Kast nombra a Joaquín Cortez como superintendente de Pensiones por decreto supremo

El presidente de la República, José Antonio Kast Rist, nombró a Joaquín Indalicio Cortez Huerta como Superintendente de Pensiones mediante el decreto supremo Nº 42, de 26 de marzo de 2026, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El decreto, tramitado por la Subsecretaría de Previsión Social, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile núm. 44.598, del viernes 13 de noviembre de 2026, en la Sección I, junto con el oficio de la Contraloría General de la República que cursa la designación con alcance (referencia oficial CVE 2902798). El texto dispone que el designado asumió sus funciones el 26 de marzo de 2026, “por razones impostergables de buen servicio”, sin esperar la total tramitación del decreto.

Una vacante abierta por la renuncia no voluntaria de Macías

El nombramiento cierra el proceso iniciado con la salida de Osvaldo Macías Muñoz, quien presentó su renuncia no voluntaria al cargo de Superintendente de Pensiones. Esa renuncia fue aceptada mediante el decreto supremo Nº 38, de 17 de marzo de 2026, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con efecto a contar del 16 de marzo de 2026, según consigna el propio decreto Nº 42 en sus considerandos.

El cargo corresponde a un alto directivo público de Primer Nivel Jerárquico, adscrito al Sistema de Alta Dirección Pública, conforme al decreto con fuerza de ley Nº 42, de 2003, de Hacienda, y al decreto con fuerza de ley Nº 3, de 2008, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija la planta de la Superintendencia. Para esta designación, el mecanismo de selección del sistema fue exceptuado por el decreto supremo Nº 286, de 2026, del Ministerio de Hacienda, publicado el 26 de marzo de ese año.

Designación directa al amparo del artículo trigésimo sexto bis

El decreto se sustenta en el artículo trigésimo sexto bis de la ley Nº 19.882, que faculta al Presidente de la República a efectuar directamente el nombramiento de hasta doce jefes superiores de servicio adscritos al Sistema de Alta Dirección Pública, por una sola vez y dentro de los tres primeros meses de su período presidencial. El considerando quinto del decreto justifica esa vía excepcional en “la especial naturaleza del cargo de Superintendente de Pensiones, el cual requiere un alto grado de confianza por parte de la Autoridad”.

El decreto fija además las condiciones de la designación:

• Nombramiento en calidad de titular, grado 1º E.F., planta, Primer Nivel Jerárquico de la Superintendencia de Pensiones.
• Cédula nacional de identidad del designado: 6.493.230-6.
• Vigencia hasta el término del respectivo período presidencial, conforme al artículo sexagésimo de la ley Nº 19.882, sin perjuicio de la facultad de remoción del artículo quincuagésimo octavo.
• Asignación de Alta Dirección Pública de 1%, de acuerdo con el decreto supremo Nº 980, de 2014, del Ministerio de Hacienda.
• Gasto imputado al Subtítulo 21.01.001 del presupuesto vigente de la Superintendencia para 2026.
• Remisión de copia del decreto al Consejo de Alta Dirección Pública.

El instrumento lleva la firma del Presidente José Antonio Kast Rist y del ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Andrés Rau Binder, y fue transcrito por la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón Otero.

Contraloría cursa con alcance y advierte sobre conflictos de interés

El oficio Nº OF212452/2026, de 9 de noviembre de 2026, de la División de Función Pública de la Contraloría General de la República, tomó razón del decreto por ajustarse a derecho, pero formuló un alcance expreso. El organismo advirtió que, según el currículum acompañado, el designado se desempeñó como director de entidades como AFP Habitat en Perú, AFP Colfondos en Colombia, AGF Prudential en Chile y del Comité de Acreditación del Mercado de Valores, cargos a los que presentó renuncia a contar del 26 de marzo.

Por ello, el oficio ordena que Cortez Huerta deberá evitar eventuales conflictos de interés en el ejercicio de sus labores respecto de dichas entidades y de otras en las que haya servido, aplicando el deber de abstención cuando sea necesario. La Contraloría invoca el principio de probidad administrativa del artículo 8º de la Constitución Política de la República, desarrollado en los artículos 52 y 53 de la ley Nº 18.575, y el artículo 12 de la ley Nº 19.880, además de su jurisprudencia contenida en los dictámenes Nº 5.856, de 2018, y Nº 22.989, de 2019. El oficio está suscrito por el jefe de la División de Función Pública, Alejandro Gonzalo Riquelme Montecinos.

Impacto en el regulador del sistema previsional

La Superintendencia de Pensiones es la entidad que fiscaliza a las administradoras de fondos de pensiones y aplica las normas del sistema previsional que afecta a millones de cotizantes, incluida la implementación del nuevo Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones. La publicación del decreto formaliza así la conducción del regulador hasta el final del período presidencial, con la exigencia adicional de la Contraloría de resguardar la imparcialidad en las materias que involucren a las entidades financieras donde el nuevo superintendente ejerció funciones hasta marzo de 2026.

Fuente: Diario Oficial de la República de Chile, núm. 44.598, 13 de noviembre de 2026, Sección I, págs. 1-3 (referencia oficial: CVE 2902798).