Whaleco, propietario de Temu, lleva ante los tribunales la multa de la Unión Europea sobre servicios digitales

Whaleco Technology Ltd, la solicitante registrada en Dublín en el caso Temu, ha solicitado al Tribunal General de la Unión Europea que anule la decisión de la Comisión Europea del 28 de mayo de 2026 en el Caso DSA.100137 y que cancele las multas impuestas. La acción, interpuesta el 12 de agosto de 2026 y registrada como Caso T-536/26, está publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, serie C, del 3 de noviembre de 2026 bajo la referencia C/2026/5510.

El acto impugnado es el C(2026) 3646 final, adoptado en virtud del Reglamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercado único de servicios digitales, que modificó la Directiva 2000/31/CE. La Comisión determinó que hubo un incumplimiento del Artículo 34 de dicho reglamento —la identificación y evaluación de riesgos sistémicos por parte de plataformas muy grandes— e impuso una multa de 200 millones de EUR. La solicitante tiene su domicilio en Dublín, Irlanda, el idioma del caso es el inglés y está representada por F. González Díaz, A. Müller y J.-F. Keustermans.

En su escrito de demanda, la empresa solicita al Tribunal:

• anular la decisión;
• alternativamente, anular total o parcialmente las multas impuestas en virtud del Artículo 2 de la decisión;
• ordenar que la Comisión Europea sufrague sus propias costas y las de la solicitante.

Una acción paralela fue interpuesta el mismo día por PDD Holdings Inc., de George Town, Islas Caimán, registrada como Caso T-535/26 y publicada en el mismo número del Diario Oficial como C/2026/5509, con los mismos tres abogados y una impugnación basada en siete motivos que refleja en gran medida la acción de Temu.

Acceso al expediente y derechos de defensa

El primer motivo alega que la decisión vulnera los derechos de defensa de la solicitante, su derecho a un proceso equitativo y el principio de buena administración, debido a que la Comisión restringió el acceso al expediente basándose en lo que la solicitud califica como un Artículo 5 ilegal del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1201 de la Comisión, que establece las disposiciones detalladas para los procedimientos en virtud de las normas de servicios digitales. La solicitud sostiene que la Comisión evaluó un expediente incompleto y poco fiable y no revisó las pruebas de terceros de manera objetiva y diligente, y que estos defectos vician la decisión en su totalidad.

Otro motivo procesal cuestiona el estándar de prueba:

• presuntamente, la Comisión invirtió la carga de la prueba;
• se basó en fuentes de terceros anecdóticas y no corroboradas, descritas como metodológica y estadísticamente deficientes hasta el punto de no aportar información útil.

Responsabilidad de la sociedad matriz y la noción de proveedor

El segundo motivo impugna la imputación de responsabilidad a PDD Holdings Inc. en virtud del Artículo 34(1) y (2) del Reglamento (UE) 2022/2065, basándose en que la sociedad holding nunca fue la destinataria de una decisión de designación en virtud del Artículo 33(4), presentado en la solicitud como un requisito previo para hacer cumplir las obligaciones de la plataforma frente a una entidad específica.

El tercer alegato sostiene que la aplicación de la noción de “unidad económica única” para ampliar el concepto de “proveedor” vulnera los principios de responsabilidad personal, legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia. Ambas acciones también impugnan el cálculo del máximo legal tomando como referencia al grupo en lugar del propio operador de la plataforma.

La metodología del Artículo 34 y la sanción

En cuanto al fondo, el solicitante sostiene que la Comisión impuso retroactivamente una metodología de evaluación específica sin base en el Artículo 34, convirtiendo una obligación de diligencia en un requisito basado en resultados y en un deber de supervisión general de facto, contrarios a los Artículos 6 y 8 y al principio de proporcionalidad. Afirma que las deficiencias en la redacción del informe de evaluación de riesgos de 2024 fueron equiparadas erróneamente con una infracción, y se queja de que el informe provisional de evaluación de riesgos de 2025 fue desestimado sin motivación.

El alegato final ataca la sanción en sí misma:

• la multa de 200 millones de EUR es calificada de ilegal y manifiestamente desproporcionada;
• se afirma que la novedad del régimen de servicios digitales justificaba la ausencia de multa o una multa puramente simbólica;
• la infracción fue clasificada erróneamente como “especialmente grave”;
• la cooperación del solicitante no fue debidamente tenida en cuenta, y el efecto disuasorio fue tratado erróneamente como un motivo que requería una sanción.

El resultado determinará cómo sobrevive al control judicial la interpretación de la Comisión sobre los deberes de riesgo sistémico, en un momento en que las normas de servicios digitales se ponen a prueba por primera vez frente a un gran mercado en línea en lugar de una plataforma designada años antes. Para los comerciantes y consumidores en mercados transfronterizos, la sentencia determinará hasta qué punto las sociedades matrices pueden ser consideradas responsables solidarias de los fallos de cumplimiento de una filial.

Fuente: Diario Oficial de la Unión Europea, serie C, n.º C/2026/5510, 3 de noviembre de 2026, p. 1 (referencia oficial: CELEX C/2026/5510).