La Ley 4/2026 amplía derechos de discapacidad y refuerza la accesibilidad universal

El Boletín Oficial del Estado publica este sábado 3 de octubre de 2026 la Ley 4/2026, de 1 de octubre, por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la Ley 39/2006, de dependencia. La norma, sancionada por el rey Felipe VI y refrendada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, extiende y refuerza los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española. Entrará en vigor a los veinte días de su publicación, el 23 de octubre de 2026.

La ley responde a la reforma del artículo 49 de la Constitución, de 15 de febrero de 2024, y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por España el 3 de diciembre de 2007. Se estructura en un preámbulo, dos artículos, veinticinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria y veintiocho disposiciones finales, y se dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución. El artículo primero reforma el Real Decreto Legislativo 1/2013 y el segundo, la Ley 39/2006.

La accesibilidad universal, nuevo derecho exigible

La norma consagra la accesibilidad universal como derecho y crea el Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, gestionado por el Ministerio titular de las competencias en derechos de las personas con discapacidad. Sus recursos serán:

• Una aportación anual fijada en los Presupuestos Generales del Estado.
• Las multas impuestas por las sanciones del capítulo II del título III de la ley.
• Cantidades procedentes de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

El catálogo de servicios del sistema de dependencia incorpora dos prestaciones nuevas: el servicio de cuidados y apoyos en viviendas y el de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal. La teleasistencia se reconoce como derecho subjetivo para todas las personas en situación de dependencia, con atención especial a zonas rurales y videointerpretación en lengua de signos. Además, los proyectos de viviendas protegidas deberán reservar un mínimo del 4 % a viviendas accesibles, y las infraestructuras de transporte contarán con baños adaptados para personas con ostomía.

Protección reforzada para mujeres, niñas y niños

El nuevo artículo 7 ter declara a las mujeres, niñas y niños con discapacidad titulares plenos de todos los derechos humanos, con garantías reforzadas y un enfoque doble de inclusión y género. Entre las medidas figuran:

• Acceso prioritario a la asistencia personal para las mujeres con discapacidad víctimas de violencia, para evitar la institucionalización forzada.
• Plena accesibilidad de los servicios de atención a la violencia de género en todas sus fases.
• Coordinación entre los sistemas de dependencia y de protección de las víctimas.
• Prevención y detección en entornos institucionalizados.

La ley tipifica como infracción la exposición pública de una persona por su discapacidad para suscitar burla o mofa, y ordena al Gobierno remitir en doce meses un proyecto de ley de reconocimiento, reparación e indemnización a las víctimas de esterilización forzada o no consentida.

Dependencia: menos sujeciones y más vida independiente

El texto prohíbe el internamiento involuntario por razón de discapacidad salvo en casos de urgencia vital y obliga a las entidades prestadoras a implantar planes de sujeciones cero. También asimila los grados de dependencia y discapacidad: el grado I equivale al 33 % de discapacidad y los grados II y III, al 65 %. El Gobierno deberá aprobar un nuevo baremo de valoración en el plazo de un año, y las comunidades autónomas tendrán que garantizar la compatibilidad de todas las prestaciones de base domiciliaria antes del 1 de enero de 2030. Los procedimientos sancionadores en materia de igualdad de oportunidades se resolverán en el plazo máximo de un año.

Inteligencia artificial, empleo y otras reformas

Las personas con discapacidad tendrán derecho a beneficiarse de los sistemas de inteligencia artificial y a protegerse frente a los efectos discriminatorios derivados de la falta de transparencia, los sesgos o la ausencia de supervisión humana. Los centros especiales de empleo pasan a denominarse empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad (EIDIS), con una plantilla mínima del 70 % de trabajadores con discapacidad. La ley prohíbe además la discriminación por discapacidad en los seguros de vida y salud, obliga a garantizar la accesibilidad universal al patrimonio cultural y crea el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva y el Sistema de Información Estatal de Discapacidad.

La reforma afecta a todas las administraciones y a las empresas obligadas a garantizar la accesibilidad, y sitúa la voluntad y los proyectos de vida de las personas con discapacidad en el centro de las políticas públicas.

Fuente: Boletín Oficial del Estado, núm. 246, 3 de octubre de 2026, Sec. I. Disposiciones generales, pág. 128971 (referencia oficial: BOE-A-2026-20528).