centros de crisis de atención a víctimas de violencias sexuales» en cada una de las provincias de la Comunidad. La convocatoria se formaliza mediante la Resolución de 27 de octubre de 2026, firmada por la vicepresidenta Isabel Blanco Llamas, y se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) núm. 211, de 30 de octubre de 2026, dentro de la sección I.D (Otras Disposiciones), con referencia BOCYL-D-30102026-211-21. El objetivo es articular una red provincial de atención especializada gratuita para mujeres víctimas de violencia sexual, con un importe máximo de 1.629.828 euros para nueve centros.

Marco normativo y antecedentes

La convocatoria se apoya en las bases aprobadas por la Orden FAM/8/2024, de 9 de enero, que regula la acción concertada de este servicio, y en el régimen del concierto social fijado por el Decreto 3/2022, de 17 de febrero. La competencia en materia de mujer e igualdad de oportunidades corresponde a la Vicepresidencia Segunda según el Decreto 2/2026, de 13 de junio, y la propuesta de acuerdo partió de la Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades.

El texto recuerda que los centros de crisis desarrollarán funciones de información, atención psicológica, asesoramiento jurídico y acompañamiento social, además de iniciativas de prevención y sensibilización en ámbitos educativo, sanitario y de servicios sociales, que requerirán autorización previa. Las instalaciones serán puestas a disposición de las entidades adjudicatarias por la Administración de la Comunidad.

Destinatarias, equipo y condiciones del servicio

Podrán acceder al servicio las mujeres mayores de 16 años que vivan, residan o trabajen en Castilla y León y sean víctimas de algún tipo de violencia sexual, presente o pasada, así como sus familiares y personas de su entorno. También las mujeres que, sin residir en la Comunidad, hayan sufrido violencia sexual en su territorio, y las víctimas derivadas de otras comunidades autónomas conforme a los protocolos suscritos.

• Acceso gratuito, voluntario y confidencial, sin obligación de facilitar datos ni de haber denunciado.
• Vías de entrada: presencial, telefónica, telemática y por derivación de cualquier recurso público o privado.
• Equipo mínimo a jornada completa por centro: un titulado en Derecho, un titulado en Psicología y dos titulados en Trabajo Social, Educación Social o equivalente.
• Carácter provincial de los centros e integración en la Red de Atención a las víctimas de violencia de género de Castilla y León.
• Obligación de suscribir una póliza de responsabilidad civil en un plazo máximo de 15 días desde la adjudicación y de acreditar certificado negativo de delitos sexuales del personal.

Financiación, plazos y valoración

El servicio se financiará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad, en la aplicación 09.21.232A01.250.00, y con fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género. El precio máximo se fija en 1.629.828 euros para nueve centros, lo que equivale a 15.091 euros al mes por centro para gastos de personal y gestión, con independencia del número de usuarias. La anualidad de 2026 queda consignada con 0 euros, de modo que el grueso del gasto se ejecutará en ejercicios siguientes.

• Plazo de presentación de solicitudes: 10 días hábiles desde el día siguiente a la publicación, es decir, hasta el 13 de noviembre de 2026, una solicitud por provincia.
• Tramitación electrónica obligatoria a través de la sede https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.
• Duración del concierto: un año desde el 1 de diciembre de 2026, prorrogable por mutuo acuerdo hasta dos años más.
• Valoración sobre 100 puntos: hasta 50 por experiencia en atención a víctimas en los últimos cinco años, hasta 40 por el proyecto técnico (20 de calidad y 20 de innovación), 5 por perspectiva de género y 5 por contratación de personas con discapacidad.
• Resolución en un plazo máximo de tres meses desde el fin del plazo de solicitudes y formalización en 15 días hábiles.

El incumplimiento no culpable de las condiciones podrá sancionarse con una penalidad del 2% de la facturación mensual, según el régimen previsto en el resuelvo vigesimoquinto.

Cierre

La convocatoria traslada a las entidades sociales la gestión de un servicio público especializado que hasta ahora no existía con cobertura provincial en Castilla y León, y lo hace con un modelo de concierto que garantiza financiación estable por centro y supervisión pública mediante comisiones de verificación y seguimiento. Para las víctimas, el texto consolida un acceso que no exige denuncia previa ni identificación, lo que en la práctica reduce barreras para quienes aún no han decidido iniciar un procedimiento judicial o administrativo.

Fuente: Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 211, 30 de octubre de 2026, sección I.D, pág. 117 (referencia oficial: BOCYL-D-30102026-211-21).