Levantan la intervención de Comfaguajira pero exigen instalar el nuevo Consejo Directivo

La Superintendencia del Subsidio Familiar levantó la intervención administrativa total de la Caja de Compensación Familiar de La Guajira (Comfaguajira), medida que solo producirá efectos cuando se instale el nuevo Consejo Directivo de la corporación. La decisión está contenida en la Resolución número 0898 de 2026, firmada el 11 de noviembre de 2026 por la superintendente Edna María Tafur Mejía y publicada en el Diario Oficial número 53.689 del viernes 13 de noviembre de 2026.

El acto cierra el procedimiento iniciado con la Resolución número 0562 del 17 de julio de 2026, corregida por la Resolución número 0564 del 21 de julio de 2026, y pone fin a una intervención que comenzó hace cuatro años. La medida original fue ordenada mediante la Resolución número 0780 del 11 de noviembre de 2022, por 24 meses, tras la toma de posesión del programa EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, y fue prorrogada por otros 24 meses con la Resolución número 0783 del 8 de noviembre de 2024, con vencimiento fijado para el 11 de noviembre de 2026.

La corporación, identificada con NIT 892.115.006-5, administra aportes parafiscales del 4% y funciones de seguridad social en el departamento. Según el acto, la causal de insolvencia fue superada: el programa EPS quedó liquidado y extinguido, el patrimonio ascendió a $209.957,1 millones en septiembre de 2026 y el endeudamiento se redujo al 31,0%.

Un levantamiento atado a la conformación del gobierno corporativo

El artículo segundo dispone que el levantamiento se materializará de pleno derecho, sin acto adicional, en la fecha de instalación del Consejo Directivo, una vez se cumplan en su orden:

• La celebración de la Asamblea General de Afiliados, convocada por el Agente Especial dentro de los diez días hábiles siguientes a la comunicación del acto.
• La firmeza de la elección de los representantes de los empleadores ante el Consejo y del Revisor Fiscal.
• La autorización de la posesión de los representantes de los trabajadores designados por el Ministerio del Trabajo mediante la Resolución número 2527 del 5 de agosto de 2026 (cinco principales y cinco suplentes para el período 2026-2030).
• La instalación del Consejo Directivo, con entrega formal de la gestión por parte del Agente Especial dentro de los 15 días siguientes.

Hasta esa fecha, la intervención conserva todos sus efectos jurídicos y la doctora Paula Marcela Ojeda Ojeda, designada mediante la Resolución número 0802 del 16 de octubre de 2026, sigue ejerciendo las funciones del Consejo Directivo. Una vez materializado el levantamiento, ella misma asumirá como Agente de Vigilancia Especial.

Vigilancia especial por seis meses

El artículo sexto adopta la medida cautelar de vigilancia especial por seis meses, prorrogables por seis más, contados desde la materialización del levantamiento. La medida no afecta la gestión ordinaria de la corporación y busca consolidar los riesgos residuales identificados en una visita especial practicada en Riohacha entre el 26 y el 28 de octubre de 2026.

La resolución fija un límite temporal: ni el término inicial ni la prórroga podrán extenderse más allá del 21 de junio de 2027, cuando pierden vigencia las normas que le sirven de fundamento según la Sentencia C-298 de 2025. El Plan de Mejoramiento de la Vigilancia Especial deberá ser aprobado por el Consejo Directivo dentro de los ocho días hábiles siguientes a su instalación.

Los riesgos que justifican la supervisión reforzada

El expediente identificó deficiencias críticas en la administración posliquidatoria del programa EPS, ejecutada mediante el Contrato de Mandato número 001-2025:

• Entre el 9 y el 25 de septiembre de 2026 salieron de la cuenta Bancoomeva número 32051000000039 un total de $612,5 millones con firma única, sin autorización de la supervisora y sin pagos a acreedores.
• De ese monto, $536,98 millones corresponden a tres transferencias rotuladas “Abono 1, 2 y 3” a favor de R Cuadrados Consultant S.A.S. (NIT 902.010.172-3), equivalentes al 35,69% del recaudo, y $75,5 millones a autopago de honorarios.
• La Gobernación de La Guajira giró $8.933,4 millones mediante la Resolución número 1673 del 23 de septiembre de 2026 a favor de la “EPS Comfaguajira Liquidada”, con titularidad aún no definida.
• Seis de los 22 inmuebles de la corporación registran anotaciones de embargo.
• Las pretensiones judiciales suman $202.760 millones en 88 procesos, con una provisión de $1.461 millones, equivalente a una cobertura del 0,72%.

El acto ordena un esquema de firma conjunta o encargo fiduciario sobre la cuenta del mandato en cinco días hábiles, la regularización de débitos y honorarios, un plan de saneamiento jurídico de los inmuebles embargados en 30 días calendario y traslados de información a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Contraloría. Contra la resolución procede únicamente recurso de reposición ante la Superintendente del Subsidio Familiar, dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación.

Impacto para afiliados y trabajadores

La decisión devuelve la dirección de la caja a sus órganos estatutarios, pero mantiene bajo supervisión estatal los recursos parafiscales que administra en beneficio de los trabajadores afiliados y sus familias en La Guajira. El retorno a la administración ordinaria dependerá de que la Asamblea de Afiliados elija a los empleadores, el Ministerio del Trabajo autorice la posesión de los representantes de los trabajadores y el nuevo Consejo Directivo reciba formalmente la gestión.

Fuente: Diario Oficial, número 53.689 del 13 de noviembre de 2026, Superintendencias, pág. 46 (referencia oficial: Resolución número 0898 de 2026).