Fuerzas Armadas resguardarán penales en emergencia: decreto fija perímetro exterior

El Poder Ejecutivo habilitó la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en las acciones de seguridad externa de los establecimientos penitenciarios declarados en estado de emergencia. La medida se formalizó con el Decreto Legislativo N° 1742, publicado este domingo 8 de noviembre de 2026 en el Diario Oficial El Peruano, en la sección NORMAS LEGALES (págs. 4-7, registro 2572852-1). La norma fue dada en la Casa de Gobierno el 7 de noviembre y se remite con cargo a dar cuenta al Senado.

El marco: una delegación de facultades

El decreto se dicta al amparo de la Ley N° 32743, que delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por noventa días calendario en materia de seguridad ciudadana y del Fenómeno El Niño. Su numeral 2.1.5 autoriza expresamente regular la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios. La justificación oficial es que el marco vigente —el Decreto Legislativo N° 1095 y el Decreto Legislativo N° 1186— regula el empleo y uso de la fuerza, pero no estas actuaciones específicas.

La norma llega sobre un régimen de excepción ya en curso. El Decreto Supremo N° 128-2026-PCM declaró el estado de emergencia en los penales de alta peligrosidad a nivel nacional, prorrogado luego por el Decreto Supremo N° 148-2026-PCM. El decreto menciona como comprendidos, entre otros, los establecimientos de:

• Trujillo Varones
• Cochamarca
• Miguel Castro Castro
• Ancón I
• Challapalca

A ello se suma la emergencia del Sistema Nacional Penitenciario y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), declarada por el Decreto Supremo N° 014-2024-JUS y prorrogada por el Decreto Supremo N° 013-2026-JUS. El considerando oficial alude al incremento de la población penitenciaria vinculada a organizaciones criminales nacionales y transnacionales, en un contexto de hacinamiento, y al riesgo de que se sigan dirigiendo actividades delictivas desde el interior de los penales.

Solo el perímetro exterior

El artículo 4 fija el alcance: las Fuerzas Armadas pueden ejecutar acciones de seguridad externa cuando se declaren en estado de emergencia uno o más establecimientos penitenciarios, siempre en coordinación con el INPE y respetando las competencias de cada entidad. El artículo 3 distingue tajantemente la seguridad interna —a cargo del INPE dentro de los penales— de la seguridad externa, que cubre el perímetro, los torreones y las zonas exteriores contiguas. También precisa que una situación de emergencia penitenciaria no habilita por sí misma facultades extraordinarias de control del orden interno ni el uso de la fuerza.

El empleo de la fuerza durante estas acciones queda sujeto al Decreto Legislativo N° 1095 y a su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2020-DE.

Vigilancia, drones e inhibidores

El artículo 5 enumera las tareas autorizadas, entre ellas:

• Instalar anillos de seguridad y dispositivos de protección en el perímetro exterior y las zonas de influencia.
• Ejecutar vigilancia, patrullaje e inteligencia en las zonas de influencia y proteger rutas de aproximación, vías de acceso y puntos críticos.
• Operar puestos de control y revisión previa a los accesos, aplicables a toda persona que ingresa.
• Detectar, interceptar o neutralizar aeronaves no tripuladas y otros dispositivos aéreos no autorizados.
• Instalar y operar inhibidores y detectores de señales radioeléctricas, bajo coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
• Apoyar el desmontaje de antenas y repetidores no autorizados con la Policía Nacional del Perú.
• Brindar apoyo en el control y registro de ingresos de visitas, proveedores y personal penitenciario, así como transporte aéreo y terrestre para traslados de internos.
• Ejecutar acciones militares frente a ataques del exterior, intentos de rescate o fugas.

La Primera Disposición Complementaria Final ordena que, dentro de los cinco días calendario siguientes a la declaratoria, el INPE delimite las zonas de influencia penitenciaria con criterios técnicos, sin ampliar el ámbito geográfico autorizado. La Única Disposición Complementaria Modificatoria ajusta el artículo 5 de la Ley N° 30740, sobre sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, para restringir el sobrevuelo de penales salvo autorización excepcional.

Financiamiento y publicación

El artículo 7 establece que la implementación se financia con cargo al presupuesto de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. La Sétima Disposición Complementaria Final autoriza al Ministerio de Defensa a afectar en uso bienes y equipamiento a favor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o del INPE. El artículo 8 dispone la publicación en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y en las sedes digitales de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el INPE el mismo día de su salida en el diario oficial. La norma fue refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta Velarde, y los ministros Rafael Jorge Belaunde Llosa (Defensa), César Augusto Astudillo Salcedo (Interior) y Ernesto Julio Álvarez Miranda (Justicia y Derechos Humanos), y lleva la firma de la presidenta Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

El decreto afecta la rutina de internos, visitantes, proveedores y personal penitenciario, y también a los vecinos de los penales de máxima seguridad, que verán controles militares en el perímetro y en las vías de acceso. Para el Ejecutivo, se trata de cerrar el vacío legal que impedía a las Fuerzas Armadas sostener en el tiempo tareas de seguridad exterior que ya venían prestando en apoyo de la Policía Nacional del Perú.

Fuente: Diario Oficial El Peruano, N° 19624, domingo 8 de noviembre de 2026, NORMAS LEGALES, págs. 4-7 (referencia oficial: 2572852-1).