Transición Ecológica y Castilla y León firman el convenio de exploración minera

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Junta de Castilla y León han suscrito un convenio para ejecutar en el territorio autonómico las actuaciones del Programa Nacional de Exploración Minera (PNEM) 2026-2030. El acuerdo se firmó el 14 de octubre de 2026 y lo publica el Boletín Oficial del Estado de este martes 27 de octubre, mediante la Resolución de 15 de octubre de 2026 de la Dirección General de Política Energética y Minas (referencia BOE-A-2026-22514).

El convenio tiene naturaleza interadministrativa y responde a una obligación europea: el Reglamento (UE) 2024/1252 sobre materias primas fundamentales impone a los Estados miembros elaborar un programa nacional de exploración (artículos 19 y 27). El PNEM 2026-2030 fue aprobado por el Consejo de Ministros el 10 de marzo de 2026 y su apartado 5.2 prevé articular mecanismos de colaboración con las comunidades autónomas, con especial atención a aquellas en cuyo territorio se sitúen los dominios geológicos prioritarios del programa.

El reparto competencial es el punto de partida: los yacimientos son bienes de dominio público cuya investigación puede asumir el Estado (Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas), mientras que el artículo 71.1.10.º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye a la comunidad el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica en régimen minero. La publicación llega cuatro días después de que el BOE diera a conocer el Real Decreto 845/2026, que fija las normas de aplicación en España de los reglamentos europeos de materias primas fundamentales y de tecnologías de cero emisiones netas.

Cuatro años de vigencia, sin dinero y con comisión paritaria semestral

La cláusula cuarta del convenio es explícita: el acuerdo “no conlleva compromisos económicos” y se enmarca en las competencias ejecutivas de las administraciones firmantes. Sus obligaciones son de coordinación, información y cooperación técnica.

• Vigencia de cuatro años desde la inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación (REOICO), prorrogable por otros cuatro.
• Comisión de Seguimiento con dos representantes del órgano minero autonómico y dos de la Administración General del Estado, presidida por la Subdirección General de Minas.
• Reuniones ordinarias semestrales, con posibilidad de encuentros extraordinarios a petición de cualquiera de las partes.
• Podrá requerir la asistencia del IGME-CSIC, del Grupo HUNOSA, de un medio propio de la Administración o de empresas de investigación geológica y minera.

Firman el texto Joan Groizard Payeras, secretario de Estado de Energía, y María González Corral, consejera de Medio Ambiente y Energía de la Junta. La resolución lleva la firma del director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández.

Qué aporta cada administración

El MITECO, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas, se compromete a informar previamente a la Consejería de cualquier actuación del PNEM en la comunidad, estudiar sus propuestas y solicitar informe autonómico antes de tramitar una zona de reserva a favor del Estado. También financiará las actividades de investigación conforme al anexo I del programa, informará periódicamente de los trabajos de empresas financiados con la Orden TED/352/2026 y compartirá los resultados, con reserva de la información confidencial de los titulares mineros.

La Consejería de Medio Ambiente y Energía, mediante la Dirección General de Energía y Minas, deberá:

• Informar en un plazo máximo de diez días cualquier propuesta de real decreto de declaración de zona de reserva.
• Facilitar cartografía geológica, minera y ambiental y datos territoriales de los sistemas de información de la Junta.
• Identificar las instalaciones de residuos mineros susceptibles de contener materias primas técnicamente valorizables.
• Colaborar en la inspección y vigilancia de los trabajos cuya iniciativa corresponde al Estado.
• Promover la colaboración con entidades locales y comarcas afectadas en las tareas de difusión y transparencia.

Un territorio ya cartografiado y con marco propio

Los antecedentes que el convenio invoca dibujan el alcance real de los trabajos. La Junta ha desarrollado prospecciones de estaño, oro, litio y mineralizaciones en rocas pegmatíticas, análisis geoquímicos en Salamanca, Segovia, León y Zamora, investigaciones por sensor remoto (IBERSAT) y estudios geológico-mineros en Salientes-Cuevas del Sil, Pino de Oro, Prada-Andiñuela, Candín y Peña de Francia.

A ello se suma la Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León 2017-2021, con treinta y tres medidas, y la Ley 6/2014, de Industria de Castilla y León, cuyo artículo 30 permite declarar estos proyectos “industriales prioritarios”, con trato preferente en tramitación, expropiaciones, subvenciones y servidumbres energéticas. El texto cita además la Hoja de Ruta para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales, aprobada en agosto de 2022, y la Comisión Regional de la Minería de Castilla y León.

El impacto del convenio se mide en dos planos. Para los municipios y comarcas mineras, activa una programación estatal de investigación geológica sobre la que después se decidirán —o no— proyectos de extracción, con la transparencia como compromiso expreso pero también con cláusulas de confidencialidad sobre datos empresariales. Para el sector, abre la vía de las ayudas públicas: la convocatoria de 2026 del PNEM, publicada en el BOE el 29 de abril (BOE-B-2026-13517), está dotada con 2.000.000 euros, un millón para investigación geológico-minera y otro para estudios de valorización de residuos de extracción.

Fuente: Boletín Oficial del Estado, núm. 266, 27 de octubre de 2026, Sec. III, pág. 143670 (referencia oficial: BOE-A-2026-22514).