Corea del Sur establece reglas de manejo de casos para la nueva Agencia de Investigación de Delitos Graves

El 2 de octubre de 2026, el Ministerio del Interior y la Seguridad promulgó la Ordenanza n.º 651, el Reglamento sobre Asuntos de Casos de la Agencia de Investigación de Delitos Graves, publicado en la Gaceta Oficial n.º 21333 (Volumen Especial 2). El reglamento establece cómo la nueva agencia y sus oficinas regionales reciben, investigan y cierran los casos, y entra en vigor el mismo día en que los fiscales pierden sus facultades de investigación directa.

Una nueva arquitectura de justicia penal

La exposición de motivos de la ordenanza cita tres leyes como base: la Ley sobre la Organización y Funcionamiento de la Agencia de Investigación de Delitos Graves (Ley n.º 21491, promulgada el 24 de marzo de 2026, en vigor el 2 de octubre de 2026), la Ley de Procedimiento Penal enmendada (Ley n.º 21857, promulgada el 4 de agosto de 2026, en vigor el 2 de octubre de 2026), y el Reglamento sobre la Cooperación Mutua entre Fiscales y Oficiales de Policía Judicial y Normas Generales de Investigación enmendado (Decreto Presidencial n.º 36704, promulgado el 29 de septiembre de 2026, en vigor el 2 de octubre de 2026). También se hace referencia a la Ley de la Fiscalía (Ley n.º 21490).

El Artículo 1 establece el propósito: regular la recepción, investigación y gestión de casos por parte de la agencia y las agencias regionales, así como los asuntos requeridos según el Artículo 50 de la ley de creación de la agencia. El texto está organizado en 12 partes y 133 artículos, con 226 formularios oficiales adjuntos.

Quién investiga y cómo se reciben los casos

• El Artículo 2 asigna las funciones de oficial de policía judicial según la Ley de Procedimiento Penal al jefe de la agencia y a los investigadores de grado 7 o superior; los investigadores de grado 8 o inferior asisten como auxiliares de policía judicial.
• El Artículo 6 enumera seis motivos para iniciar una investigación previa a la acusación, incluyendo denuncias de ciudadanos, remisiones de otras agencias, notificaciones de presuntos delitos por otros órganos de investigación, informes mediáticos o en línea y pistas anónimas, y solicitudes de los fiscales.
• El Artículo 10 enumera nueve motivos para registrar un caso de investigación completa, incluyendo la detección de un delito, denuncias, acusaciones y autodenuncias, transferencias de otras agencias y remisiones de fiscales militares.

Derechos de los sospechosos y conducción de las investigaciones

El Artículo 12 establece los principios rectores: investigación no privativa de libertad, la investigación voluntaria como regla, y medidas coercitivas solo cuando la ley lo permita y en la medida mínima necesaria, eligiendo el procedimiento y método menos intrusivos. El Artículo 13 exige que los investigadores ubiquen al abogado defensor junto al sospechoso durante el interrogatorio y prohíbe restringir la participación simplemente porque no se esté registrando una declaración formal; las restricciones están permitidas solo ante riesgos concretos de destrucción de pruebas, obstrucción o filtración, y se debe informar al sospechoso y al abogado sobre el derecho a solicitar un cuasi-recurso bajo el Artículo 417 de la Ley de Procedimiento Penal. El Artículo 15 obliga a los investigadores a informar a los sospechosos sobre su derecho a solicitar reparación ante un fiscal antes del interrogatorio y a obtener una confirmación firmada. El Artículo 27 requiere la grabación de video o audio de todo el interrogatorio, y el Artículo 30 permite que los sospechosos y los abogados participantes tomen notas.

Víctimas, protección de datos y divulgación

El Artículo 121 exige que los investigadores eviten la divulgación de la dirección, nombre, edad, ocupación, escuela, apariencia u otros detalles identificativos de la víctima, y que proporcionen a las víctimas la información enumerada en la Ley de Protección de las Víctimas de Delitos. El Artículo 132 regula el acceso y la copia de los expedientes de investigación, permitiendo la denegación o restricción cuando se perjudique la información personal o los secretos comerciales, cuando la divulgación facilite la destrucción de pruebas o la fuga, o por motivos comparables. El Artículo 125 fija periodos de retención de diez años para las decisiones del comité de revisión de investigaciones y de cinco años para sus demás documentos. El Artículo 9 requiere la notificación de una decisión de no imputación en un plazo de siete días, y el Artículo 16 requiere actualizaciones del progreso a los denunciantes dentro de los siete días posteriores al registro, nuevamente después de tres meses, y luego mensualmente.

Calendario y reglas transitorias

Las reglas entran en vigor el 2 de octubre de 2026, excepto las disposiciones sobre grabación de audio —Artículos 27(1) al (3) y (5), 29, 91(3) y 94(3)— que se aplicarán a partir del 5 de agosto de 2027. Una disposición complementaria trata los casos transferidos a la agencia bajo la Ley de la Fiscalía como casos de investigación, y las reglas se aplican a los casos que ya estén bajo investigación o pendientes ante un tribunal.

Para los lectores, la ordenanza es el manual operativo del organismo que ahora maneja los delitos graves: establece quién puede investigar, cómo se trata a los sospechosos y a las víctimas, cuánto tiempo se conservan los registros y cuándo se pueden retener los expedientes, definiendo el alcance práctico de la reforma de la justicia penal que comenzó el mismo día.

Fuente: Gwanbo (Boletín Oficial de la República de Corea), No. 21333, 2 de octubre de 2026, Sección I (Ordenanzas Ministeriales), Volumen Especial 2, p. 2 (referencia oficial: Ordenanza del Ministerio del Interior y Seguridad No. 651).