La Diputación mantendrá la videovigilancia de cuatro municipios de Guadalajara

La Diputación Provincial de Guadalajara asumirá el mantenimiento de los puntos de videovigilancia instalados en Aldeanueva de Guadalajara, Alhóndiga, Barriopedro y Canredondo. Los cuatro convenios de encomienda de gestión se publican de forma conjunta en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara nº 184, de 28 de septiembre de 2026, y la propia publicación supone su entrada en vigor. La medida traslada a la institución provincial el sostenimiento técnico de unas cámaras que hasta ahora dependían de ayuntamientos sin medios propios para mantenerlas.

Cuatro convenios y sus fechas

Los acuerdos se suscribieron en fechas distintas y siguieron el mismo recorrido: aprobación por el pleno municipal, aceptación por el pleno de la Diputación y formalización posterior.

• Aldeanueva de Guadalajara: pleno municipal de 17/12/2025, pleno de la Diputación de 20/02/2026 y formalización el 11/09/2026.
• Alhóndiga: pleno municipal de 25/11/2025, pleno de la Diputación de 20/03/2026 y formalización el 22/09/2026.
• Barriopedro: pleno municipal de 30/10/2025, pleno de la Diputación de 20/03/2026 y formalización el 22/09/2026.
• Canredondo: pleno municipal de 01/05/2026, pleno de la Diputación de 17/07/2026 y formalización el 22/09/2026.

El anuncio se ampara en el artículo 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y publica el contenido coincidente de los convenios como anexo. Por motivos de seguridad, el boletín no identifica ni ubica los puntos de videovigilancia incluidos en cada acuerdo.

Qué asume la Diputación y qué los ayuntamientos

El reparto de obligaciones queda fijado en las cláusulas segunda y tercera del convenio tipo. La Diputación Provincial de Guadalajara se encarga de:

• Suministrar todas las licencias de software necesarias para el funcionamiento y la gestión del punto de videovigilancia.
• Suministrar el sistema de comunicaciones mediante 4G/5G para la transmisión de las imágenes y su almacenamiento en la nube.
• Suministrar y mantener, de forma correctiva y preventiva, todos los elementos hardware del punto, incluida la sustitución de los equipos que no funcionan correctamente.
• Tramitar ante la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha las solicitudes de renovación de las autorizaciones fijas de videocámaras.

Los ayuntamientos, por su parte, asumen el báculo y el suministro eléctrico del punto, y autorizan a la Diputación a tramitar esas renovaciones y a utilizar el soporte para instalar cualquier otro elemento necesario para los fines de la institución provincial.

Vigencia, control y antecedentes

El convenio tiene una duración de cuatro años, prorrogable por acuerdo unánime de las partes hasta cuatro años adicionales. Se extingue por expiración del plazo, mutuo acuerdo, denuncia escrita de cualquiera de las partes, revocación del ayuntamiento o renuncia de la Diputación ante incumplimientos, previa audiencia. El seguimiento corresponde a una comisión formada por dos representantes de cada parte y presidida por un representante de la Diputación.

El texto invoca el artículo 11 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que permite encomendar actividades materiales o técnicas entre administraciones, y el artículo 36.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que atribuye a la Diputación la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios. Los convenios se enmarcan en el Plan de Videovigilancia y Seguridad de la Diputación Provincial de Guadalajara, en marcha desde hace más de dos años, para el que ya se adjudicó un acuerdo marco de mantenimiento. La fórmula se estrenó con El Cubillo de Uceda, publicado en el BOP nº 166, de 31 de agosto de 2026. El documento está firmado en Guadalajara el 25 de septiembre de 2026 por el presidente, José Luis Vega Pérez, y lleva el código de verificación 26b9d123db14c4549514c210a2ccd985c2e660a9.

El anuncio precisa que la publicación en el BOP supone la entrada en vigor de los convenios, mientras la cláusula séptima la sitúa al día siguiente de su publicación.

La decisión alivia la carga económica y técnica de cuatro ayuntamientos pequeños que no pueden sostener por sí solos sus cámaras, y extiende la red provincial de videovigilancia a los accesos rodados de estos municipios. Para los vecinos, el efecto práctico es la continuidad del servicio y la renovación de las autorizaciones ante la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, sin coste de mantenimiento para las arcas locales.

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, nº 184, 28 de septiembre de 2026, sección I (anuncio), pág. 1-5 (referencia oficial: 2026_2496).