La asistencia jurídica ampliada a lo civil y lo administrativo en Wallis y Futuna

El guardián de los sellos, ministro de justicia firmó el 23 de octubre de 2026 el decreto n° 2026-990 relativo a la extensión de la asistencia jurídica en materias civil y administrativa al territorio de Wallis y Futuna. El texto, publicado en el Boletín Oficial de la República Francesa del 25 de octubre de 2026 (JORF n°0250, NOR JUST2616922D), adapta también el procedimiento local, desde los plazos de recurso hasta la designación de los abogados. Entra en vigor el 1 de noviembre de 2026.

El decreto modifica el decreto n° 93-1425 del 31 de diciembre de 1993, adoptado para la aplicación de la ordenanza n° 92-1147 del 12 de octubre de 1992 relativa a la asistencia jurídica en Nueva Caledonia y en las islas Wallis y Futuna, y hace referencia a la ley n° 91-647 del 10 de julio de 1991 relativa a la asistencia jurídica. Completa este dispositivo con un capítulo entero dedicado al «anticipo y recobro de los gastos en las islas Wallis y Futuna» y con cuatro tablas de coeficientes anexas.

El plazo de recurso neutralizado por la solicitud de ayuda

El nuevo artículo 13-1 del decreto de 1993 establece el principio de una prórroga: cuando una acción judicial o un recurso deba interponerse antes de la expiración de un plazo ante los tribunales de primera instancia o de apelación, se considerará que la acción ha sido interpuesta dentro de los plazos si la solicitud de asistencia jurídica se envía al presidente del tribunal de primera instancia, o se deposita ante él, antes de la expiración de dicho plazo.

La demanda judicial debe introducirse posteriormente en un nuevo plazo de la misma duración, contabilizado a partir de dos fechas posibles:

• la fecha en la que el demandante ya no pueda impugnar la decisión de admisión o rechazo, o aquella en la que se le haya notificado la decisión dictada sobre su recurso;
• en caso de admisión, la fecha, si es posterior, en la que haya sido designado un auxiliar de justicia.

El texto precisa que los plazos no se interrumpen cuando, tras un rechazo, el demandante presenta una nueva solicitud con el mismo objeto.

Abogados, transacciones y divorcio por mutuo acuerdo

El abogado o la persona autorizada que acepte prestar su concurso en concepto de asistencia jurídica informará de ello a su decano o al presidente del tribunal de primera instancia de Mata’Utu, y entregará al beneficiario un documento escrito que acredite su aceptación. El mismo presidente se pronunciará mediante decisión motivada si el asesor solicita ser exonerado.

Los artículos 38-1 a 38-4 organizan la designación de un nuevo abogado por el presidente del tribunal de primera instancia, especialmente en caso de incompetencia de la jurisdicción recurrida o de ejecución a proseguir en otro distrito. En materia de transacción previa a la instancia, solo un abogado puede ser elegido o designado. En caso de divorcio por mutuo acuerdo previsto en el artículo 229-1 del código civil, el abogado informa por escrito a la parte contraria y menciona que solo las correspondencias que lleven la mención «Oficial» podrán ser comunicadas al presidente del tribunal a efectos del examen de su solicitud de pago; el beneficio de la ayuda permanece adquirido únicamente para la retribución del asesor.

Retribución, mediación y gastos anticipados por el Estado

La retribución del abogado y de las personas acreditadas es ahora igual al producto del monto de la unidad de valor de referencia prevista en el artículo 27 de la ley de 1991 y de los coeficientes fijados en las tablas anexas al decreto: tabla 1 para la materia civil en Wallis y Futuna, tabla 2 para las jurisdicciones penales de Nueva Caledonia y del territorio, tabla 3 para el tribunal administrativo de Wallis y Futuna, tabla 4 para la audiencia del menor y los intereses civiles.

Para la mediación, la retribución está limitada según el número de beneficiarios:

• de 128 € a 256 € sin impuestos cuando una sola parte se beneficia de la ayuda;
• de 256 € a 512 € sin impuestos cuando varias partes se benefician de ella.

En caso de cancelación, de retiro del rol, de extinción de la instancia por una causa distinta a una sentencia o una transacción, o de sobreseimiento y desistimiento ante las jurisdicciones administrativas, el juez puede asignar al abogado una retribución que no puede exceder la mitad de la escala aplicable en ayuda total. El nuevo capítulo sobre el anticipo y el recobro de los gastos prevé que el Estado anticipe las remuneraciones de peritaje y mediación, las indemnizaciones de los testigos y las tasas de secretaría, sin consignación, y fija el régimen del título de percepción y su impugnación. El primer presidente de la corte de apelación de Nouméa y el procurador general adjunto a dicha corte son instituidos conjuntamente como ordenadores secundarios de los gastos e ingresos correspondientes, incluidos los gastos de desplazamiento de los abogados, reembolsados trimestralmente a la caja de liquidaciones pecuniarias basándose en la tarifa de la clase más económica.

Para los justiciables del territorio, el efecto es concreto: una solicitud de ayuda presentada a tiempo ya no conlleva la pérdida del beneficio de un plazo de recurso, y la cobertura por parte del Estado se extiende a los gastos de peritaje, mediación y ejecución, dentro de un marco tarifario ahora escrito y oponible.