Justicia y La Rioja firman convenio de servicios tecnológicos por 2,06 millones

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Comunidad Autónoma de La Rioja han suscrito un convenio para la prestación de servicios adicionales sobre las soluciones tecnológicas transferidas en materia de Justicia, con una aportación económica riojana de 2.060.580 euros. El acuerdo, firmado el 7 de agosto de 2026, se publica mediante la Resolución de 4 de septiembre de 2026 de la Secretaría de Estado de Justicia en el Boletín Oficial del Estado número 226, de 12 de septiembre de 2026 (referencia oficial: BOE-A-2026-19101).

El convenio se enmarca en el Convenio Marco de Transferencia de Soluciones Tecnológicas en materia de Justicia, suscrito entre ambas partes el 31 de octubre de 2025 y publicado en el BOE el 15 de noviembre de 2025. Su objetivo es profundizar en la colaboración para la digitalización de la Administración de Justicia en la comunidad, garantizando la compatibilidad e integración de los sistemas de la Administración Judicial Electrónica y las Fiscalías en el ámbito del Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica (CTEAJE).

Partes firmantes y marco normativo

El convenio lo firman, en representación del Ministerio, Manuel Olmedo Palacios, Secretario de Estado de Justicia, y, por parte riojana, María Martín Díez de Baldeón, Consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja. El texto fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de abril de 2026 y se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

• El Estado ostenta competencia exclusiva en Administración de Justicia (artículo 149.1.5.ª de la Constitución).
• La adquisición y gestión de medios para los órganos judiciales riojanos corresponde a la Comunidad, según el Real Decreto 1800/2010 de traspaso de funciones.
• El Estatuto de Autonomía de La Rioja (Ley Orgánica 3/1982) atribuye a la comunidad las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce al Gobierno.

Aportación económica y distribución

La aportación de 2.060.580 euros se abona en cuatro anualidades de 515.145 euros cada una (2026-2029) e incluye todo tipo de impuestos y tributos. El importe se desglosa en dos conceptos:

• Operaciones: 1.242.720 euros (310.680 euros anuales), que cubren perfiles técnicos de explotación, optimización, resolución de incidencias, implantación, pruebas, entornos, despliegues, plataformas, microservicios, cloud, bases de datos y seguridad.
• Licencias y mantenimiento: 817.860 euros (204.465 euros anuales).

La primera cuota anual se abonará en los tres primeros meses tras la firma y las posteriores en el primer trimestre de cada año. En caso de impago, el Ministerio podrá suspender el servicio.

Soluciones tecnológicas y seguimiento

El anexo del convenio detalla las soluciones transferidas, entre las que figuran el Portafirmas electrónico, el Visor de expedientes HORUS, el sistema de gestión procesal Minerva y la Agenda de señalamientos. El seguimiento se articula mediante una Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control, con presidencia rotatoria semestral, y un Comité Técnico presidido por el Director General de Transformación Digital de la Administración de Justicia.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por mutuo acuerdo hasta un máximo de otros cuatro, y producirá efectos con su inscripción en el Registro Electrónico de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal.

Fuente: Boletín Oficial del Estado, núm. 226, sábado 12 de septiembre de 2026, Sec. III, pág. 121707 (referencia oficial: BOE-A-2026-19101).