La Suprema Corte invalida cinco artículos de la ley judicial de Hidalgo

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los artículos 180, 182 —fracciones I y V—, 183, 187 y 190 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 125/2024, publicada el 10 de noviembre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (No. 308/2026, Sección Primera, Poder Judicial). El fallo se aprobó en la sesión del 27 de abril de 2026, se certificó el 30 de septiembre y sienta criterio aplicable a los regímenes disciplinarios de los poderes judiciales de las entidades federativas.

La norma impugnada es la Ley Orgánica expedida mediante el Decreto 885, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 9 de mayo de 2024. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entonces presidida por María del Rosario Piedra Ibarra, promovió la demanda el 10 de junio de 2024 contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo estatales; el expediente se admitió el 11 de julio de ese año y el asunto se turnó al Ministro Irving Espinosa Betanzo como ponente tras la integración del Pleno de 2025. La Secretaría General de Acuerdos, a cargo de Daniel Álvarez Toledo, certificó la resolución para su publicación.

Falta de clasificación de las faltas

El artículo 180 enumera en quince fracciones las causas de responsabilidad de las personas servidoras públicas del Poder Judicial hidalguense, pero no distingue cuáles son graves y cuáles no graves. El Pleno concluyó que esa omisión vulnera el principio de supremacía constitucional del artículo 133 y las bases del artículo 109, fracción III, pues la clasificación es exigible tanto para fijar la sanción como para operar los plazos de prescripción del artículo 114.

Según la sentencia, la ausencia de esa distinción permite la arbitrariedad de la autoridad y deja en incertidumbre a los destinatarios, que desconocen la gravedad de la conducta, la sanción aplicable y el órgano que resolverá. Este artículo se invalidó por mayoría de siete votos, con el voto en contra de la Ministra Batres Guadarrama.

Sanciones y procedimientos delegados a acuerdos

Los artículos 183, 187 y 190 remitían la valoración de las faltas, el procedimiento de responsabilidad, sus términos y la prescripción al “Acuerdo en materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial”, al “Acuerdo de Disposiciones en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial” y a los acuerdos generales del Pleno del Consejo de la Judicatura. El Tribunal Pleno determinó que la Constitución exige que esas materias estén en la Constitución local y en la ley, no en regulación infralegal.

Del artículo 182 se invalidaron dos sanciones:

• Apercibimiento privado o público (fracción I), figura ausente del catálogo cerrado del artículo 109 constitucional, que solo admite amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación y sanciones económicas.
• Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones (fracción V), por no fijar parámetros mínimos ni máximos de duración, lo que vulnera la garantía de exacta aplicación de la ley y podría derivar en penas desproporcionadas.

Por extensión se invalidó la fracción XXVIII del artículo 124, en la porción que remitía a los reglamentos y acuerdos del Consejo en materia disciplinaria.

Votación dividida y voto concurrente

La resolución se aprobó por unanimidad de ocho votos respecto de los artículos 182, fracción I; 183, 187 y 190, y por extensión del 124. El artículo 180 se invalidó por mayoría de siete y la fracción V del artículo 182 por mayoría de seis, con los votos en contra de las Ministras Batres Guadarrama y Guerrero García.

La Ministra Sara Irene Herrerías Guerra anunció voto concurrente: compartió la invalidez, pero sostuvo que también procedía por contravención al artículo 14 constitucional, al no estar las infracciones y sanciones plasmadas en ley en sentido formal y material. Las Ministras Loretta Ortiz Ahlf y el Presidente Hugo Aguilar Ortiz no asistieron a la sesión del 21 de abril de 2026.

Efectos del fallo

Las declaratorias de invalidez surtirán efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Hidalgo, que deberá adecuar el régimen disciplinario local. La sentencia ordena su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el Periódico Oficial de la entidad y el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

El fallo afecta directamente a magistrados, jueces y personal del Poder Judicial de Hidalgo, que hasta ahora podían ser sancionados con base en acuerdos administrativos y sin saber si su falta era grave. Además, fija un parámetro para el resto de los poderes judiciales estatales: la clasificación de faltas y los procedimientos sancionadores deben estar en la ley, no en instrumentos internos del Consejo de la Judicatura.

Fuente: Diario Oficial de la Federación, No. 308/2026, 10 de noviembre de 2026, Sección Primera (Poder Judicial), págs. 51-76 (referencia oficial: Acción de Inconstitucionalidad 125/2024).