El Tribunal de Cuentas Vasco aprueba las cuentas de 2023 de Leioa con salvedades

El Tribunal de Cuentas Vasco (TCCV) ha aprobado definitivamente el informe de fiscalización de 2023 del Ayuntamiento de Leioa, en el Pleno celebrado el 21 de mayo de 2026. El acuerdo establece la publicación de las conclusiones del informe en los boletines oficiales correspondientes, de acuerdo con el artículo 13.2 de la Ley 1/1988. El texto ha sido publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB), número 179, el 18 de septiembre de 2026, en el apartado III, con la referencia oficial BOB-2026a179-(III-144).

El informe se ha realizado en el marco del Programa Anual de Trabajo del Tribunal de Cuentas Vasco, siguiendo lo establecido en la Ley 1/1988 de 5 de febrero. La fiscalización ha abordado dos áreas: la legalidad —presupuesto, endeudamiento, operaciones financieras, personal, contratos de obras, suministros y servicios, subvenciones e ingresos de derecho público— y la contabilidad. Los resultados provisionales fueron enviados al ayuntamiento el 11 de marzo de 2026 para la presentación de alegaciones; todas las alegaciones presentadas han sido analizadas y valoradas, y se han adjuntado al informe. El acuerdo fue firmado por Ana Helguera Líbano, presidenta del TCCV, en Vitoria-Gasteiz, el 21 de mayo de 2026.

Leioa contaba con 32.491 habitantes el 1 de enero de 2023. Además del ayuntamiento, dispone de dos organismos autónomos: Soinu Atadia y la Erakundea del Euskera. Asimismo, participa en tres entidades supramunicipales: el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, el Consorcio de Transportes de Bizkaia y el Consorcio Haurreskolak. La Cuenta General fue aprobada por el Pleno municipal el 24 de julio de 2024.

Opinión: imagen fiel pero con salvedades legales

En opinión del Tribunal, las cuentas anuales del ayuntamiento muestran una imagen fiel del patrimonio y la situación financiera al 31 de diciembre de 2023, y son coherentes con el marco normativo contable y presupuestario aplicable. En cuanto a la legalidad, sin embargo, la opinión es con salvedades: las entidades cumplieron razonablemente la ley que regula su actividad económico-financiera, salvo por los incumplimientos recogidos en el informe. El Tribunal ha indicado que no ha identificado otros riesgos significativos en la auditoría.

Deficiencias detectadas en la contratación

Tras analizar ocho contratos, estos son los principales hallazgos:

• Cuatro servicios, con un gasto de 688.306 euros, fueron contratados sin el procedimiento legal correspondiente; deberían haberse tramitado, al menos, mediante el procedimiento abierto simplificado.
• En 2023, el ayuntamiento continuó ejecutando seis contratos vencidos y gastó 1,8 millones de euros sin cobertura contractual, sin cumplir el adelanto de tres meses que exige el artículo 29.4 de la LCSP.
• El contrato de recogida y transporte de residuos urbanos (32,4 millones de euros, calificado erróneamente en 2013) no se tramitó conforme a las normas armonizadas y no debería haberse prorrogado.
• La modificación del contrato de limpieza de edificios municipales (7,2 millones de euros) no fue formalizada ni publicada en el DOUE.
• En el cálculo de la garantía del transporte urbano (2,1 millones de euros) se tuvo en cuenta solo un año, en lugar del periodo de ejecución de cuatro años.
• En siete contratos (49 millones de euros), los precios que igualaban el tipo de licitación obtenían una puntuación positiva.
• En dos obras (1,6 millones de euros) hubo retrasos de once y ocho meses, sobre plazos de tres y seis meses, sin que se aplicara sanción ni prórroga de plazo.
• 13 prestaciones tramitadas mediante contratos menores, por valor de 404.372 euros, deberían haberse tramitado, al menos, mediante el procedimiento abierto simplificado abreviado.

Presupuesto y contabilidad

También se han detectado deficiencias en el registro financiero:

• El presupuesto general de 2023 no fue aprobado definitivamente antes del 31 de diciembre de 2022.
• Al cierre del ejercicio, gastos directos por valor de 735.807 euros no se incluyeron en el presupuesto, aunque fueron registrados en la contabilidad patrimonial.
• Las desviaciones de financiación son 3,8 millones de euros inferiores a lo que muestra la liquidación.
• Las dietas de los concejales, 86.085 euros, se registraron en el capítulo de gastos de personal, en lugar del capítulo de adquisición de bienes corrientes y servicios.
• La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) no incluye seis puestos de monitores de taller, a pesar de ser necesidades estructurales.

Subvenciones y otras observaciones

Tres concesiones de subvenciones (55.877, 25.000 y 15.000 euros) no cuentan con el certificado de haber solicitado tres ofertas, a pesar de que los gastos subvencionables superan el límite del contrato menor. En la justificación de la subvención de 21.836 euros concedida a una asociación de jubilados no aparecen detalles de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad. La ordenanza fiscal del ICIO prevé una bonificación del 50% para obras inferiores a 6.010 euros, algo que no tiene cabida en la normativa foral. En cuanto a los plazos de pago, los organismos autónomos del ayuntamiento pagaron fuera de plazo más de la mitad de las obligaciones, 265.452 euros; el ayuntamiento, por su parte, el 27% y 6,7 millones de euros. El Plan General de Ordenación Urbana no se ha adaptado a la normativa vigente.

Alegaciones del ayuntamiento

El Ayuntamiento presentó alegaciones que han sido adjuntadas al informe. Entre otras, el Ayuntamiento afirma que algunos de los contratos que estaban vencidos en 2023 se formalizaron posteriormente —la ayuda a domicilio en septiembre de 2023, la retirada de contenedores en marzo de 2023—, y que la clasificación de las dietas de los concejales se corregirá en 2026. En cuanto a los plazos de pago, el Ayuntamiento ha facilitado los datos de 2025: la media del ayuntamiento fue del 28%, y la del organismo autónomo estuvo entre el 15,66% y el 17,37%. La revisión del plan de ordenación urbana estuvo a la espera del Plan Territorial Parcial del Área Metropolitana de Bilbao, publicado en mayo de 2025.

El informe ejerce el control público de la gestión municipal y marca la vía a seguir para el Ayuntamiento de Leioa: rigurosidad en los procedimientos de contratación, ajuste del registro presupuestario y cumplimiento de los plazos de pago. La publicación de las conclusiones en el boletín oficial permite a los ciudadanos y al pleno municipal basarse en el informe para garantizar el control de las cuentas en los próximos ejercicios.

Fuente: Boletín Oficial de Bizkaia (BOB), núm. 179, 18 de septiembre de 2026, Sección III, pág. 1-11 (referencia oficial: BOB-2026a179-(III-144)).