Cataluña actualiza 24 leyes para eliminar términos ofensivos sobre discapacidad

La Ley 15/2026, de 6 de noviembre, de actualización de la legislación en relación a los términos empleados para referirse a las personas con discapacidad, sustituye las expresiones obsoletas, imprecisas o peyorativas que aún perviven en la normativa catalana. La norma, promulgada por el presidente Salvador Illa i Roca, se publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 9790, de 9 de noviembre de 2026, con la referencia CVE-DOGC-A-26310019-2026, y entra en vigor al día siguiente de la publicación, el 10 de noviembre.

La ley, impulsada por el Departament de la Presidència, se estructura en 24 capítulos —uno por cada ley que se modifica—, 48 artículos y dos disposiciones finales, y ocupa las páginas 1 a 14 del boletín, dentro de la sección de disposiciones generales. El preámbulo fija el objetivo de que las normas jurídicas den “una imagen objetiva y precisa” de las personas con discapacidad, cosa que implica, según el texto, emplear un lenguaje “respetuoso y riguroso”.

El marco de la reforma es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, aprobada el 13 de diciembre de 2006 y en vigor desde el 3 de mayo de 2008, que respalda el uso del término “persona con discapacidad”. El preámbulo también invoca la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución española —que sustituyó “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”—, el artículo 40.5 del Estatuto de autonomía y el precedente de la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales. Asimismo, recuerda que la Generalitat de Catalunya trabaja en este objetivo desde 2021, cuando se elaboró la Guía de lenguaje inclusivo en el tratamiento de personas con discapacidad.

Nuevos términos para conceptos antiguos

Los cambios terminológicos son el núcleo de la norma y afectan tanto a preámbulos como a articulados:

• Las expresiones “disminuido” y “minusválido” se sustituyen por el término “persona con discapacidad”.
• La “discapacidad psíquica” pasa a denominarse “discapacidad intelectual”.
• La “discapacidad mental” se convierte en “discapacidad psicosocial”, cuyo origen es una disfunción causada por un problema de salud mental.
• Se revisa la expresión “diversidad funcional” para evitar que se emplee como un eufemismo que invisibiliza a las personas con discapacidad.
• Se incorpora el término “pluridiscapacidad” para la concurrencia interrelacionada de dos o más discapacidades, como en los casos de parálisis cerebral.
• Se define el “capacitismo” como “la aversión o la discriminación contra las personas con discapacidad” (artículo 4 de la Ley 19/2020).

Un alcance de 24 leyes sectoriales

La reforma toca normas de prácticamente todos los ámbitos de la administración catalana. Entre las leyes modificadas se encuentran:

• Ley 19/2020, de igualdad de trato y no discriminación, y Ley 17/2015, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Ley 13/2014, de accesibilidad, que incluye el transporte público, la formación del personal de atención al público y la atención educativa a alumnos con discapacidad sensorial.
• Ley 12/2009, de educación, y Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia.
• Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, y Ley 12/2007, de servicios sociales.
• Decreto legislativo 1/2000, por el cual se aprueba el texto único de la Ley del deporte, y Decreto legislativo 1/1997, en materia de función pública.
• Ley 18/2003, de apoyo a las familias, y Ley 27/2002, sobre empresas de inserción sociolaboral.

La disposición final primera establece que todas las normas legales o reglamentarias que se dicten a partir de ahora deberán emplear un lenguaje respetuoso y adecuado en el ámbito de la discapacidad, para erradicar la terminología peyorativa.

Ocupación pública, subvenciones y entidades sociales

Más allá del vocabulario, la ley reordena obligaciones concretas para las administraciones y para las entidades que contraten con ellas o reciban ayudas. El artículo 48, que modifica el artículo 27 del Decreto legislativo 1/1997, fija que la reserva llegue a un máximo del 5% de las plazas de las ofertas de ocupación pública, con la finalidad de que el 2% de la plantilla sea cubierto por personas con discapacidad reconocida.

El artículo 41, que reforma el artículo 92.5 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña (Decreto legislativo 3/2002), obliga a que todas las convocatorias públicas de subvenciones incluyan, entre los requisitos a las empresas, la justificación del cumplimiento de la cuota de reserva para la integración social de las personas con discapacidad. La norma también actualiza la definición de persona en situación de dependencia (artículo 33) y el régimen de ayudas a la vivienda y a la vivienda habitual de las personas con discapacidad (artículos 34 y 35).

La norma afecta directamente a las entidades del tercer sector, las empresas de inserción y cualquier ciudadano que se relacione con la administración: el lenguaje de los textos oficiales pasa a tener consecuencias jurídicas y no solo estilísticas. Con la entrada en vigor al día siguiente de la publicación, los departamentos y los entes locales tienen ya el marco para revisar su normativa y sus formularios.

Fuente: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 9790, 9 de noviembre de 2026, Disposiciones generales, pág. 1-14 (referencia oficial: CVE-DOGC-A-26310019-2026).