Almasri, la Consulta obliga al Tribunal de Ministros a motivar sobre Bartolozzi

La Corte Constitucional, con la sentencia n. 190/2026, depositada en secretaría el 6 de noviembre de 2026 y publicada en la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie especial, n. 45 del 11 de noviembre de 2026, ha resuelto el conflicto de atribuciones entre poderes del Estado promovido por la Cámara de Diputados. Los jueces han establecido que al Colegio para los delitos ministeriales del Tribunal ordinario de Roma no correspondía omitir las razones por las cuales no advirtió una posible responsabilidad de Giusi Bartolozzi, jefa de gabinete del ministro de Justicia, por complicidad en los delitos atribuidos al ministro, y que a la Fiscalía de la República de Roma no correspondía no comunicar dicha determinación a la Cámara. En cambio, correspondió a la Fiscalía investigar y ejercer la acción penal contra la propia Bartolozzi por falsedad en las declaraciones al fiscal sin la autorización previa de la Cámara.

El conflicto se refiere al procedimiento penal instruido contra el ministro de Justicia Carlo Nordio, el ministro del Interior Matteo Piantedosi y el subsecretario de Estado de la Presidencia del Consejo Alfredo Mantovano, por denegación de actos oficiales (art. 328 código pen.), encubrimiento personal (art. 378 código pen.) y, solo para Piantedosi y Mantovano, malversación (art. 314 código pen.), en relación con la liberación y repatriación del ciudadano libio Osama Almasri. El recurso fue notificado el 20 de julio de 2026 y depositado el 28 de julio de 2026, inscrito bajo el n. 3 del registro de conflictos entre poderes del Estado 2026; la admisibilidad fue declarada mediante la ordenanza n. 122 de 2026. La decisión fue tomada en la audiencia pública del 6 de octubre de 2026, con Giovanni Amoroso como presidente y Francesco Viganò y Luca Antonini como jueces ponentes.

Las etapas del caso Almasri

• 18 de enero de 2025: la Cámara Preliminar de la Corte Penal Internacional emite una orden de detención por crímenes de guerra y contra la humanidad y solicita a Italia el arresto provisional.
• 19 de enero de 2025: la Squadra Mobile-DIGOS de Turín ejecuta el arresto.
• 20-21 de enero de 2025: el Procurador General ante la Corte de Apelación de Roma no recibe ninguna solicitud del ministro de justicia y la Corte de Apelación ordena la puesta en libertad; la repatriación se realiza en un vuelo de la Compagnia Aeronautica Italiana (CAI) spa.
• 31 de marzo de 2025: Bartolozzi es escuchada por el Colegio como persona informada sobre los hechos.
• 7 de julio de 2025: la Fiscalía, en el dictamen ex art. 8 de la ley constitucional n. 1 de 1989, plantea su comportamiento como complicidad en los delitos del ministro o como el delito previsto en el art. 371-bis del código penal.
• 5 de agosto de 2025: el Colegio solicita a la Cámara la autorización para proceder; el 7 de agosto de 2025 la Fiscalía inscribe a Bartolozzi en el registro de investigados por falsas informaciones.
• 9 y 16 de octubre de 2025: la Asamblea deniega la autorización por mayoría absoluta y el Colegio dispone el archivo.

El recorrido político del recurso

La iniciativa parlamentaria nace de la solicitud del 13 de octubre de 2025 de los presidentes de grupo Bignami, Molinari, Barelli y Lupi. Sobre la base del informe de la Junta para las autorizaciones del 4 de noviembre de 2025, la Oficina de Presidencia propuso el conflicto el 1 de abril de 2026 y la Asamblea deliberó el 14 de abril de 2026.

Qué cambia para las garantías

La Corte ha vinculado la obligación de transparencia al principio de colaboración leal, extendiendo el significado de «archivo» previsto en el art. 8, párrafo 4, de la ley constitucional n. 1 de 1989: cuando la Fiscalía ha planteado la complicidad de un colaborador cercano del ministro y el Colegio no ha aceptado la tesis, este debe explicitar y comunicar sus razones. El segundo motivo fue, en cambio, rechazado: las garantías del art. 96 de la Constitución se extienden a quien concurre en el delito ministerial, no a los autores de delitos solo funcionalmente conectados, y la Corte ha excluido la remisión de oficio de la cuestión sobre el art. 4, párrafo 2, de la ley n. 219 de 1989, citando las sentencias n. 241 de 2009 y n. 87 y 88 de 2012.

Para los lectores, el punto es doble: el Tribunal de los ministros ya no puede decidir en silencio sobre la posición de los colaboradores del ministro, mientras que quien rinda declaraciones queda expuesto a la acusación de falsas informaciones sin la pantalla de la autorización parlamentaria, como ya ocurrió en el caso de Bartolozzi, destinataria de un decreto de citación a juicio.

Fuente oficial: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie especial – Corte constitucional, n. 45 del 11 de noviembre de 2026, sentencia n. 190/2026 (depositada el 6 de noviembre de 2026).