Valonia convierte a OTW en el operador interno del transporte público

El Moniteur belge del 28 de septiembre de 2026 publica el decreto valón del 3 de septiembre de 2026 que modifica el decreto del 21 de diciembre de 1989 relativo al servicio de transporte público de personas en la Región valona, bajo la referencia [C − 2026/007016]. El texto, adoptado por el Parlamento valón en sesión plenaria el 2 de septiembre de 2026 y sancionado por el Gobierno valón, establece al OTW (Operador de Transporte de Valonia) como operador interno en el sentido del reglamento europeo n° 1370/2007. Asimismo, regula los regímenes de reducción y gratuidad aplicables a los usuarios de los TEC.

El decreto del 21 de diciembre de 1989, modificado por última vez por el decreto del 18 de diciembre de 2024, regulaba hasta ahora la SRWT y sus sociedades de explotación. La reforma formaliza la sustitución del OTW a la Société Régionale Wallonne du Transport y a las antiguas sociedades de explotación absorbidas con efecto al 1 de enero de 2019: TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut, TEC Liège-Verviers y TEC Namur-Luxembourg. La sede social del OTW permanece establecida en Namur; su capital está compuesto por acciones de categorías A y B, poseyendo cada municipio valón una acción B con voz consultiva.

El texto crea, además, una autoridad organizadora de transporte, servicio de la administración designado por el Gobierno, encargada de asesorarlo, supervisar y controlar la ejecución del contrato de servicio público y de elaborar un informe semestral remitido al Parlamento y hecho público.

El OTW, operador interno dotado de un derecho exclusivo

El Gobierno valón se convierte en la autoridad local competente en el sentido del reglamento europeo n° 1370/2007, y el OTW en el operador interno. En este marco, el Gobierno puede otorgarle un derecho exclusivo cuyo contenido determinará, así como una compensación cuyo modo de cálculo fijará.

Estos dos elementos se contienen en un contrato de servicio público. Al OTW se le confía un plan de transporte a escala del territorio regional, la política comercial y las estructuras tarifarias, la gestión de las infraestructuras de estaciones de autobús, de metro ligero y de tranvía, así como la contratación del personal y la adquisición del material rodante.

Un contrato de servicio público de cinco años

El Gobierno y el OTW suscriben contratos de servicio público con una duración de cinco años. Al vencimiento, el Gobierno puede establecer normas generales provisionales por una duración máxima de diez años, de conformidad con el artículo 4.3 del reglamento europeo n° 1370/2007.

A falta de la firma de un nuevo contrato o de una decisión del Gobierno, el contrato se prorroga automáticamente por un año como máximo, y hasta dos veces. El contrato especifica, en particular, las obligaciones de servicio público, el eventual recurso a la subcontratación, los objetivos de intermodalidad y las modalidades de transmisión de datos entre el OTW y la autoridad organizadora.

Reducciones y gratuidades tarifarias reguladas

El OTW puede aplicar regímenes de reducción y gratuidad, ahora distribuidos por categorías:

• reducción generalizada: personas en situación de precariedad, jóvenes o estudiantes, familias numerosas;
• tarifa preferencial bajo condiciones: grupos de movimientos juveniles, personas mayores;
• gratuidad: niños menores de doce años, veteranos y víctimas de guerra o sus derechohabientes, personas con discapacidad visual o ciegas titulares de la tarjeta nacional de reducción, acompañantes de personas con discapacidad titulares de la tarjeta nacional «acompañante gratuito», trabajadores de los operadores de transporte público regionales y miembros de su núcleo familiar.

El OTW aplica una indexación anual de las tarifas basada en el último índice de precios al consumo publicado por el Servicio Público Federal de Economía.

Multas administrativas y entrada en vigor

El decreto permite al Gobierno tipificar como infracciones administrativas los comportamientos que obstaculicen el servicio de transporte público, con una multa máxima de 500 euros, indexada cada 1 de enero según el índice de salud. El tope es de 175 euros para los menores que hayan cumplido catorce años. Se prevén medidas alternativas, incluyendo la prestación ciudadana y la mediación local.

El texto entra en vigor el día de su publicación en el Moniteur belge, a excepción de los artículos 27 a 48, cuya fecha se fija el 1 de enero de 2028, pudiendo el Gobierno adelantar este plazo.

Para los usuarios de los TEC, el alcance es doble: las categorías que dan derecho a una reducción o a la gratuidad quedan ahora fijadas por decreto y ya no por una simple práctica tarifaria, mientras que la red pasa a un régimen de derecho exclusivo negociado por cinco años con el Gobierno valón. El decreto fue promulgado en Namur el 3 de septiembre de 2026 por el Ministro-Presidente A. Dolimont y el Vicepresidente y Ministro de Territorio, Infraestructuras, Movilidad y Poderes Locales F. Desquesnes.

Fuente: Moniteur belge del 28 de septiembre de 2026, decreto valón del 3 de septiembre de 2026, [C − 2026/007016], p. 52028.