Retención de datos de telecomunicaciones: traducción alemana publicada en el Moniteur belge

El Moniteur belge del 3 de septiembre de 2026 (p. 48087) publica la traducción alemana de extractos de la ley del 20 de julio de 2022 relativa a la recogida y conservación de datos de identificación y metadatos en el sector de las comunicaciones electrónicas y al suministro de estos datos a las autoridades. Este texto, referenciado como C-2026/006228, se publica bajo el auspicio del Servicio Público Federal de Interior y del Servicio Público Federal de Justicia.

La traducción, realizada por el Servicio Central de Traducción Alemana de Malmedy, abarca los artículos 2 a 17, 40, 41 y 45 a 48 de la ley del 20 de julio de 2022, publicada inicialmente en el Moniteur belge del 8 de agosto de 2022. Esta hace que la disposición sea oponible en la región de lengua alemana del país.

Un marco jurídico fruto de una larga saga constitucional

La ley del 20 de julio de 2022 modifica la ley del 13 de junio de 2005 sobre comunicaciones electrónicas, tras varias anulaciones por parte del Tribunal Constitucional (decisiones n° 84/2015 y n° 57/2021) de los regímenes anteriores de conservación generalizada de datos. Establece un régimen de conservación selectiva, basado en criterios objetivos, definiendo precisamente los conceptos de datos de comunicación electrónica, contenidos y metadatos.

El texto garantiza la libertad de uso de la criptografía, previendo al mismo tiempo que esta no puede impedir la identificación del llamante ni la ejecución de una solicitud selectiva de una autoridad competente. Los operadores deben tomar medidas proporcionadas para detectar el fraude y el uso malintencionado de sus redes.

Plazos de conservación graduados

Los operadores están obligados a conservar los datos de tráfico según plazos variables dependiendo de las finalidades:

• 4 meses para los datos necesarios para la detección del fraude o de un uso malintencionado de la red;
• 12 meses para los datos que permitan identificar al autor de una comunicación entrante;
• 12 meses después del fin de la sesión para los datos de identificación (número de registro nacional, alias, datos de contacto, identificadores IMSI, SUPI, SUCI, direcciones IP, IMEI, PEI, direcciones MAC);
• 6 meses para las direcciones MAC cuando se conserven otros datos de identificación.

La conservación selectiva se aplica en los distritos judiciales y zonas policiales que presenten al menos tres infracciones graves por cada 1.000 habitantes al año, con plazos de 6, 9 o 12 meses según la tasa de criminalidad. También están afectadas las zonas de riesgo vital (palacio real, embajadas, edificios de la Unión Europea y de la OTAN, hospitales, Banco Nacional de Bélgica).

Un acceso regulado y trazable

El acceso a los datos conservados está reservado a autoridades enumeradas limitativamente: servicios de inteligencia, autoridades judiciales y administrativas encargadas de la prevención y persecución de la criminalidad grave, autoridades de protección de los intereses vitales, o también el Instituto (regulador de las telecomunicaciones) y las autoridades de protección de datos. Cada operador debe instituir una oficina de coordinación encargada de responder a las solicitudes de las autoridades, cuyos miembros están sujetos al secreto profesional y a una habilitación de seguridad.

Toda consulta de los datos queda registrada en un libro de actas conservado durante diez años, cuya modificación está prohibida y cuyo acceso está reservado al Instituto y a los inspectores de la Autoridad de protección de datos. Los datos deben almacenarse en el territorio de la Unión Europea y transmitirse a Bélgica, para luego ser borrados o anonimizados al vencimiento de los plazos.

Sanciones reforzadas

El incumplimiento de las obligaciones expone a los infractores a multas de 50 a 100 000 euros. La detención o el uso fraudulento de los datos conservados se castiga con una multa de 50 a 50 000 euros y una pena de prisión de seis meses a tres años. La conservación selectiva por zonas geográficas entrará en vigor a más tardar el 1 de enero de 2027.

Esta publicación confirma el alcance nacional de un dispositivo que afecta directamente a todos los operadores de telecomunicaciones y a la vida privada de cada ciudadano: al regular estrictamente los plazos de conservación y el acceso de las autoridades, Bélgica busca conciliar las exigencias de la seguridad nacional y la lucha contra la criminalidad con las garantías impuestas por la jurisprudencia constitucional y europea en materia de protección de datos personales.

Fuente : Moniteur belge del 3 de septiembre de 2026, n° 199, p. 48087 — referencia C-2026/006228.