La fiscalización de la Universidad del País Vasco de 2023-2024 ha denunciado irregularidades.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP/HKEE) ha aprobado definitivamente el informe de fiscalización de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para los ejercicios 2023-2024, mediante acuerdo adoptado por el Pleno en sesión de 24 de junio. El informe se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) número 152, el 12 de agosto de 2026, con la referencia oficial 2026/3571. El documento pone de manifiesto prácticas irregulares de contratación, la temporalidad del personal docente e investigador y la clasificación incorrecta de un superávit de subvenciones de 144,8 millones de euros.

El Tribunal, con la facultad que le confiere la Ley 1/1988, de 5 de febrero, y conforme a su programa de trabajo anual, ha fiscalizado los ejercicios 2023 y 2024, examinando los aspectos legales (personal y contratación) y contables, así como los de las fundaciones participadas al 100% por la universidad, a saber, la Fundación del Museo Vasco de Medicina y Ciencias y la Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU. Los resultados provisionales se notificaron a la universidad el 13 de abril para que formulara alegaciones, todas ellas analizadas e incorporadas, en su caso, al informe. El acuerdo ha sido firmado por la presidenta Ana Helguera Líbano y el secretario general Julio Artetxe Barkin, en Vitoria-Gasteiz.

Superávit de subvenciones, clasificado incorrectamente

El Tribunal considera, con salvedades, que la universidad registra en la cuenta “Deudas a corto plazo transformables en subvenciones” las subvenciones no ejecutadas, por importe de 144,8 millones de euros en 2023 y de 145,4 millones en 2024. En el examen de una muestra se concluye que algunas partidas deberían haberse clasificado como superávit para gastos generales; por tanto, parte del saldo, no cuantificable, debería figurar en el patrimonio neto, y no puede garantizarse la razonabilidad de la división.

PDI temporal por encima del límite del 8%

• A 31 de diciembre de 2024, el PDI con contrato temporal supera el límite del 8% establecido en el artículo 64.3 de la LOSU (Ley Orgánica 2/2023).
• La universidad ha alegado que 427 interinos y 1.375 investigadores temporales no deberían computarse, pero el Tribunal mantiene la denuncia.

Contratos de viajes y eventos, fraccionados

• Los servicios de viajes y eventos se tramitaron como contratos menores, por 2,9 millones de euros en 2023 y 3,1 millones en 2024, fraccionando el objeto y eludiendo los procedimientos que garantizan los principios de la contratación pública.
• En la muestra de 20 expedientes (95.204 euros y 180.895 euros), no existe informe que justifique la necesidad del contrato (artículo 118.2 de la LCSP); en 4 expedientes se superó el umbral de 15.000 euros (22.946 y 90.276 euros).
• En los contratos del artículo 118.5 (1,7 millones de euros en cada año), en 13 expedientes se superó el umbral de 5.000 euros, por un total de 162.000 euros.

También han detectado algunos otros errores de contratación: el contrato de extracción declarado de urgencia por 93.000 euros (para las cubiertas de la facultad de farmacia y del centro Lascaray, expediente 2) se inició con más de un mes de retraso; las obras de los baños de la Biblioteca del Campus de Leioa por 142.768 euros (expediente 17) se adjudicaron después de que expirara el acuerdo marco; en el expediente de licencias de los software Matlab y Simulink por 600.072 euros (13) no existe justificación de la imposibilidad de promover una mayor competencia; y los contratos de mantenimiento por 387.732 euros mediante PNSP (11 y 16) recomiendan una licitación conjunta.

Cuestiones de personal y control público

• Al PDI se le han abonado 361.002 euros (2023) y 328.330 euros (2024) en complementos y equiparaciones no vinculados a los méritos individuales establecidos en la LOSU.
• La RPT del PDI no se ha publicado en el BOPV desde el 23 de julio de 2015; la universidad afirma que la aprobó el 13 de mayo de 2026 y que está pendiente de aprobación por el Gobierno.
• Existen compromisos de gasto de 68,9 y 10,8 millones de euros sin crédito para futuros ejercicios (1,2 y 2,3 millones de euros), y el Tribunal recomienda establecer el régimen de fiscalización previa.

El informe es definitivo y afecta a toda la comunidad universitaria: establece una hoja de ruta para corregir las prácticas de contratación, la temporalidad y la clasificación de las cuentas, así como para mejorar los procesos de selección y contratación de sus fundaciones. Para la UPV/EHU y para los lectores, es una prueba de la transparencia en la gestión de los fondos públicos.

Fuente: Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), número 152, 12 de agosto de 2026, sección OTRAS DISPOSICIONES – Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, págs. 1-13 (referencia oficial: 2026/3571).