Meta solicita al Tribunal General que anule la decisión antimonopolio de la Comisión sobre WhatsApp

Meta Platforms, Inc. ha solicitado al Tribunal General de la Unión Europea la anulación de la decisión de la Comisión Europea del 9 de junio de 2026, que le exige abrir la WhatsApp Business API de forma gratuita y le prohíbe imponer cualquier tarifa. La acción fue interpuesta el 7 de agosto de 2026 y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea del 9 de noviembre de 2026 bajo la referencia C/2026/5627, registrada como el Asunto T-521/26. El demandante se fundamenta en ocho motivos jurídicos contra una decisión adoptada como medidas provisionales en el Asunto AT.41034 – Exclusión de competidores de IA de WhatsApp.

El acto impugnado fue adoptado por la Comisión en virtud del artículo 8(1) del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, sobre la aplicación de las normas de competencia establecidas en los artículos 81 y 82 del Tratado. El procedimiento se refiere a la aplicación del artículo 102 del TFUE y del artículo 54 del Acuerdo EEE a la conducta del demandante, y la Comisión concluyó que dicha conducta era capaz de producir efectos excluyentes en el mercado de asistentes de IA de propósito general en todo el EEE. El demandante es Meta Platforms, Inc., de Menlo Park, California, Estados Unidos, representado por W. Ellison y J. Slade, abogados, y B. Kennelly, Senior Counsel; el idioma del asunto es el inglés.

Qué solicita Meta al tribunal

La acción, interpuesta de conformidad con el artículo 263 del TFUE, establece un conjunto graduado de pretensiones:

• anular la decisión impugnada en su totalidad;
• en subsidio, anular los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la decisión en la medida en que obliguen al acceso gratuito a la WhatsApp Business API, prohíban al demandante cobrar cualquier tarifa e impongan multas coercitivas periódicas por incumplimiento;
• en ulterior subsidio, anular el artículo 5 de la decisión en la medida en que imponga una duración de tres años;
• en cualquier caso, condenar a la Comisión al pago de las costas y gastos del demandante.

Los ocho motivos jurídicos

El demandante sostiene que la decisión incurre en error jurídico, comete numerosos errores de apreciación y no cumple con el deber de motivación establecido en el artículo 296 del TFUE. Los motivos son los siguientes:

• primero, errores manifiestos de derecho y de valoración, incluida la aplicación de un marco analítico incorrecto, en la determinación del mercado relevante y el dominio, con una motivación insuficiente;
• segundo, inexistencia de una infracción prima facie del Artículo 102 TFUE, debido a que el marco jurídico utilizado para evaluar la conducta es jurídicamente incorrecto;
• tercero, subsidiariamente, inexistencia de una infracción prima facie incluso según la propia aplicación del derecho de la decisión, ya que la conducta no se aparta de la competencia basada en los méritos;
• cuarto, errores al determinar que la conducta es capaz de producir efectos excluyentes en el mercado de asistentes de IA de propósito general en todo el EEE;
• quinto, errores al determinar que se cumplían las condiciones para la adopción de medidas provisionales en virtud del Artículo 8 del Reglamento n.º 1/2003;
• sexto, errores manifiestos en la evaluación de la proporcionalidad y motivación insuficiente, siendo las medidas desproporcionadas y fallando en la ponderación de intereses;
• séptimo, subsidiariamente, errores relativos a las justificaciones objetivas del demandante para su conducta;
• octavo, falta de motivación adecuada en virtud del Artículo 296 TFUE para la imposición del acceso gratuito.

Medidas provisionales impugnadas

Dos de los motivos atacan la propia vía procesal: el uso por parte de la Comisión del Artículo 8 del Reglamento n.º 1/2003, que permite a la autoridad imponer medidas provisionales en casos de urgencia, y la proporcionalidad de lo ordenado. El demandante impugna la conclusión de que se cumplieran en absoluto las condiciones para tales medidas, y sostiene por separado que las obligaciones impuestas son desproporcionadas y fallan en la ponderación de intereses. Una tercera línea de ataque cuestiona si el acceso gratuito a la WhatsApp Business API estuvo motivado en absoluto, ya que el octavo motivo se dedica exclusivamente a la presunta ausencia de razones adecuadas para esa obligación específica. La duración de tres años de la decisión es impugnada por derecho propio mediante la solicitud de anulación del Artículo 5.

El caso pone ante el Tribunal General la interoperabilidad de un servicio de mensajería importante y las condiciones de competencia en el mercado de asistentes de IA de propósito general. Para las empresas y desarrolladores que dependen de la WhatsApp Business API, y para los proveedores de asistentes de IA que buscan acceso a canales de mensajería, el litigio determinará si el acceso gratuito y la prohibición de tarifas sobreviven a la revisión judicial, y hasta dónde puede llegar la Comisión al ordenar cambios de conducta antes de completar su investigación sustantiva.

Fuente: Diario Oficial de la Unión Europea, C/2026/5627, 9 de noviembre de 2026, Sección I (referencia oficial: C/2026/5627).