Judicatura aprueba el examen de confianza para elegir a los jueces nacionales

El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la Metodología para la Aplicación del Examen de Confianza del concurso público de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia. La decisión consta en la Resolución 229-2026, aprobada por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nro. 165-2026 del 5 de noviembre de 2026 y publicada en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial Nº 404, del viernes 6 de noviembre de 2026. El instrumento fija cómo se medirá el patrimonio, la conducta y la credibilidad de quienes aspiran a integrar la cúpula del Poder Judicial.

La resolución se sustenta en el artículo 181 de la Constitución de la República y el artículo 264, números 1 y 10, del Código Orgánico de la Función Judicial, y desarrolla el Reglamento del concurso expedido mediante Resolución 109-2026, de 3 de julio de 2026, publicado en el Quinto Suplemento del Registro Oficial Nº 322, de 9 de julio de 2026. Se articula, además, con el Reglamento para la aplicación del examen de confianza (Resolución 220-2026, de 15 de octubre de 2026, Quinto Suplemento del Registro Oficial Nº 391, de 16 de octubre de 2026) y con la Resolución 06-2026 de la Corte Nacional de Justicia, que aclaró la naturaleza jurídica y los límites de esta prueba.

El texto aprobado lleva el código DNH-SAT-ME-006, versión 1.0, 70 páginas, fue elaborado por la Dirección Nacional de Talento Humano y contó con validación metodológica de la Dirección Nacional de Planificación (Memorando Nro. CJ-DNP-2026-2168-M, de 4 de noviembre de 2026) y de la Dirección General (Memorando Nro. CJ-DG-2026-7918-M, de 5 de noviembre de 2026). La metodología se aplica solo a quienes superaron la fase de méritos del concurso.

Evaluación patrimonial: 26 documentos y hallazgos graduados

Este componente analiza la situación económica, financiera y patrimonial de cada postulante contrastando lo declarado con registros públicos, entidades financieras y organismos de control. Los aspirantes disponen de un plazo de 15 días para cargar la documentación obligatoria:

• Declaración patrimonial juramentada ante notario y certificado de bienes y gravámenes del Registro de la Propiedad.
• Certificado de avalúo catastral y del impuesto predial, y certificado único vehicular de la Agencia Nacional de Tránsito.
• Certificados del Servicio de Rentas Internas, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
• Declaración juramentada de inexistencia de capitales en paraísos fiscales, exigida por el artículo 77, numeral 10, del Código Orgánico de la Función Judicial.

Las inconsistencias se clasifican como leves, moderados o graves. Hasta cinco hallazgos leves son tolerables si son aislados; seis o más generan “NO CUMPLE”; un solo hallazgo grave determina el mismo resultado, y la falta de un documento obligatorio produce “SIN RESULTADOS”.

Conducta y credibilidad: cuatro test y dos herramientas fisiológicas

La evaluación de comportamiento se aplica de forma presencial y grupal, con hasta dos horas de duración, mediante uno o más instrumentos psicométricos: el test de integridad HCS (90 ítems, 13 dimensiones), el BFI-2 (60 reactivos), el cuestionario 16PF-5 y el inventario TRUST 2.0. Los criterios son integridad, confiabilidad, conducta ética, responsabilidad profesional y probidad; la transparencia patrimonial se reserva a la evaluación patrimonial, conforme a la Resolución 06-2026.

La evaluación de credibilidad se aplica individualmente y usa evaluación poligráfica —con poligrafistas certificados por la American Polygraph Association— o evaluación de estrés de voz, con analistas certificados por el National Institute for Truth Verification. Los postulantes deben presentarse con 90 minutos de anticipación y entregar dispositivos electrónicos.

Nota de corte de 70 puntos y exclusión del concurso

Cada criterio de comportamiento vale 20 puntos sobre 100. El resultado es “CUMPLE” con 70% o más, protocolos válidos y al menos 14 puntos en cada criterio; un puntaje menor a 14 en un criterio, o menos del 70%, arroja “NO CUMPLE”. El resultado final solo es “APRUEBA” si las tres evaluaciones registran “CUMPLE”; cualquier “NO CUMPLE” o “SIN RESULTADOS” excluye al postulante. El informe final lo valida la Dirección General y lo aprueba el Pleno, y los resultados se conservan siete años.

Reconsideración única y reserva de datos

La reconsideración es un mecanismo excepcional, por una sola vez y dentro de tres días desde la notificación, y no sirve para subsanar información omitida. Se aplica mediante entrevista semiestructurada en comportamiento y mediante polígrafo o estrés de voz en patrimonio y credibilidad, siempre con un evaluador distinto al inicial. La decisión no admite recurso y los datos sensibles se custodian bajo estricta confidencialidad.

La resolución fue suscrita por la presidenta Mercedes Johanna Caicedo Aldaz y los vocales Magaly Camila Ruiz Cajas, Damián Alberto Larco Guamán, Fabián Plinio Fabara Gallardo y Alfredo Juvenal Cuadros Añazco, con certificación del secretario general Marco Antonio Cárdenas Chum.

El peso de esta metodología es doble: define técnicamente quién puede llegar a integrar la Corte Nacional de Justicia, un cuerpo de 21 jueces con períodos de nueve años y seis salas especializadas, y establece por primera vez umbrales medibles, causales de exclusión y vías de impugnación para un filtro de idoneidad que hasta ahora se aplicaba sin parámetros públicos detallados. Los postulantes que no superen esta fase quedarán fuera del concurso sin posibilidad de continuar a las etapas siguientes.

Fuente: Registro Oficial, Cuarto Suplemento Nº 404, viernes 6 de noviembre de 2026, Sección I, págs. 1-6 (referencia oficial: Resolución 229-2026).