Salud fija límites y plazos para comprar cartera de clínicas del sismo

El Ministerio de Salud y Protección Social fijó las condiciones, los límites y los plazos de la compra excepcional de cartera que la ADRES hará a favor de clínicas y hospitales afectados por el sismo del 10 de agosto de 2026. Lo hizo mediante la Resolución 002616 de 2026, del 13 de noviembre, firmada por la ministra Ana María Vesga Gaviria y publicada ese mismo día en el Diario Oficial número 53.689.

El mecanismo se apoya en el artículo 6° del Decreto Legislativo 1415 de 2026, que autorizó a la ADRES a destinar hasta por doce meses los recursos que administra y que hacen unidad de caja a operaciones de compra de cartera, en el marco del estado de emergencia declarado por el Decreto 1261 de 2026 y modificado por el Decreto 1348 de 2026. La resolución desarrolla el artículo 9° de la Ley 1608 de 2013 y el artículo 2.5.2.2.2.10 del Decreto 780 de 2016, que facultan a esa cartera ministerial para definir términos, condiciones, plazos, tasas y garantías.

La compra no extingue la deuda: genera liquidez para las instituciones prestadoras mediante el pago de obligaciones reconocidas y conciliadas, mientras la EPS conserva la obligación de reembolso frente a la ADRES. Quedan excluidas las EPS que, al momento de solicitar la operación, estén en intervención forzosa para liquidar o en liquidación voluntaria.

Quién puede acceder y bajo qué topes

Pueden presentar solicitudes las EPS con cartera a favor de prestadores que acrediten al menos una de estas condiciones:

• Haber sufrido afectaciones en su infraestructura o en su capacidad de prestación de servicios por el sismo del 10 de agosto de 2026.
• Haber atendido a población afectada por el sismo.
• Haber recibido a afiliados internados en una IPS afectada que debieron ser remitidos para garantizar la continuidad de la atención, condición certificada por el representante legal de la EPS.

Los límites financieros son cuatro: el valor máximo por prestador no puede superar el diez por ciento (10%) del monto total dispuesto por el Ministerio; el mínimo por solicitud es de veinte millones de pesos ($20.000.000); el acumulado originado en obligaciones de una misma EPS no puede exceder el 10% del valor anual estimado de los reconocimientos por UPC en el régimen contributivo y el 8% en el subsidiado; y la concentración por EPS tope del 20% del total de recursos de la operación.

La cartera debe estar conciliada, con facturas de al menos sesenta días de antigüedad, sin glosas pendientes, sin compras o financiaciones previas, libre de embargos, cesiones o factoring y no pagada por otras fuentes. Cada EPS puede presentar una sola solicitud por prestador, que debe estar habilitado en el REPS. La norma prohíbe expresamente a las EPS exigir descuentos o condonaciones como condición para radicar.

Verificación, acta de conciliación y giro directo

La ADRES verificará las afectaciones con información de la Dirección de Infraestructura y Dotación del Ministerio, la ficha ERES, las certificaciones de las entidades territoriales y el Registro Único de Damnificados de la UNGRD, contrastado con el FEV-RIPS. El trámite exige acta de conciliación suscrita por los representantes legales de la EPS y del prestador, con relación detallada de facturas y fechas.

Si la cartera elegible supera los recursos disponibles, la ADRES distribuirá de forma proporcional, redistribuirá saldos y priorizará las obligaciones de mayor antigüedad. El Comité Asesor de Compra de Cartera, creado por la Resolución 4524 de 2017, emite la recomendación; luego la ADRES autoriza mediante acto administrativo y gira directamente al prestador. Las solicitudes incompletas se devuelven una sola vez para subsanación y, si no se corrigen, se niegan con recurso de reposición.

Doce meses, IBR menos dos puntos y pagaré

Las EPS tendrán un plazo máximo de doce (12) meses, contados desde el desembolso, para pagar, con posibilidad de tres meses de gracia sobre el capital. La tasa será inferior en dos puntos porcentuales al IBR efectivo anual a doce meses vigente al momento del desembolso y en ningún caso menor a cero. El incumplimiento genera intereses moratorios a la tasa de la DIAN, y la ADRES podrá descontar las cuotas de la compensación y de la Liquidación Mensual de Afiliados, con respaldo de un pagaré y autorización irrevocable de la EPS.

La Superintendencia Nacional de Salud ejerce inspección, vigilancia y control sobre los registros contables de las operaciones, mientras la ADRES hará seguimiento a los recursos desembolsados y a su recuperación. La resolución rige desde su publicación y la destinación de los recursos de unidad de caja queda sujeta al término máximo de doce meses fijado en el decreto legislativo.

El alcance de la medida es doble: destraba la caja de clínicas y hospitales que quedaron con cuentas por cobrar represadas tras el terremoto, pero al mismo tiempo compromete la capacidad futura de pago de las EPS, que asumen una deuda con la ADRES a doce meses y con descuentos automáticos sobre sus giros por UPC. Con topes del 10% por prestador y del 20% por EPS, el Ministerio acota el riesgo fiscal, aunque deja la asignación final sujeta al monto que se determine según la disponibilidad de recursos.

Fuente: Diario Oficial, número 53.689, viernes 13 de noviembre de 2026, sección I, págs. 32-34 (referencia oficial: Resolución 002616 de 2026).