Ibarra destina 912.738 dólares a compensar a los buses urbanos hasta diciembre

El Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra creó el Programa Municipal Temporal y Condicionado de Compensación Económica Temporal No Reembolsable para la continuidad del servicio público de transporte urbano, con un techo de 912.738,75 dólares para el período agosto-diciembre de 2026. La norma fue sancionada por el alcalde Álvaro Ramiro Castillo Aguirre el 23 de septiembre de 2026 y publicada en el Registro Oficial, Edición Especial Nº 1704 del martes 20 de octubre de 2026, dentro de las ordenanzas municipales (referencia oficial: ecuador-2026-10-20-esp-1704-1eefb0bc).

El origen: la eliminación del subsidio al diésel

La Exposición de Motivos de la ordenanza atribuye el desequilibrio financiero de las operadoras a la eliminación del mecanismo nacional de compensación económica al diésel automotriz, dispuesta mediante los Decretos Ejecutivos Nos. 125, 161, 352 y 378. Según el texto, el precio del diésel pasó de aproximadamente 1,80 dólares por galón a 3,25 dólares, una diferencia de 1,45 dólares por galón que impacta directamente en la estructura de costos del transporte urbano y combinado del cantón.

El documento advierte que, sin medidas correctivas, ese incremento podría trasladarse a los usuarios mediante alzas tarifarias o traducirse en reducción de frecuencias, rutas y calidad del servicio, con afectación particular a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y sectores de menores ingresos. La compensación se define expresamente como una contraprestación pública y transitoria destinada a cubrir el diferencial entre la tarifa técnica de costos y la tarifa diferenciada que pagan los pasajeros, y no como subsidio, donación, indemnización ni garantía de rentabilidad.

El Concejo Municipal aprobó el texto en dos debates, en sesiones extraordinarias del martes 15 y el viernes 18 de septiembre de 2026, y el alcalde lo sancionó el 23 de septiembre, conforme al artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). La certificación de discusión y la razón de remisión fueron suscritas por el secretario general Marco Castro Michilena.

Cuánto recibe cada unidad y quién cobra

El artículo 38 fija un presupuesto referencial máximo de 912.738,75 dólares, calculado sobre una flota máxima de 327 unidades y una compensación mensual referencial de 558,25 dólares por unidad. El monto se sustenta en el Informe Técnico DGA-UCCMS-2026-0017, del 24 de agosto de 2026, que estimó un consumo de 550 galones mensuales y el reconocimiento del 70% de la diferencia de precio del combustible.

• Agosto: 182.547,75 dólares (327 unidades).
• Septiembre: 182.547,75 dólares.
• Octubre: 182.547,75 dólares.
• Noviembre: 182.547,75 dólares.
• Diciembre: 182.547,75 dólares.

Los recursos provienen de la Primera Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza del Presupuesto General del GAD para el Ejercicio Económico 2026, según el Memorando Nro. IMI-DGF-2026-01488-M, del 25 de agosto de 2026. El pago se transfiere a la cuenta de cada socio propietario de unidad habilitada, dentro de los diez primeros días del mes siguiente, y el primer desembolso corresponde a septiembre de 2026; excepcionalmente, el pago de agosto puede efectuarse ese mismo mes.

El Anexo I de la ordenanza detalla la nómina de socios propietarios habilitados, distribuida entre cuatro operadoras: 28 de Septiembre, San Miguel, Campesinor y La Esperanza. Cada unidad debe acreditar revisión técnica vehicular vigente, comprobantes de combustible iguales o superiores al techo mensual, tarifa exhibida sin recargos, RUC actualizado y solicitud de pago.

Controles, sanciones y plazos de implementación

La inspección y verificación corresponde al GAD a través de MOVIDELNOR E.P., que emitirá cada mes un Informe de Cumplimiento Operativo dentro de los primeros cinco días, con verificación aleatoria del 20% de las unidades por operadora. También se crea el Comité Cantonal de Mejoramiento del Transporte Público, presidido por la máxima autoridad del GAD e integrado por la Comisión de Tránsito, la unidad de Cambio Climático y Movilidad Sostenible, la gerencia de MOVIDELNOR E.P., un representante estudiantil, uno de los gremios artesanales, uno por cada una de las cuatro operadoras y uno de los consejos parroquiales urbanos.

El régimen sancionatorio prevé amonestación escrita y reducción de hasta el 10% de la compensación mensual por infracciones leves; suspensión de un mes del desembolso y exclusión temporal de hasta tres meses por faltas graves; y exclusión definitiva, restitución de valores y sanción al título habilitante por infracciones muy graves, como información falsa o doble financiamiento.

Los plazos transitorios son acotados:

• 30 días para conformar el Comité Cantonal y aprobar su mecanismo de funcionamiento.
• 60 días para que MOVIDELNOR E.P. presente el Plan de Mejoramiento Operacional con la reorganización de rutas, frecuencias y paradas.
• 4 meses para la fase piloto del Sistema Integrado de Recaudo.
• 8 meses para los estudios y el modelo de gestión de la caja común y el sistema integrado de cobro.

La norma faculta además al alcalde a suspender o terminar anticipadamente el programa si se restablece el mecanismo nacional de compensación al diésel o si el Gobierno Nacional dispone otro beneficio que cubra los mismos costos.

La compensación llega en un momento en que el transporte urbano de Ibarra afronta el encarecimiento del diésel sin margen tarifario: el programa sostiene la operación de hasta 327 unidades y evita, al menos hasta diciembre, un alza en el pasaje. Su continuidad en 2027 queda sujeta a la evidencia de cumplimiento operativo y a la decisión del Municipio sobre el presupuesto del próximo ejercicio.

Fuente: Registro Oficial, Edición Especial Nº 1704, 20 de octubre de 2026, Ordenanzas Municipales, pág. 22 (referencia oficial: ecuador-2026-10-20-esp-1704-1eefb0bc).