Gobierno aprueba PRO NAT.URBE para restaurar la naturaleza en las ciudades portuguesas

El Gobierno ha aprobado el PRO NAT.URBE — Programa de Acción para la Resiliencia y Restauración de la Naturaleza en Áreas Urbanas —, un instrumento nacional destinado a proteger a las poblaciones urbanas frente a eventos climáticos extremos. La aprobación consta en la Orden n.º 11559/2026, firmada el 8 de septiembre de 2026 por el Ministro de Economía y de Cohesión Territorial, Manuel Castro Almeida, y por la Ministra de Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, y publicada en el Diário da República, 2.ª serie, n.º 183, del 21 de septiembre de 2026. La orden entra en vigor el día siguiente al de su publicación.

El programa se adopta al amparo del n.º 1 del artículo 15.º y del n.º 1 del artículo 25.º del Decreto-Ley n.º 87-A/2025, de 25 de julio, y operacionaliza en contexto urbano el artículo 8.º del Reglamento (UE) 2024/1991, relativo a la restauración de la naturaleza. Dicho artículo obliga a los Estados miembros a garantizar, hasta el 31 de diciembre de 2030, que no exista una pérdida neta de espacio verde urbano ni de cubierta arbórea urbana, tomando 2024 como año de referencia, y a asegurar posteriormente una trayectoria de crecimiento sostenido. El PRO NAT.URBE estará vigente entre 2026 y 2035 y se articula con la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático (ENAAC 2030) y con el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza (PNRN), cuyos términos de elaboración fueron fijados por la Orden n.º 12734/2024, de 25 de octubre.

El preámbulo justifica la urgencia con los eventos de 2026: tormentas severas a principios de año, con inundaciones, desbordamientos costeros y caídas de árboles, y una sucesión de olas de calor en el verano, con impactos en la salud pública, en el confort térmico de las ciudades y en la presión sobre los recursos hídricos.

Cinco ejes y 22 tipologías de intervención

El programa se estructura en cinco ejes territoriales de intervención:

• Aumentar la superficie de espacio verde;
• Aumentar la superficie de cubierta arbórea;
• Reducir la superficie impermeabilizada;
• Aumentar la oferta de espacio público resiliente;
• Promover la rehabilitación urbana sostenible.

De esos ejes se derivan 22 tipologías de acción, entre las que se encuentran la creación y ampliación de espacios verdes, la reconversión de vacíos urbanos y áreas subutilizadas, los planes de arborización y sombreado del espacio público, la restauración y renaturalización de líneas de agua, la creación de áreas de retención e infiltración, la eliminación de especies exóticas invasoras, la restauración del patrimonio hidráulico y la reducción de la contaminación lumínica.

Refugios climáticos y metas nacionales

La orden prevé la estructuración de redes de refugios climáticos —parques y jardines urbanos, zonas arboladas, plazas sombreadas y equipamientos públicos que ofrecen confort térmico durante episodios de calor extremo— y se alinea con la regla 3-30-300: tres árboles visibles desde casa, cerca del 30 % de cobertura arbórea en el barrio y un espacio verde público a menos de 300 metros.

Las metas nacionales son cuatro:

• MN1 — hasta 2030, mantener o aumentar el área de espacios verdes urbanos;
• MN2 — hasta 2030, mantener o aumentar el área de cobertura arbórea;
• MN3 — hasta 2035, aumentar el área de espacios verdes urbanos;
• MN4 — hasta 2035, aumentar el área de cobertura arbórea.

El diagnóstico identificó 380 Áreas de Ecosistemas Urbanos en el territorio continental, con 198 774 hectáreas y 91 391 hectáreas de espacio verde urbano; sumando las áreas excluidas por criterios metodológicos, el universo alcanza las 874 áreas y 423 485 hectáreas.

Gobernanza, financiación y evaluación

La Dirección General del Territorio asegura el seguimiento y la monitorización del programa, en articulación con la Agencia para el Clima, el Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques y las comisiones de coordinación y desarrollo regional. Corresponderá a los municipios planificar, proponer y ejecutar las intervenciones en sus territorios, con la participación de las comunidades locales.

La financiación combina fuentes comunitarias, nacionales y municipales. En una primera fase, proyectos piloto serán cofinanciados por el Fondo Ambiental, en los términos de la Orden n.º 6769-A/2026, de 27 de mayo, a través de contratos-programa con municipios en 2026; le siguen el Portugal 2030 y los programas operativos regionales. Está prevista una evaluación intermedia en 2028 y una evaluación de impacto en 2031.

Para los municipios y las poblaciones urbanas, el programa crea un marco de referencia para solicitar financiación para intervenciones y para integrar los objetivos de restauración de la naturaleza en los instrumentos de planificación urbana. El Gobierno lo presenta como una iniciativa pionera en la Unión Europea, dedicada específicamente a la restauración de la naturaleza en áreas urbanas.

Fuente: Diário da República, 2.ª série, n.º 183, de 21 de septiembre de 2026, sección Economía y Cohesión Territorial y Medio Ambiente y Energía, pág. 1-39 (referencia oficial: Orden n.º 11559/2026).