Zona franca: Unión del Oeste reduce inversión a 12,2 millones

El Poder Ejecutivo redujo los compromisos de inversión de la empresa Unión del Oeste de Costa Rica S.R.L. y fijó en 1.100 trabajadores y US$12.246.716,98 los niveles mínimos que deberá mantener bajo el Régimen de Zonas Francas. La decisión consta en el Acuerdo Ejecutivo N° ACU-RZF-0110-2026-COMEX, publicado en La Gaceta N° 202 del lunes 26 de octubre de 2026 (referencia IN202601134664).

El acuerdo, firmado el 26 de agosto de 2026 en la Presidencia de la República, modifica el Acuerdo Ejecutivo N° 213-2022 del 14 de octubre de 2022, publicado en La Gaceta N° 10 del 20 de enero de 2023 y sus reformas, que concedió a la compañía —cédula jurídica 3-102-218597— los beneficios e incentivos de la Ley de Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210, como empresa de servicios al amparo del inciso c) del artículo 17.

El trámite se originó en la solicitud de disminución del nivel de inversión que la empresa presentó ante la Dirección de Regímenes Especiales de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) mediante documentos de los días 10, 13 y 16 de febrero y 19 y 20 de marzo de 2026. La instancia interna de la Administración de PROCOMER, con base en el informe de la Dirección de Regímenes Especiales número 76-2026, recomendó al Poder Ejecutivo la modificación del acuerdo. El documento lleva la firma de Alexánder Astorga Monge por la presidenta Laura Fernández Delgado y de la ministra de Comercio Exterior a. í., Arianna Arce Camacho.

Los nuevos compromisos de la beneficiaria

La cláusula sexta del acuerdo queda redactada con tres obligaciones concretas:

• Mantener un nivel mínimo de empleo de 1.100 trabajadores a partir del 3 de setiembre de 2025.
• Mantener una inversión de al menos US$12.246.716,98 (doce millones doscientos cuarenta y seis mil setecientos dieciséis dólares con noventa y ocho centavos) a partir de la notificación del Acuerdo Ejecutivo N° 0017-2026.
• Cumplir con el porcentaje de Valor Agregado Nacional (VAN) en los términos del Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas, calculado al final del período fiscal en que inicie operaciones productivas la empresa.

PROCOMER vigilará el cumplimiento de esos niveles conforme a los criterios del Reglamento y esa facultad deberá quedar prevista en el Contrato de Operaciones como obligación a cargo de la beneficiaria. El Poder Ejecutivo podrá revocar el régimen si la empresa no cumple los niveles mínimos comprometidos.

Baja contable de activos, el argumento de la empresa

En su solicitud, Unión del Oeste de Costa Rica S.R.L. explicó que realizó “una revisión integral del portafolio de activos fijos” ante cambios en las condiciones operativas, tecnológicas y económicas que afectaron su capacidad de generar beneficios futuros. Según la compañía, el análisis técnico y financiero determinó que determinados activos habían perdido total o parcialmente su valor recuperable, por lo que se procedió a su baja contable por deterioro, obsolescencia y desuso, debidamente documentada y aprobada por la administración.

El criterio de COMEX sobre las reducciones

El acuerdo se apoya en el criterio que el Ministerio de Comercio Exterior fijó mediante el Oficio DM-911-1 del 26 de septiembre de 2001, según el cual PROCOMER no puede dejar de considerar “factores dinámicos, cambiantes propios del entorno y realidad empresarial”. Ese criterio admite valorar crisis financieras, problemas de comercialización o situaciones de fuerza mayor, y ponderar “el impacto que supone una modificación considerable en los niveles de inversión y empleo frente al cierre definitivo de la empresa”.

En todo lo no modificado expresamente se mantiene lo dispuesto en el Acuerdo Ejecutivo N° 213-2022, y la nueva redacción rige a partir de su notificación.

La modificación preserva la permanencia de la empresa en el régimen en lugar de exponerla a una revocatoria por incumplimiento, pero traslada a PROCOMER la verificación de los nuevos pisos de empleo e inversión. Para los trabajadores y para la zona franca donde opera la compañía, el acuerdo convierte a 1.100 puestos de trabajo y a US$12,2 millones en el umbral mínimo exigible.

Fuente: La Gaceta, N° 202 del 26 de octubre de 2026, sección Acuerdos del Poder Ejecutivo, pág. 6 (referencia oficial: ACU-RZF-0110-2026-COMEX, IN202601134664).