La Junta autoriza el parque eólico Cuesta del Rey en Burgos

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, ha otorgado la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública, en concreto, del parque eólico «Cuesta del Rey» y sus instalaciones eléctricas asociadas. La resolución, firmada el 29 de septiembre de 2026 por la jefa del Servicio Territorial, María Dolores Velasco Lajo, se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León número 202, de 19 de octubre de 2026, dentro de la sección I.D de otras disposiciones, con la referencia BOCYL-D-19102026-202-22. El proyecto lo promueve la mercantil Alerión Spain, S.L. (CIF B-67364885) bajo el expediente PE/BU/001/2023.

Un parque de 9,6 megavatios y dos aerogeneradores

La instalación autorizada se ubica en los términos municipales de Las Quintanillas, Tardajos, Alfoz de Quintanadueñas y Burgos, y sus características principales son las siguientes:

Dos aerogeneradores Goldwind GW136/4,8 MW o similar, de 136 metros de diámetro de rotor y 82 metros de altura de buje.
Potencia unitaria de 4,8 MW y potencia instalada total de 9,6 MW.
Centro de seccionamiento para la conexión del parque con la red subterránea de 30 kV.
Red subterránea de 30 kV de recogida de energía hasta la nueva subestación «P.E. Cuesta del Rey» 30/45 kV.
Subestación elevadora con transformador de potencia de 10/12 MVA 45/30 kV y transformador de servicios auxiliares de 100 kVA.
Red subterránea a 45 kV hasta la subestación de maniobra, propiedad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., y derivación entrada-salida a la línea 11 Burgos-Villimar I entre los apoyos 13873 y 13874.

Cuatro años de tramitación y una decena de alegaciones

La solicitud se presentó el 9 de febrero de 2023 y acumuló hasta cinco modificaciones del proyecto. El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos emitió informes de viabilidad ambiental favorables en 2023 y 2024, y la entonces Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio formuló el informe de determinación de afección ambiental favorable mediante la Orden MAV/1473/2024, de 5 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León número 243, de 17 de diciembre de 2024.

El trámite de información pública se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León de 24 de febrero de 2026, en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos de 2 de marzo de 2026 y en el diario Diario de Burgos de 24 de febrero de 2026, además de los tablones de anuncios municipales. Durante el proceso se presentaron alegaciones de Félix Nebreda de la Iglesia, Elena de la Iglesia, Dámaso José Esteban de la Iglesia, Eleuterio Puente de la Iglesia, Julio Jesús Santillana Juez —en representación de María Teresa Juez de Velasco—, Laura Calleja Álvarez, Paula Sancha Lara, la Asociación Cultural La Fuentona y el Ayuntamiento de Las Quintanillas, centradas en la evaluación ambiental, la afección a especies protegidas y hábitats de interés comunitario, los efectos acumulativos y el trazado de la línea de evacuación. La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental respondió el 8 de junio de 2026 ratificando la tramitación ambiental.

Menos altura para proteger Deobrígula y el Camino de Santiago

El condicionado más relevante llegó por vía patrimonial. El 22 de septiembre de 2026, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos, en el expediente OT-248/2026-1099, autorizó el proyecto tras aceptar el promotor una reducción de las máquinas: la altura de buje baja de 115 a 82 metros, el diámetro del rotor de 170 a 136 metros y la altura total de 200 a 150 metros. El órgano consideró que esa rebaja disminuye de forma significativa la incidencia visual sobre la Zona Arqueológica de Deobrígula y el Camino de Santiago.

Los informes sectoriales no plantearon oposición, aunque fijaron condiciones: la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras y el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital por el cruce con la carretera SC-BU-26; la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, que autorizó los cruces con la BU-30 y la BU-622 (expediente BUR-AUT-25-289); Enagás Transporte, S.A.U., que obligó a modificar el cruce con el gasoducto «Haro-Burgos-Madrid» por la posición de válvulas B-05 Quintanadueñas; ADIF, por el cruce bajo la línea Burgos-Ramal Villalonquéjar; y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en materia de servidumbres aeronáuticas.

Expropiación urgente y recurso de alzada

La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación o adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, conforme al artículo 56 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. La resolución incorpora un anexo con la relación de bienes y derechos afectados, con titulares, datos catastrales y superficies de pleno dominio, servidumbre y ocupación temporal. Contra la resolución, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León.

La autorización desbloquea un proyecto que llevaba más de tres años y medio en tramitación y abre la vía a la ocupación efectiva de fincas en cuatro municipios del alfoz burgalés, con el consiguiente impacto para los propietarios afectados y para el despliegue renovable de la provincia.

Fuente: Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 202, 19 de octubre de 2026, sección I.D (Otras Disposiciones), pág. 97 (referencia oficial: BOCYL-D-19102026-202-22).