El Tribunal de Cuentas Vasco ha puesto de manifiesto irregularidades en las cuentas de 2023 de Leioa

El Pleno del Tribunal de Cuentas Vasco ha aprobado definitivamente el informe de fiscalización de las cuentas de 2023 del Ayuntamiento de Leioa, en la sesión celebrada el 21 de mayo de 2026. La resolución pone de manifiesto un gasto de 1,8 millones de euros sin contrato e irregularidades graves en la licitación de siete contratos por valor de 49 millones de euros. El acuerdo ha sido publicado en el número 179 del Boletín Oficial de Bizkaia, el 18 de septiembre de 2026, con la referencia oficial BOB-2026a179-(III-144).

El informe se ha realizado conforme a lo previsto en la Ley 1/1988 y en el programa anual de trabajo del Tribunal de Cuentas Vasco, y toma como objeto de análisis la Cuenta General de 2023 del Ayuntamiento de Leioa: la legalidad (presupuesto, endeudamiento, operaciones financieras, personal, contratación de obras, suministros y servicios, subvenciones e ingresos de derecho público) y la contabilidad. El Ayuntamiento contaba con 32.491 habitantes el 1 de enero de 2023, y dispone de dos organismos autónomos, Soinu Atadia y la Institución del Euskera; además, participa en el Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia, el Consorcio de Transportes de Bizkaia y el Consorcio de Escuelas Infantiles.

La Cuenta General fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 24 de julio de 2024, y los resultados provisionales fueron notificados al Ayuntamiento el 11 de marzo de 2026 para que presentara alegaciones. El informe ha quedado firme mediante el acuerdo firmado por Ana Helguera Líbano, presidenta del Tribunal de Cuentas Vasco.

Gasto sin contrato y tramitación ilegal

En opinión del Tribunal, el Ayuntamiento continuó ejecutando en 2023 seis contratos caducados, cuyo gasto ascendió a 1,8 millones de euros sin contrato, sin la prórroga de tres meses que exige el artículo 29.4 de la Ley 9/2017. Además, los gastos de cuatro servicios, por importe de 688.306 euros, fueron contratados sin el procedimiento legal, debiendo utilizarse en cada caso, al menos, el procedimiento abierto simplificado.

Se han encontrado deficiencias similares en otros gastos:

• Un servicio, con un gasto de 63.524 euros, contratado sin procedimiento legal.
• Dos contratos caducados, 77.407 euros sin contrato.
• 13 prestaciones tramitadas mediante contrato menor, por 404.372 euros, que requerían el procedimiento abierto simplificado abreviado.

Irregularidades en la licitación de siete contratos

Tras analizar ocho contratos, el Tribunal ha detectado diversos errores. En siete contratos (expedientes 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8), adjudicados por 49 millones de euros, los precios que igualaban el tipo de licitación obtenían una puntuación positiva en el criterio de la oferta económica. En el contrato de Limpieza de edificios y locales municipales (expediente 5), adjudicado por 7,2 millones de euros, la mesa de contratación solo contaba con dos miembros, cuando la normativa exige al menos tres.

Otros errores:

• Contrato de suministro y mantenimiento de aseos autolimpiables (expediente 8), adjudicado por 280.992 euros: un criterio de adjudicación fue el mantenimiento hasta 10 años, cuando los pliegos establecían 3 años.
• Contrato de transporte urbano (expediente 4), adjudicado por 2,1 millones de euros: en el cálculo de la garantía se tomó un solo año, habiendo un plazo de cuatro años.
• Contrato de servicios deportivos (expediente 6), adjudicado por 1,7 millones de euros: el adjudicatario no cumplió por escrito los compromisos para el tratamiento de datos personales.
• Contrato de limpieza urbana y recogida de residuos sólidos (expediente 3), adjudicado por 32,4 millones de euros y clasificado erróneamente en 2013: no se tramitó según la normativa armonizada y no debería haberse prorrogado.
• Dos obras (expedientes 1 y 2), adjudicadas por 1,6 millones de euros: retrasos de ocho y once meses, sobre plazos de seis y tres meses, sin sanción alguna.

Otros fallos y alegaciones del Ayuntamiento

En el ámbito presupuestario y contable, el Tribunal ha indicado que la aprobación del presupuesto de 2023 no se realizó antes del 31 de diciembre de 2022, que gastos por 735.807 euros no se incluyeron en el presupuesto y que las dietas de los concejales, 86.085 euros, se registraron en el capítulo incorrecto. En cuanto a los plazos de pago a los proveedores, el 27 % de las obligaciones del Ayuntamiento se pagó fuera de plazo, 6,7 millones de euros, y en el caso de los organismos autónomos más de la mitad de lo pagado, 265.452 euros.

El Ayuntamiento presentó alegaciones, en las que indicó que los contratos vencidos se formalizaron en 2023 y 2024, que el registro de las dietas se corregirá en 2026 y que los plazos de pago han mejorado significativamente en 2025. El Tribunal, sin embargo, mantuvo el informe tal cual, ya que las alegaciones confirman la situación descrita o no están justificadas documentalmente.

Impacto

El informe muestra que la situación contable del Ayuntamiento de Leioa es correcta en cuanto a la imagen financiera, pero con salvedades en cuanto a la legalidad, y reúne los fallos más graves en el ámbito de la contratación. El acuerdo, además, ordena la publicación de las consecuencias en los boletines oficiales correspondientes, según el artículo 13.2 de la Ley 1/1988.

Fuente: Bizkaiko Aldizkari Ofiziala (BOB), número 179, 18 de septiembre de 2026, sección III, págs. 1-11. (referencia oficial: BOB-2026a179-(III-144)).