Zamora revisa de oficio la aprobación del PGOU de Toro en el sector de Tagarabuena

La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora ha iniciado el procedimiento de revisión de oficio de su propio acuerdo de 23 de julio de 2026, que concedió la aprobación definitiva a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Toro en el sector UA-A 74 (6-1-4/6-2-1) de Tagarabuena, promovida por «Cortinsa 2000, S.L.». El nuevo acuerdo, de 30 de octubre de 2026, se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) núm. 219, de jueves 12 de noviembre de 2026, dentro de la sección I.D de Otras Disposiciones, con la referencia oficial BOCYL-D-12112026-219-12, y abre un plazo de 10 días de audiencia a los interesados.

El expediente, tramitado bajo el número 123/25 UR-PL-AD, contó en julio con el visto bueno por unanimidad del órgano urbanístico provincial, a propuesta del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora. El acuerdo se notificó a los interesados y el Ayuntamiento de Toro remitió la documentación diligenciada; fue justo antes de su remisión al BOCYL para publicación cuando se detectó el defecto procedimental.

Un trámite esencial omitido

Según el texto publicado, durante la tramitación del expediente “se ha omitido un trámite esencial del procedimiento al no haberse solicitado dictamen al Consejo Consultivo de Castilla y León, como prevé el artículo 4.1 i) 6º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora de dicho órgano consultivo”, por lo que el acuerdo de julio “podría estar viciado de nulidad de pleno derecho”.

El precepto invocado obliga a consultar al Consejo Consultivo en los expedientes autonómicos y locales relativos a la “modificación de los planes urbanísticos cuando tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o de los espacios libres previstos”.

Nulidad de pleno derecho y trámites conservables

El acuerdo de la Comisión invoca el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que declara nulos de pleno derecho los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. La omisión de la consulta preceptiva, subraya, “vicia de nulidad el acuerdo adoptado”.

El mismo texto precisa que el resto de actos y trámites anteriores al acuerdo podrán conservarse, conforme al artículo 51 de la misma ley, “siempre que su contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido esa omisión de solicitud de dictamen preceptivo”.

Diez días de audiencia y publicación oficial

El acuerdo, adoptado por unanimidad, contiene dos mandatos concretos:

• Iniciar el procedimiento de revisión de oficio del acuerdo de 23 de julio de 2026 relativo al expediente 123/25 UR-PL-AD, de aprobación definitiva de la modificación del PGOU de Toro en el sector UA-A-74 (6-1-4/6-2-1) de Tagarabuena.
• Dar audiencia a los interesados durante un plazo de 10 días para que aleguen lo que a su derecho convenga y publicar el acuerdo en el BOCYL para general conocimiento.

El procedimiento se sustenta además en el artículo 106 de la Ley 39/2015, que permite a las administraciones declarar de oficio la nulidad de los actos que hayan puesto fin a la vía administrativa previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, y en el artículo 63 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que atribuye la iniciativa al órgano autor de la actuación nula.

El documento está firmado por la secretaria de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, María Teresa Martín Pozo, y cuenta con el visto bueno del delegado territorial, Fernando Javier Prada Antón.

Impacto sobre el planeamiento y los propietarios

La revisión de oficio deja en suspenso la seguridad jurídica de una modificación ya aprobada y notificada que afecta a la ordenación del suelo en Tagarabuena, un ámbito del municipio zamorano de Toro sujeto a desarrollo urbanístico. Los propietarios de terrenos incluidos en el sector UA-A 74 disponen ahora de diez días para presentar alegaciones, mientras el Ayuntamiento de Toro y la promotora Cortinsa 2000, S.L. quedan pendientes de un Dictamen del Consejo Consultivo que determine el alcance final de la nulidad y si alguna de las actuaciones previas puede conservarse. La tramitación se remonta a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y al Decreto 22/2004, de 29 de enero, que aprueba su Reglamento.

Fuente: Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 219, 12 de noviembre de 2026, sección I.D Otras Disposiciones, págs. 69-70 (referencia oficial: BOCYL-D-12112026-219-12).