La SBA elimina la responsabilidad por impacto dispar de sus normas de financiación del Título VI

La Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA) ha eliminado la responsabilidad por impacto dispar y el lenguaje de acción afirmativa de sus regulaciones del Título VI, por lo que los beneficiarios de la financiación de la SBA ya no podrán ser considerados responsables de la discriminación no intencionada. La norma final, Eliminación de Preocupaciones Constitucionales de los Programas de la SBA, fue firmada por la Administradora Kelly Loeffler y publicada en el Registro Federal del 29 de septiembre de 2026, entrando en vigor el mismo día.

La norma modifica la parte 13 CFR part 112, titulada “No discriminación en los Programas de la SBA Asistidos Federalmente—Efectuación del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964”, bajo el RIN 3245–AI72. La SBA afirma que los cambios alinean sus reglas con el texto promulgado por el Congreso en 42 U.S.C. 2000d, el cual la agencia interpreta como una prohibición únicamente de la discriminación intencionada. Esta acción sigue a las revisiones del 10 de diciembre de 2025 del Departamento de Justicia a sus propias regulaciones del Título VI (90 FR 57141) y se ajusta a la Orden Ejecutiva 14281, Restauración de la Igualdad de Oportunidades y la Meritocracia (90 FR 17537, 23 de abril de 2025).

Lo que la norma elimina

• 13 CFR 112.3(b)(3), que autorizaba y, en algunos casos, exigía la acción afirmativa basada en la raza, el color o el origen nacional.
• La tercera frase de 13 CFR 112.4, que cubre las prácticas de empleo de los beneficiarios de fondos federales, además de una corrección técnica a su primera frase.
• 13 CFR 112.7(a), un ejemplo ilustrativo que aplica las reglas a las prácticas de empleo.
• 13 CFR 112.7(d), ejemplos ilustrativos de la acción afirmativa autorizada bajo 112.3(b)(3); los párrafos (b) y (c) se redesignan como (a) y (b).

La SBA declara que el efecto práctico es que sus regulaciones del Título VI “no prohíben conductas o actividades que tengan un impacto dispar”, y que la agencia “no perseguirá la responsabilidad por impacto dispar del Título VI contra sus beneficiarios de fondos federales”.

Razonamiento legal y procedimiento

La SBA cita el caso Alexander v. Sandoval (532 U.S. 275, 2001), que sostuvo que el Título VI prohíbe únicamente la discriminación intencionada, y Loper Bright Enterprises v. Raimondo (2024), que exige que las agencias se mantengan dentro del “único y mejor significado” de un estatuto. También invoca el caso Students for Fair Admissions v. Harvard (2023) y la Cláusula de Protección Igualitaria, argumentando que las disposiciones derogadas fomentaban o coaccionaban el equilibrio racial sin una adaptación precisa. La agencia afirma que cada motivo justifica independientemente la derogación y que las enmiendas son separables.

La norma fue emitida sin previo aviso ni comentarios bajo la excepción de la Ley de Procedimiento Administrativo en 5 U.S.C. 553(a)(2) para asuntos relacionados con propiedad pública, préstamos, subvenciones, beneficios o contratos. La Oficina de Gestión y Presupuesto la consideró una acción regulatoria significativa bajo la Orden Ejecutiva 12866, y el Departamento de Justicia la revisó y aprobó bajo la Orden Ejecutiva 12250. El contacto es Paul Fitzpatrick, Administrador Asociado, Oficina de Desarrollo Emprendedor.

Costos, confianza y cumplimiento

La SBA describe la norma como desregulatoria bajo la Orden Ejecutiva 14192 y afirma que las disposiciones eliminadas “se han citado con extrema infrecuencia”, no se aplican actualmente y no imponen obligaciones de cumplimiento, dejando los costos de cumplimiento anualizados como insignificantes. Añade que la eliminación de la responsabilidad por impacto dispar no impide el uso de datos de disparidad estadística como evidencia de discriminación intencional, y que cualquier interés de confianza es mínimo.

Para los prestamistas de pequeñas empresas, intermediarios de subvenciones y otros beneficiarios de fondos de la SBA, el cambio elimina un estándar de responsabilidad que, según la agencia, impulsaba costosos análisis de impacto y equilibrios conscientes de la raza; la aplicación de los derechos civiles en la SBA ahora depende únicamente de la prueba de discriminación intencional.

Fuente: Federal Register, Vol. 91, No. 187, 29 de septiembre de 2026, Rules and Regulations, p. 61295 (referencia oficial: 2026–19878).