SNAI aprueba plan de contingencia para reanudar ejes de tratamiento en cárceles del Ecuador

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) aprobó la implementación y ejecución del “Plan de Contingencia e Intervención en el desarrollo de actividades inherentes a los ejes de tratamiento en los centros de privación de libertad a nivel nacional”. La decisión consta en la Resolución Nro. SNAI-SNAI-2026-0106-R, suscrita en Quito el 23 de octubre de 2026 por el director general Mauricio Fernando Mayorga Vallejo, y publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nº 406, del martes 10 de noviembre de 2026.

El plan está dirigido exclusivamente a las personas privadas de libertad que, por eventos de inseguridad o situaciones de crisis penitenciaria, no pudieron participar de manera continua en los ejes de tratamiento y por ello no cuentan con las calificaciones correspondientes en su Plan Individualizado de Cumplimiento de la Pena (PICP). La norma se ampara en las disposiciones transitorias quinta y sexta del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 366, suscrito el 22 de abril de 2026 y vigente desde el 28 de abril de 2026.

El desplome de la participación penitenciaria

El diagnóstico técnico incorporado al plan cuantifica la caída de la actividad tratamental desde 2023. El documento atribuye la afectación a los estados de excepción, la declaratoria de conflicto armado interno y la presencia permanente de Fuerzas Armadas y Policía Nacional dentro y fuera de los centros, que limitaron las actividades por motivos de seguridad.

• Diciembre de 2023: 41,36 % de participación, unos 12.740 privados de libertad, sobre una población de 30.804.
• Diciembre de 2024: 17,74 %, alrededor de 5.937 personas, con 33.463 reclusos.
• Diciembre de 2025: 19,23 %, cerca de 7.096 personas, con 36.907 reclusos.
• Agosto de 2026: 10.798 participantes, sobre una población de 39.453 personas al 4 de septiembre de 2026.

El SNAI sostiene que la ausencia de registros no puede considerarse evidencia de incumplimiento cuando deriva de circunstancias ajenas a la voluntad de la persona privada de libertad, y advierte que la nota mínima de 5 sobre 10 en el PICP es requisito para acceder a beneficios penitenciarios o cambios de régimen.

Tres semanas de actividades y una nota máxima de ocho puntos

La intervención se ejecutará en un período intensivo de tres semanas consecutivas, con un cronograma diario de talleres, lectura y práctica deportiva. Las actividades y su ponderación son las siguientes:

• Eje laboral: trabajo en talleres artesanales o industriales y emprendimientos productivos, 16 horas, hasta 2 puntos.
• Eje educativo: lectura certificada de tres obras de al menos 50 páginas cada una, 12 horas, hasta 2 puntos.
• Eje cultural: talleres de literatura, artes escénicas, música, artes plásticas, producción audiovisual y radio, 14 horas, hasta 1 punto.
• Eje deportivo: práctica deportiva, recreativa o de educación física, 14 horas, hasta 1 punto.
• Eje de vinculación familiar y social: cuatro talleres o dos capacitaciones en género, masculinidades, no discriminación y prevención de la violencia, 4 horas, hasta 2 puntos.

El total previsto alcanza 60 horas y un máximo de 8 puntos sobre 10. El documento justifica ese tope en la menor duración del período extraordinario frente al proceso ordinario de evaluación semestral, y aclara que no constituye sanción ni valoración negativa. La calificación se sumará a las notas de los períodos del 20 %, 40 %, 60 % y 80 %; si la persona no cuenta con calificaciones previas, será la única válida.

Prioridad, plazos y coordinación con la fuerza pública

El plan focaliza a quienes hayan cumplido el 40 % de la pena, para casos de prelibertad, o el 60 %, para cambio de régimen, así como a quienes estén por alcanzar esos porcentajes. La vigencia se extiende desde su expedición hasta el 31 de enero de 2027.

Entre las disposiciones de la resolución constan:

• Obligatoriedad del plan en todos los centros de privación de libertad del país, conforme al cronograma.
• Quince días laborables para implementar, conformar y remitir los expedientes a la Dirección de Beneficios Penitenciarios, Cambios de Régimen, Indultos y Repatriaciones.
• Coordinación de la Subdirección de Protección y Seguridad Penitenciaria con la Policía Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para proveer el contingente necesario.
• Verificación, registro y certificación de actividades a cargo de la Dirección de Medidas Cautelares y Penas Privativas de Libertad.

La resolución deroga íntegramente la Resolución Nro. SNAI-SNAI-2026-0051-R, del 14 de mayo de 2026, que había aprobado un plan de similar denominación y que se publicó en el Registro Oficial Nº 301, del 9 de junio de 2026.

Impacto para la población penitenciaria

Con más de 39.000 personas privadas de libertad y una participación en ejes de tratamiento que ronda el 27 % de esa población según las cifras de agosto de 2026, el plan condiciona directamente el acceso de los reclusos a la prelibertad y al régimen semiabierto, y con ello los tiempos de permanencia en prisión y la vida de sus familias. El propio documento reconoce que la falta de calificaciones bloqueaba administrativamente esos beneficios, por lo que la intervención extraordinaria opera como una vía de regularización para quienes quedaron atrapados por las restricciones de seguridad.

Fuente: Registro Oficial, Tercer Suplemento Nº 406, martes 10 de noviembre de 2026, pág. 10 (referencia oficial: SNAI-SNAI-2026-0106-R).