Madrid refuerza la ley del turismo con seguros obligatorios y más sanciones

La Ley 8/2026, de 4 de noviembre, modifica la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid y reordena el régimen de declaración responsable, los seguros obligatorios y las sanciones del sector turístico y hostelero regional. La norma, aprobada por la Asamblea de Madrid y firmada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, se publica en el B.O.C.M. núm. 270 del 10 de noviembre de 2026 (referencia BOCM-20261110-1, págs. 13 a 23). Su entrada en vigor está fijada para tres meses después de la publicación, el 10 de febrero de 2027.

El texto consta de un artículo único con veintisiete apartados, una disposición adicional única, una disposición derogatoria única y una disposición final única. La reforma adapta la normativa autonómica a la Directiva (UE) 2015/2302 sobre viajes combinados y al Reglamento (UE) 2024/1028 sobre datos de alquileres de corta duración, que se desarrolla en el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, por el que se crea el Registro Único de Arrendamientos. Según el preámbulo, la modificación era necesaria para adecuar el régimen sancionador, elevar a rango legal nuevas modalidades de alojamiento y clarificar los derechos y obligaciones de usuarios y empresas.

Declaración responsable e inscripción de oficio en el registro

El nuevo artículo 21 mantiene la declaración responsable como título jurídico suficiente para iniciar la actividad, pero refuerza el control posterior: la dirección general competente podrá comprobar en cualquier momento el contenido de la declaración y de la comunicación de cese. La inexactitud, falsedad u omisión esencial de datos, o la falta de presentación, determinará la imposibilidad de continuar la actividad, la eventual restitución de la situación jurídica previa y la prohibición de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un año.

El artículo 23 establece que el Registro de Empresas y Establecimientos Turísticos, de carácter público, se gestionará por la dirección general de turismo y que la inscripción se practicará de oficio una vez presentada la declaración o comunicación, en línea con la ventanilla única digital de arrendamientos. Además, el artículo 50 amplía las funciones de la Inspección de Turismo para vigilar la publicidad y comercialización en páginas web, plataformas digitales y redes sociales, y para cruzar datos de registros públicos con el fin de detectar actividades no declaradas.

Seguro de responsabilidad civil y nuevas modalidades

El nuevo artículo 12 bis obliga a los prestadores a contar con un seguro de responsabilidad civil profesional o garantía equivalente, y exige a las agencias de viajes organizadoras, minoristas y a las empresas de viajes vinculados constituir una garantía frente a la insolvencia y, en su caso, la repatriación. La cuantía y características se fijarán por vía reglamentaria según el riesgo de cada actividad. La falta de mantenimiento de esos seguros pasa a ser infracción grave.

La ley eleva a rango legal las modalidades de alojamiento del artículo 25:

• Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos y campamentos de turismo.
• Establecimientos de turismo rural y hosterías (hostels), con una única categoría.
• Viviendas de uso turístico, definidas en el nuevo artículo 29 ter.
• Áreas de acogida y pernocta de autocaravanas, cámpers y vehículos similares (artículo 29 quater).

También incorpora la libertad de precios (artículo 13 bis), permite a los titulares negar la admisión o pedir el auxilio de los agentes de la autoridad ante incumplimientos de convivencia (artículo 15 bis) y faculta al Ejecutivo para ampliar por reglamento el ámbito de las empresas de intermediación.

Multas de hasta 300.000 euros y plazos de seis meses

El artículo 61 fija la graduación de las multas:

• Infracciones leves: hasta 3.000 euros.
• Infracciones graves: de 3.001 a 30.000 euros.
• Infracciones muy graves: de 30.001 a 300.000 euros.

Ofertar servicios sin declaración responsable o incumplir la resolución de imposibilidad de ejercicio se tipifican como muy graves. La competencia sancionadora se reparte entre la dirección general de turismo (leves y graves), el titular de la consejería (muy graves hasta 90.000 euros) y el Consejo de Gobierno (más de 90.000 euros o clausura definitiva). El nuevo artículo 22 fija en seis meses el plazo máximo para resolver los procedimientos sancionadores, de dispensas en alojamiento turístico y de declaración de imposibilidad, y el artículo 69 establece la caducidad del expediente sancionador transcurridos seis meses.

La reforma incluye además la modernización de la Red de Oficinas de Turismo con herramientas de inteligencia artificial de carácter complementario a la atención presencial y obliga al Consejo de Gobierno a remitir a la Asamblea de Madrid, en un plazo de tres años, un informe de evaluación sobre la evolución de las viviendas de uso turístico, la oferta ilegal detectada y las actuaciones inspectoras.

La norma llega cuando el debate sobre los pisos turísticos y la vivienda tensionada ocupa la agenda madrileña: el sector deberá revisar contratos, pólizas y canales de comercialización antes de febrero de 2027, y los ayuntamientos y plataformas digitales quedan sujetos a un control inspector más amplio.

Fuente: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M.), núm. 270, 10 de noviembre de 2026, sección I.A) Disposiciones Generales, págs. 13-23 (referencia oficial: BOCM-20261110-1).