La EPA pospone la fecha límite del Plan de Respuesta a Sustancias Peligrosas hasta junio de 2030

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) finalizó una extensión de tres años de la fecha de cumplimiento para los Planes de Respuesta de Instalaciones de sustancias peligrosas de la Ley de Agua Limpia, posponiéndola del 1 de junio de 2027 al 1 de junio de 2030, y eliminando el lenguaje sobre el cambio climático y la justicia ambiental de la sección 40 CFR parte 118. La norma final, firmada por el Administrador Lee Zeldin, fue publicada en el Registro Federal del martes 13 de octubre de 2026 (Vol. 91, No. 196, Reglas y Regulaciones, p. 64774) bajo el expediente EPA–HQ–OLEM–2021–0585, RIN 2050–AH38 y FR Doc. 2026–20849.

La acción modifica la regulación de los Planes de Respuesta de Instalaciones de Sustancias Peligrosas de la Ley de Agua Limpia que la EPA finalizó el 24 de marzo de 2024 (89 FR 21924). Esta cubre instalaciones terrestres, no relacionadas con el transporte, de las que razonablemente se podría esperar que causen un daño sustancial al medio ambiente debido a una descarga en el peor de los casos de una sustancia peligrosa de la CWA en aguas navegables, costas adyacentes o la zona económica exclusiva. El texto regulatorio que modifica la parte 118 se incluye en el mismo número bajo el FR Doc. 2026–20846.

La EPA propuso las tres modificaciones el 5 de marzo de 2026 (91 FR 10787), tras abrir un aviso anticipado de propuesta de reglamentación el 18 de febrero de 2026 que aceptó comentarios hasta el 19 de mayo de 2026. La agencia afirma que las herramientas y modelos de cumplimiento aún no existen y que cualquier retraso inferior a tres años no permitiría el tiempo adecuado.

Un nuevo calendario de cumplimiento

La norma final revisa los plazos en 40 CFR 118.4:

• Las instalaciones reguladas inicialmente que estén en funcionamiento el 30 de noviembre de 2029 deben preparar y presentar un FRP antes del 1 de junio de 2030.
• Las instalaciones recién reguladas disponen de seis meses a partir de que cumplan los criterios o desde la notificación de un Administrador Regional.
• Las instalaciones de nueva construcción que inicien operaciones después del 1 de junio de 2030 deben presentar el FRP y el Formulario de Certificación de Daño Sustancial antes de que comiencen las operaciones, con ajustes después de un período de prueba operativa de 60 días.
• Las instalaciones reguladas por un cambio planificado deben presentar la documentación antes de que la parte afectada comience las operaciones.
• Las instalaciones reguladas por un evento o cambio no planificado disponen de seis meses, pero no antes del 1 de junio de 2030.

Eliminación del lenguaje sobre clima y justicia ambiental

La EPA está finalizando los cambios de lenguaje para alinear la sección 40 CFR parte 118 con la Orden Ejecutiva 14148 del 20 de enero de 2025, la cual rescindió la O.E. 13990 y la O.E. 14096:

• Las referencias al cambio climático en la disposición de evaluación de peligros en 40 CFR 118.11(b)(3)(i) se sustituyen por “en condiciones meteorológicas adversas”.
• La frase “impactos en comunidades con preocupaciones de justicia ambiental” se elimina de la misma disposición.
• Se modifica la sección 40 CFR 118.5(b)(8) para que diga “poblaciones potencialmente expuestas o susceptibles”, y se eliminan los párrafos (b)(11) y (b)(12).

La EPA sostiene que un enfoque desproporcionado en los peligros relacionados con el clima podría producir determinaciones de aplicabilidad desiguales y desviar la planificación de un enfoque basado en el riesgo.

Costos, comentarios y fundamento legal

La EPA estima ahorros de costos anualizados de $25.97 millones y $17.95 millones con tasas de descuento del 7 y 3 por ciento, en dólares de 2024; el valor presente y el valor anualizado de los ahorros son de $348 millones y $24 millones con una tasa de descuento del 7 por ciento. Las entidades pequeñas con instalaciones existentes que requieran un FRP ahorrarían aproximadamente entre $3.91 y $7.29 millones al año.

La agencia recibió 30 comentarios: 18 a favor de la propuesta, 11 en contra y uno solicitando más información, de los cuales 15 provinieron de grupos industriales. La EPA rechazó las solicitudes de un retraso de cinco años y de un retraso de 12 meses, y no estuvo de acuerdo con los comentaristas que calificaron los cambios de lenguaje como arbitrarios o afirmaron que debilitarían las protecciones para los grupos que enfrentan impactos desproporcionados.

La norma está autorizada por las secciones 311(j)(5) y 501(a) de la Ley de Agua Limpia (33 U.S.C. 1321(j)(5), 1361(a)), entra en vigor el 14 de diciembre de 2026 y es divisible. El contacto es Melissa Kaps, División de Implementación de Residuos y Productos Químicos, Oficina de Conservación y Recuperación de Recursos.

El retraso pospone durante tres años la obligación de presentación de fabricantes de productos químicos, empresas de servicios públicos, operadores de petróleo y gas, hospitales, gestores de residuos y operaciones gubernamentales locales, y elimina las consideraciones de clima y justicia ambiental de la evaluación de riesgos. La EPA valora el efecto desregulatorio en $348 millones en ahorros de valor presente; los opositores al cambio argumentaron durante el periodo de comentarios que esto deja a las comunidades expuestas en el ínterin.

Source: Federal Register, Vol. 91, No. 196, October 13, 2026, Rules and Regulations, p. 64774 (official reference: FR Doc. 2026–20849).