El Tribunal Constitucional anula el régimen transitorio de los desempleados de larga duración

El Tribunal Constitucional anula el artículo 212, § 1, párrafo 2, 4° a 6°, de la ley-programa del 18 de julio de 2025, que reducía a nueve, ocho o seis meses el derecho a las prestaciones de los desempleados de larga duración en el tercer periodo de indemnización. La sentencia n° 96/2026 del 10 de septiembre de 2026, dictada bajo la referencia C − 2026/007199 (roles 8540, 8547, 8577 y 8590), se publica en el Moniteur belge del 13 de noviembre de 2026, página 60378. El Tribunal desestima los recursos en lo restante, validando así el principio de la limitación a doce meses del derecho a las prestaciones.

Un régimen «transitorio» más corto que el régimen general

Los artículos 207 a 216 de la ley-programa regulan la entrada en vigor del capítulo 1 del título 5 («Empleo») e instauran, según el legislador, un «régimen transitorio». El artículo 212, § 1, párrafo 1, permite que los trabajadores admitidos al derecho a las prestaciones antes del 1 de marzo de 2026 conserven dicho derecho, a más tardar hasta el 30 de junio de 2030, pero limitando su duración. El artículo 169 de la misma ley, no anulado, fija el nuevo régimen general en doce meses, prorrogables en un mes por cada tramo de 104 jornadas de trabajo, dentro del límite de doce meses adicionales.

El régimen transitorio se desviaba de este mínimo de doce meses únicamente para los trabajadores que se encontraran en el tercer periodo de indemnización al 30 de junio de 2025, es decir, los desempleados de muy larga duración:

• 9 meses para quienes hubieran beneficiado de menos de 2.496 prestaciones completas o medias prestaciones al 31 de diciembre de 2024;
• 8 meses para quienes hubieran beneficiado de al menos 2.496 pero menos de 6.240 prestaciones;
• 6 meses para quienes hubieran beneficiado de al menos 6.240 prestaciones.

El Tribunal señala que estas duraciones eran en realidad aún más cortas, ya que empezaron a contar desde el 1 de julio de 2025, incluso antes de la publicación de la ley en el Moniteur belge del 29 de julio de 2025 (entrada en vigor el 8 de agosto de 2025).

Discriminación no justificada, según el Tribunal

La diferencia de trato entre estos trabajadores y aquellos sometidos al régimen general de doce meses se basa en un criterio objetivo, pero vulnera los artículos 10 y 11 de la Constitución. Los objetivos de viabilidad del sistema social y de ahorros presupuestarios no pueden, según el Tribunal, justificar un trato desfavorable basado en la duración ya transcurrida en situación de desempleo. En cuanto al objetivo de aumentar la tasa de empleo, tampoco se sostiene: un estudio del ONEM («Seguimiento de la limitación del derecho a las prestaciones por desempleo en el tiempo. Situación al 31 de marzo de 2026», 2 de julio de 2026) establece que los trabajadores en el tercer periodo de indemnización corresponden mayoritariamente al perfil del beneficiario mayor, desempleado desde hace muchos años y poco cualificado, es decir, aquellos con las menores probabilidades de contratación. Un «plazo de preparación suficiente» tampoco exige acortar dicho plazo para los desempleados más antiguos.

Lo que la sentencia valida

Las demás impugnaciones son rechazadas y se mantienen las disposiciones cuestionadas:

• el artículo 169, que limita en principio a doce meses el derecho a las prestaciones por desempleo;
• el artículo 142, que reduce de 36 a 12 meses la duración de las prestaciones de inserción;
• el artículo 212, § 2, que exime de limitación a los trabajadores de 55 años que justifiquen una trayectoria profesional suficiente;
• el artículo 216, que prorroga el derecho de los beneficiarios que, al 1 de enero de 2026, sigan una formación en una profesión con escasez de mano de obra.

Cuatro recursos acumulados

Los recursos habían sido interpuestos por François Jortay, Bart Vertongen, la ASBL Belgisch Netwerk Armoedebestrijding y una serie de asociaciones y sindicatos —entre ellos la Ligue des droits humains, Solidaris, la FGTB, la CSC y la CGSLB— así como por Alessandro Grumelli. Este último recurso es declarado inadmisible. La solicitud de suspensión ya había sido rechazada por la sentencia n° 11/2026 del 15 de enero de 2026, publicada en el Moniteur belge del 28 de julio de 2026. La sentencia fue dictada por el Tribunal compuesto por los presidentes Pierre Nihoul y Joséphine Moerman, asistidos por el secretario Nicolas Dupont. Otros asuntos (nos 8629, 8632 y 8634) relativos a las modalidades precisas de la reforma permanecen pendientes.

Para las decenas de miles de desempleados de larga duración afectados, la anulación restablece una duración mínima de doce meses, alineada con el nuevo régimen general. No obstante, no suspende ni la limitación a doce meses ni su aplicación desde el 1 de marzo de 2026, y los interesados deben dirigirse a su organismo de pago —el ONEM o una mutualidad— para la revisión de su expediente.

Fuente: Moniteur belge del 13 de noviembre de 2026, sentencia n° 96/2026 del 10 de septiembre de 2026, ref. C − 2026/007199, p. 60378.