Nuevo subsidio de habilitación por socavones en Tarapacá llega a 600 UF

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo elevó a 600 Unidades de Fomento el monto máximo del subsidio de habilitación para las familias cuyas viviendas resultaron dañadas por socavones en la Región de Tarapacá, e incorporó el financiamiento de demoliciones y estudios técnicos de estabilización. La medida se formalizó mediante la resolución exenta N° 1.671, firmada el 27 de octubre de 2026 por el ministro Iván Poduje Capdeville, y fue publicada en el Diario Oficial N° 44.595, Sección I, del martes 10 de noviembre de 2026 (CVE 2898111).

Qué cambia en los llamados especiales

La resolución modifica dos normas anteriores que autorizaron los llamados especiales del Fondo Solidario de Elección de Vivienda en la modalidad de Construcción en Sitio Propio para las familias afectadas: las resoluciones exentas N° 509 (V. y U.), de 2022, y N° 1.681 (V. y U.), de 2023. El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Tarapacá había solicitado los cambios mediante el oficio ordinario N° 705, del 1 de octubre de 2026, complementado por correo electrónico del 13 de octubre de 2026.

Los principales ajustes son:

• El subsidio de habilitación podrá alcanzar 600 UF, con posibilidad de redistribuir el monto entre las viviendas del proyecto.
• Se podrán traspasar hasta 100 UF del subsidio de habilitación a obras de construcción cuando el terreno no consuma el total.
• El monto para “Elaboración de Proyectos Técnicos y Contratación de Obras” podrá incrementarse hasta en 22 UF para financiar estudios de riesgo exigidos por el artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
• El Serviu de Tarapacá podrá otorgar anticipos para demolición, limpieza y retiro de escombros de hasta el 100% del contrato respectivo, aun sin calificación definitiva del proyecto.
• El Serviu podrá actuar como Entidad Patrocinante de esas obras y contratarlas de forma independiente del proyecto habitacional definitivo.

Montos base y nuevas tipologías

La modificación de la resolución N° 1.681 incorpora la tipología de Densificación Predial y Pequeño Condominio, además de Construcción en Sitio Propio, y fija los subsidios base:

• Construcción en Sitio Propio: 740 UF.
• Densificación Predial y Pequeño Condominio: 1.050 UF.

A esos montos se aplicará el factor multiplicador de la resolución exenta N° 1.874 (V. y U.), de 2015, según la comuna donde se ubique el proyecto, y se podrán sumar aportes adicionales del Gobierno Regional u otros organismos públicos, debidamente formalizados, durante la calificación del proyecto.

Construcción industrializada y anticipos

La norma autoriza además proyectos con sistemas constructivos industrializados, con anticipos directos al fabricante de hasta el 50% del monto de las partidas de fabricación. Ese anticipo deberá caucionarse con boleta, póliza de garantía de ejecución inmediata o certificado de fianza de una Institución de Garantía Recíproca regida por la ley N° 20.179, clasificada en categoría A en el registro de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La garantía se extiende hasta la finalización de las obras más 60 días adicionales de resguardo.

El texto también permite redistribuir los subsidios base y complementarios en proyectos de Vivienda Industrializada Tipo aprobados conforme a la resolución exenta N° 59 (V. y U.), de 2023, con excepción de los subsidios por discapacidad, movilidad reducida, grupo familiar y traslado o albergue transitorio.

Aplicación a procesos en curso

Las nuevas disposiciones podrán aplicarse a los proyectos y familias ya seleccionadas en virtud de las resoluciones N° 509 y N° 1.681, respecto de actuaciones pendientes de ejecución y efectos aún no producidos, siempre que resulten más favorables para los beneficiarios y no afecten derechos adquiridos. Ambas resoluciones se mantienen vigentes en todo lo no modificado.

El cambio responde a que la ejecución de los proyectos de reconstrucción exige previamente demoler los inmuebles dañados y realizar estudios técnicos y obras de estabilización que no estaban contemplados en los llamados regionales originales. A ello se suma la entrada en vigencia del Plan Regulador Intercomunal Costero de Tarapacá, que incorporó áreas de riesgo y obliga a aplicar el artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, con estudios y medidas de mitigación adicionales. La norma busca así destrabar la reconstrucción definitiva de los damnificados por los socavones, al permitir que el Serviu contrate demoliciones por separado y Adelante los recursos necesarios antes de la calificación de cada proyecto.

Fuente: Diario Oficial de la República de Chile, N° 44.595, 10 de noviembre de 2026, Sección I, pág. 1 (referencia oficial: CVE 2898111).