Bélgica crea un Comité Ministerial contra la criminalidad económica organizada

El Rey Philippe firmó, el 29 de septiembre de 2026, un decreto real mediante el cual se crea un Comité Ministerial y un Colegio de Coordinación para la lucha contra la criminalidad económica y financiera organizada. Publicado en el Moniteur belge del 9 de octubre de 2026 (2.ª edición, p. 54306) bajo la referencia [C − 2026/007316], el texto sitúa ambos órganos bajo la dependencia del Primer Ministro y fusiona las estructuras existentes de lucha contra el fraude fiscal y social y contra el blanqueo de capitales. El Comité se convierte en el órgano de dirección de la estrategia nacional; el Colegio asegura su preparación y seguimiento.

Un contexto de fraude sistémico y de evaluación internacional

El informe al Rey justifica la reforma debido a una criminalidad económica, financiera, social y fiscal «cada vez más sofisticada», que constituye una amenaza estructural para los intereses del Estado, la seguridad social, el Tesoro y la integridad del sistema financiero. El gobierno invoca el acuerdo de coalición federal 2025-2029 (p. 26 y 45) y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) derivadas de la evaluación mutua de Bélgica, publicadas en diciembre de 2025, especialmente en relación con el Resultado Inmediato 1 y las Recomendaciones 1 y 2. El texto cita también las conclusiones de la comisión especial «fraude fiscal internacional/Panama Papers» (DOC 54 2749/001, p. 91-92).

El informe enumera los esquemas afectados: tráfico de drogas y criminalidad portuaria, blanqueo a través de fraude comercial y compensación (hawala, cripto, efectivo), carruseles de IVA, dumping social y falsos desplazamientos, trabajo no declarado y usurpación de identidad, trata de seres humanos con fines económicos, organización de insolvencia.

Un Comité Ministerial presidido por el Primer Ministro

El Comité Ministerial está presidido por el Primer Ministro y fija la orientación estratégica y las prioridades nacionales. Establece un plan de acción estratégico basado en el análisis nacional de riesgos. Su composición:

• B. De Wever, Primer Ministro, ejerce la presidencia;
• en él participan los ministros de Hacienda, de Justicia, del Interior, de Asuntos Exteriores, de Asuntos Sociales, de Empleo, de Economía y de Clases Medias, Autónomos y PYMES;
• así como los miembros del gobierno encargados de la lucha contra el fraude fiscal y social.

El Comité se reúne a convocatoria del Primer Ministro, quien fija el orden del día. Ejerce a partir de ahora las misiones encomendadas por la ley del 18 de septiembre de 2017 relativa a la prevención del blanqueo y por el artículo 2 del Código Penal Social.

Un Colegio abierto a una veintena de autoridades

El Colegio, creado bajo la dependencia del Primer Ministro, está copresidido por los representantes de los ministros de Hacienda, de Justicia y de la lucha contra el fraude fiscal y social. Reúne, en particular:

• la Celda de Tratamiento de Información Financiera (CTIF);
• los SPF Finanzas, Economía, PYME, Clases Medias y Energía, Justicia, Asuntos Exteriores y Empleo, Trabajo y Concertación Social;
• el Servicio de Información e Investigación Social;
• la ONSS, la ONEm, el INASTI, el INAMI y el Banco-Carrefour de la Seguridad Social;
• el Colegio de Fiscales Generales, el fiscal federal y la Oficina Central de Embargos y Confiscaciones;
• la policía judicial federal, la Comisaría Nacional de Drogas, el Banco Nacional de Bélgica y la FSMA.

El Colegio se reúne al menos una vez por trimestre; su secretaría es asumida por el SPF Finanzas, que retoma la misión ejercida hasta ahora por la CTIF en materia de blanqueo. También prepara y coordina las evaluaciones internacionales llevadas a cabo por el GAFI, la OCDE, la ONU y el GRECO.

Fusión de cuatro reales decretos y entrada en vigor

El decreto deroga cuatro textos: los reales decretos del 29 de abril de 2008 (Comité Ministerial contra el Fraude Fiscal y Social), del 23 de julio de 2013 (Comité y Colegio contra el Blanqueo), del 9 de noviembre de 2020 (Colegio contra el Fraude Fiscal y Social) y del 21 de febrero de 2025 (designación de los miembros del Comité Ministerial). Las misiones, obligaciones y planes de acción en curso son asumidos por los nuevos órganos. El texto entra en vigor el primer día del mes siguiente a su publicación, es decir, el 1 de noviembre de 2026.

El Consejo de Estado fue consultado el 22 de julio de 2026 (expediente n° 79.884/2/V) y decidió, el 30 de julio de 2026, no emitir un dictamen en el plazo solicitado. El decreto está refrendado por B. De Wever, D. Clarinval, F. Vandenbroucke, J. Jambon, A. Verlinden, B. Quintin, R. Beenders y E. Simonet.

Para los lectores, la reforma no crea nuevas competencias represivas: no modifica ni las atribuciones de las autoridades implicadas ni las garantías de independencia del ministerio público y de la CTIF. Por el contrario, centraliza el análisis de riesgos y la fijación de prioridades a nivel del Primer Ministro, con una primera reunión trimestral a partir de su entrada en vigor.

Fuente: Moniteur belge, 9 de octubre de 2026, 2.ª edición, p. 54306 — [C − 2026/007316].