La Diputación de Cáceres asume la disciplina urbanística de los municipios pequeños

El Pleno de la Diputación Provincial de Cáceres aceptó por unanimidad la adhesión al convenio interadministrativo que le transfiere las competencias de disciplina urbanística de los municipios de menos de 20.000 habitantes. El acuerdo se adoptó en sesión ordinaria del 29 de octubre de 2026 y se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 0215, de 10 de noviembre de 2026, con lo que la delegación despliega ya sus efectos.

La fórmula jurídica es la disposición adicional decimotercera de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, introducida por la Ley 5/2022, de 25 de noviembre. Esa norma permite a los ayuntamientos extremeños delegar en su diputación provincial el ejercicio de las competencias de inspección urbanística, protección de la legalidad y potestad sancionadora, siempre que el acuerdo se adopte en Pleno municipal y sea aceptado por la Diputación y publicado en el boletín oficial de la provincia.

El antecedente inmediato es el Pleno del 27 de marzo de 2025, que aprobó por unanimidad el modelo de convenio interadministrativo para instrumentar estas delegaciones, publicado en el BOP de 3 de abril de 2025. Desde entonces el procedimiento se repite municipio a municipio: acuerdo del Pleno local, aceptación provincial y publicación.

Los municipios adheridos en este acuerdo

El acuerdo plenario recoge la aceptación de la delegación aprobada por los Plenos de:

• Casas de Don Gómez, Pleno de fecha 17 de octubre de 2025.
• Botija, Pleno de fecha 6 de octubre de 2026.

La parte resolutiva del acuerdo se limita a tres puntos: aceptar la delegación y aprobar el convenio correspondiente, ordenar su publicación en el boletín oficial y facultar al presidente de la corporación para firmar los convenios. El anuncio lo suscribe Fernando López Salazar, director de las Áreas de Presidencia, Hacienda y Asistencia a Entidades Locales, y el acuerdo está sellado por el oficial mayor, Álvaro Casas Avilés.

Qué asume la Diputación y qué conserva el ayuntamiento

El convenio tipo traslada a la institución provincial la inspección urbanística vinculada a la disciplina, la protección de la legalidad y la potestad sancionadora sobre actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo y del subsuelo sin título habilitante que estén en curso o ya terminados y sean incompatibles con la ordenación vigente, incluidos los procedimientos de ejecución. En cambio, quedan fuera:

• El control urbanístico ordinario, que sigue siendo municipal.
• La legalización del acto o uso ejecutado y el inicio de los procedimientos de suspensión y anulación de los actos administrativos legitimadores.
• En municipios de menos de 1.000 habitantes, el expediente de legalización vuelve al ayuntamiento acompañado de informes técnicos y jurídicos, mientras la Diputación instruye y resuelve el expediente sancionador vinculado.

La delegación incluye también la resolución de los recursos administrativos y la defensa en juicio por letrado del Gabinete Jurídico provincial, con procurador, peritaciones y costas por cuenta de la Diputación. El cobro de sanciones y multas coercitivas lo asume el Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación (OARGT). Si aparecen indicios de delito, la Diputación lo comunicará al Ministerio Fiscal.

Vigencia, reparto económico y seguimiento

Los convenios se perfeccionan con la firma y son eficaces al publicarse en el BOP. Su vigencia es de cinco años, conforme al artículo 23.9 de la Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la autonomía municipal de Extremadura, prorrogables de forma unánime por hasta cuatro años más. El reparto de lo recaudado por sanciones es del 60 % para la Diputación y del 40 % para el ayuntamiento delegante. El seguimiento corresponde a una Comisión de Dirección y Seguimiento integrada por el secretario y el concejal de Urbanismo del municipio y el jefe de Sección de disciplina urbanística de la Diputación.

El acuerdo recuerda que contra la resolución cabe recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres y, potestativamente, reposición en un mes.

Un modelo que ya está en marcha

La aceptación de este martes no abre el proceso, lo consolida. El BOP cacereño ya ha publicado los convenios firmados con Robledillo de Gata (BOP-2026-4331), Torreorgaz (BOP-2026-4416), Tiétar (BOP-2026-4899) y Jarandilla de la Vera (BOP-2026-5026), en un goteo que ha ido sumando ayuntamientos desde septiembre de 2026.

El impacto es práctico para el ciudadano de la provincia: en municipios sin medios técnicos ni jurídicos propios, la tramitación de licencias irregulares, las inspecciones, los expedientes sancionadores y las órdenes de reposición de la realidad física alterada pasan a manos de la Diputación, que además cobra las multas y sostiene la defensa en los tribunales. La institución provincial refuerza ese papel con la convocatoria de cuatro plazas de técnicos de Disciplina Urbanística, dos de especialidad jurídica (plazas 5128 y 5129) y dos de especialidad técnica (5130 y 5131), publicada en el BOP de 16 de octubre de 2026.

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, n.º 0215, 10 de noviembre de 2026, Sección I - Administración Local, pág. 25108 (referencia oficial: BOP-2026-5220).