La póliza indemniza ahora los accidentes de trabajo graves y severos

Un real decreto del 11 de octubre de 2026 que modifica el PJPol relativo a los accidentes de trabajo graves y severos ha sido publicado en el Moniteur belge del 28 de octubre de 2026, página 57870, bajo la referencia C − 2026/006764. El texto organiza la indemnización de ciertos gastos incurridos por las víctimas de accidentes de trabajo reconocidos como «graves y severos» e instituye una comisión de reconocimiento. Está firmado por el Rey Philippe y refrendado por el ministro del Interior B. Quintin y la ministra de Justicia A. Verlinden.

El dispositivo implementa el punto 11 del acuerdo sectorial —volet cualitativo (2022)— y modifica el real decreto del 30 de marzo de 2001 relativo a la posición jurídica del personal de los servicios de policía. Ha atravesado un largo recorrido de dictámenes y acuerdos:

• dictamen del Inspector de Finanzas del 24 de enero de 2024;
• acuerdo de la Secretaria de Estado de Presupuesto del 22 de mayo de 2024 y de la Ministra de la Función Pública del 28 de mayo de 2024;
• dictamen del Consejo de Alcaldes del 12 de junio de 2024;
• protocolo de negociación n° 593/11 del comité de negociación para los servicios de policía, concluido el 23 de octubre de 2024;
• dictamen DA260016 del Órgano de Control de la Información Policial del 15 de junio de 2026;
• dictamen 79.833/2/V del Consejo de Estado del 2 de septiembre de 2026.

Una definición basada en las «consecuencias financieras importantes»

El artículo 1 complementa el artículo I.I.1 del PJPol con una definición: es un «accidente de trabajo grave y severo» aquel accidente de trabajo «que tiene consecuencias financieras importantes». La calificación concreta se remite a la comisión instituida por el nuevo artículo X.III.6quater.

El Consejo de Estado ha señalado que el decreto no define realmente la noción y que el informe al Rey se limita a parafrasear el dispositivo. Ha abogado por que se incluyan criterios explícitos y ejemplos de situaciones cubiertas, a fin de prevenir cualquier riesgo de discriminación entre los beneficiarios y asegurar la seguridad jurídica. El informe al Rey precisa, asimismo, que esta noción se distingue del «accidente de trabajo grave» del Codex sobre el bienestar en el trabajo.

Cuatro categorías de gastos cubiertos

La víctima reconocida tiene derecho a la indemnización de los siguientes gastos, a condición de que no puedan ser reembolsados en un plazo razonable sobre otra base legal o reglamentaria, o por la parte que exceda dicho reembolso:

• gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, paramédicos y hospitalarios;
• gastos de aparatos de prótesis y de ortopedia médicamente reconocidos como necesarios;
• gastos de mantenimiento y sustitución de dichos aparatos;
• gastos de desplazamiento y pernoctación de la víctima, de sus hijos, de sus padres y de la persona con la que convive en pareja.

Los gastos de adaptación del vehículo y de acondicionamiento de la vivienda derivados del accidente se asimilan a los gastos de prótesis. El reembolso se realiza hasta el coste real, siempre que sea razonable y que los gastos sean necesarios. La carga recae sobre el servicio competente de la policía federal o sobre la autoridad para los miembros de la policía local; el Estado o la zona de policía se subroga en los derechos de la víctima hasta el importe de las sumas pagadas.

Una comisión tripartita y un procedimiento contradictorio

La comisión para el reconocimiento de los accidentes de trabajo graves y severos se compone de tres miembros:

• un miembro de la policía federal, designado por el comisario general, quien preside;
• un miembro de la policía local, designado por la comisión permanente de la policía local, asesor;
• un médico del servicio médico, designado por el jefe de dicho servicio, asesor.

Al menos uno de los dos primeros miembros debe pertenecer al cuadro operativo y acreditar cinco años de experiencia en el terreno. Un miembro no puede formar parte de la misma dirección general o del mismo cuerpo que la víctima, y el médico no puede haber intervenido previamente en el expediente. El mandato es de dos años, renovable, disponiendo cada miembro de un suplente; la comisión solo sesionará válidamente si ambos sexos están representados y si todos los miembros están presentes o representados, y decidirá por mayoría simple. Se designará un secretario entre los miembros de la policía federal.

La solicitud de indemnización se enviará mediante carta certificada o contra acuse de recibo al servicio mencionado en el artículo X.III.7, adjuntando cualquier documento útil, y se transmitirá sin demora a la comisión. Esta podrá citar a la víctima a comparecer, la cual podrá hacerse asistir o representar. Si, tras dos citaciones sucesivas —la segunda por correo certificado—, la víctima no se presenta sin motivo válido, la comisión decidirá basándose en los documentos. En caso de denegación del reconocimiento, la víctima tiene derecho a ser escuchada, tras lo cual la comisión tomará una nueva decisión: el informe al Rey califica este mecanismo como recurso graciable.

Datos personales, honorarios y entrada en vigor

El nuevo artículo XV.I.2 regula el tratamiento de los datos: identidad de la víctima y de cualquier persona que acredite un interés, decisión de reconocimiento, documentos que establezcan las consecuencias financieras. El responsable del tratamiento es el director de la dirección de personal de la policía federal; los datos se borrarán diez años después del fallecimiento de la persona interesada, plazo que se prorrogará hasta que haya una decisión firme en caso de acción judicial.

El artículo 3 completa además la lista de gastos de procedimiento administrativo del artículo X.III.36: envíos certificados, redacción y expedición de informes médicos, impresión de los formularios de declaración de accidente y honorarios del médico que asiste a la víctima. Estos honorarios son pagados directamente al médico por la autoridad de la que depende el servicio interesado, siempre que el miembro del personal lo haya notificado previamente.

El decreto entra en vigor el día de su publicación en el Moniteur belge, es decir, el 28 de octubre de 2026, y se aplica únicamente a los gastos incurridos después de esa fecha. Concretamente, todos los miembros del personal de la policía integrada —federal y local— pueden ahora solicitar un reconocimiento, incluso, como precisa el informe al Rey, por un accidente ocurrido antes de la entrada en vigor cuando se hayan incurrido en gastos después de la misma.