MOPT ratifica de forma retroactiva el viaje de jerarca marítimo a Nicaragua

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes ratificó de forma retroactiva la autorización de viaje de Marvin Sibaja Vanderlucht a la CXXVI Reunión Ordinaria del Directorio de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), celebrada en Nicaragua el 21 de agosto de 2026, después de que un error administrativo dejara sin emitir el acuerdo correspondiente. La decisión consta en el Acuerdo N.° 0121-MOPT, firmado por el ministro Efraim Zeledón Leiva y publicado en La Gaceta N° 215 del jueves 12 de noviembre de 2026. El documento formaliza una situación que ya había sido autorizada y ejecutada por la vía de los hechos.

El sustento legal de una decisión extemporánea

La medida se fundamenta en el artículo 142 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, que permite efectos retroactivos en actos administrativos cuando producen consecuencias favorables para el administrado y no lesionan derechos de terceros. El acuerdo invoca además:

• Los artículos 1, 5 y 7 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2025, Ley N° 10620 del 28 de noviembre de 2024.
• Los artículos 1 y 7 de la Ley de Capacitación de Personal de la Administración Pública, Ley N° 6362 del 3 de setiembre de 1979.
• El artículo 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República.

El texto reconoce que «por un error administrativo involuntario atribuible a la Administración, no se emitió oportunamente el acuerdo de viaje correspondiente», pese a que la participación del funcionario contó con la autorización institucional respectiva y se ejecutó en atención del interés público comprometido.

Quién viajó, a qué reunión y por qué

Sibaja Vanderlucht, portador de la cédula de identidad N° 603190337, se desempeña como Director General de la División Marítimo Portuaria del MOPT. Fue designado para representar al país y a esa cartera ministerial en la cita del directorio del organismo regional, coordinada por la propia COCATRAM y realizada en territorio nicaragüense.

Según los considerandos, en la agenda de la reunión se encontraban asuntos de interés regional relacionados con:

• La gobernanza de la organización.
• La rotación de la Presidencia Pro Tempore.
• El conocimiento de información técnica y financiera del organismo.

El MOPT calificó de «especial relevancia» la presencia costarricense en esa cita, en el marco de la cooperación técnica existente entre el país y la comisión centroamericana.

Sin gastos para el presupuesto nacional

El artículo 2º del acuerdo hace constar que los gastos de transporte aéreo, hospedaje, alimentación y demás erogaciones asociadas fueron cubiertos con fondos administrados por la COCATRAM. Por esa razón, según el texto, «no se generó erogación alguna con cargo al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes por dichos conceptos».

Durante el período autorizado, el funcionario percibió el cien por ciento (100%) de su salario, conforme al artículo 3º. El artículo 4º fija los efectos retroactivos a partir del 20 de agosto de 2026, fecha en que inició el desplazamiento internacional, y el artículo 5º precisa que el acuerdo rige retroactivamente del 20 al 22 de agosto de 2026. La publicación se ordenó por una sola vez en el Diario Oficial.

Una falla de control interno que queda documentada

Los considerandos eximen expresamente al funcionario: «la omisión material del acuerdo de viaje no es imputable al funcionario participante». La regularización se presenta como «una medida necesaria para garantizar la legalidad, la seguridad jurídica y la adecuada documentación de la actuación administrativa».

El caso deja al descubierto una debilidad en la cadena de control interno del MOPT: un jerarca de primer nivel viajó al exterior y participó en un foro regional sin que existiera, al momento de salir del país, el instrumento jurídico que respaldara el desplazamiento. La corrección se produjo casi tres meses después, mediante un acto administrativo que se publica en el mismo diario oficial donde debió constar desde un inicio.

La relevancia para los lectores es doble: por un lado, muestra cómo el mecanismo de efectos retroactivos del artículo 142 inciso 2) de la Ley N° 6227 se emplea para sanear omisiones propias de la Administración y no solo para beneficiar al administrado; por otro, evidencia que los controles previos sobre permisos y viáticos de altos funcionarios dependen de la diligencia de las unidades administrativas. El acuerdo no detalla cuánto costó el desplazamiento, porque el gasto lo asumió el organismo regional, ni identifica al responsable de la omisión. Tampoco se indica si se abrió algún procedimiento interno para determinar responsabilidades por la falla que obligó a la regularización extemporánea.

Fuente: La Gaceta, N° 215 del 12 de noviembre de 2026, Poder Ejecutivo — Acuerdos, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, págs. 4-5 (referencia oficial: Acuerdo N.° 0121-MOPT, IN202601138394).