Sanidad concede 994.000 euros a entidades para vigilar medicamentos y fármacos

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de septiembre el Real Decreto 710/2026, de 2 de septiembre, que regula la concesión directa de diversas subvenciones en materia de medicamentos y productos sanitarios durante el ejercicio 2026. La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 218, de 3 de septiembre de 2026, en la sección I de disposiciones generales (pág. 118555), destina un total de 994.000 euros a financiar la actividad de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y de las entidades que colaboran con ella.

El decreto, firmado por el Rey Felipe R. y por la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y la coordinación general de la sanidad. Las ayudas se conceden por el procedimiento excepcional de concesión directa previsto en los artículos 22.2.c) y 28.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al tratarse de actuaciones de especial relevancia prestadas fuera del mercado que no admiten concurrencia competitiva.

Doce entidades beneficiarias

Las subvenciones se reparten entre doce entidades científicas y académicas, la mayoría de las cuales ya fueron beneficiarias en 2025. La Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social se incorpora como nueva perceptora en este ejercicio, con la mayor dotación, 326.000 euros, para la creación y difusión en toda Europa de materiales educativos sobre resistencia a los antimicrobianos.

• Fundación Casa del Corazón (Sociedad Española de Cardiología): 120.000 €, para los Registros Nacionales de Marcapasos y Desfibriladores Implantables.
• Universidad de Murcia: 72.000 €, para el estudio de micoplasmas de rumiantes.
• Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica: 68.000 €, para implantar la normativa EUCAST.
• Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias: 68.000 €, para proyectos de seguridad del paciente «Tolerancia Zero».
• Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene: 68.000 €, para la vigilancia del uso de antimicrobianos.
• Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética: 60.000 €, para el Registro Nacional de Prótesis Mamarias.
• Asociación PORCSA (Grupo Saneamiento Porcino de Lleida): 50.000 €, para el mapa epidemiológico porcino.
• Fundación Pro Farmacéuticos de Atención Primaria de España: 45.000 €, para indicadores de consumo de antibióticos.
• Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria: 40.000 €, para el registro de consumo de antibióticos hospitalario.
• Fundación Piel Sana (Academia Española de Dermatología y Venereología): 66.000 €, para los registros BIOBADADERM y REIDAC.
• Universidad Complutense de Madrid: 11.000 €, para la guía de prescripción de antibióticos veterinarios.

Vigilancia, ensayos y lucha contra la falsificación

Las ayudas sostienen funciones esenciales de la AEMPS: la evaluación y autorización de medicamentos de uso humano y veterinario, la autorización de ensayos clínicos, el seguimiento continuo de la seguridad de los fármacos y la lucha contra los medicamentos y productos sanitarios ilegales y falsificados. En el ámbito de la farmacovigilancia, la norma respalda el Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H), que registra las sospechas de reacciones adversas en la base de datos común FEDRA.

El decreto también financia el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), aprobado en 2014, y la participación española en la segunda Acción Conjunta Europea sobre Resistencia Antimicrobiana (EU-JAMRAI 2), cofinanciada por la Unión Europea con un presupuesto total de 62,5 millones de euros. La resistencia a los antibióticos provoca cada año en Europa unas 33.000 muertes, de ellas unas 4.000 en España.

Plazos y condiciones

Las entidades deberán presentar su solicitud de forma electrónica en la sede del Ministerio de Sanidad en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del decreto, que se produce el día siguiente a su publicación. La resolución de concesión deberá dictarse en un máximo de dos meses. Los gastos subvencionables deberán haberse contraído entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026, y las ayudas se abonarán de una sola vez tras la justificación mediante memoria de actuación y económica con informe de auditor.

La norma refuerza la protección de la salud pública en un momento en que la seguridad de los medicamentos y productos sanitarios, la vigilancia de los implantes y el control de la resistencia a los antibióticos se han convertido en prioridades sanitarias de primer orden. Para los ciudadanos, garantiza la continuidad de los registros de implantes, la detección de reacciones adversas y la supervisión de fármacos, elementos clave para la confianza en el sistema sanitario.

Fuente: Boletín Oficial del Estado, núm. 218, jueves 3 de septiembre de 2026, Sec. I, pág. 118555 (referencia oficial: BOE-A-2026-18512).