Energía archiva el parque solar Rojalinda de 70,8 MW por impacto ambiental

La Dirección General de Política Energética y Minas ha desestimado la solicitud de autorización administrativa previa del parque solar fotovoltaico Rojalinda, de 70,8 MW de potencia instalada, y de su infraestructura de evacuación, acordando el archivo del expediente PFot-795. La resolución, firmada por el director general Manuel García Hernández, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP) nº 216, de 12 de noviembre de 2026, sección I. Administración Central, bajo la referencia 8711/2026. El pronunciamiento llega después de que el órgano ambiental formulara una declaración de impacto ambiental desfavorable para el conjunto del proyecto.

Un proyecto de 70,8 MW y cuatro instalaciones asociadas

El promotor, Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico S.A., presentó la solicitud el 25 de septiembre de 2021, subsanada el 3 de noviembre de 2021 y modificada después el 1 de julio de 2022 y el 5 de octubre de 2023. La instalación proyectada no se limitaba al parque generador, sino que incluía toda la cadena de evacuación:

• Subestación eléctrica SET Rojalinda 20/220 kV.
• Línea aérea a 220 kV entre la SET Rojalinda y la subestación colectora Rojales 220 kV.
• Subestación colectora Rojales 220 kV.
• Línea eléctrica a 220 kV entre la subestación colectora y la subestación Rojales 220 kV de Red Eléctrica de España (REE).

El ámbito territorial del expediente abarcaba los términos municipales de Murcia y de Orihuela, Jacarilla, Benejúzar, Algorfa, Almoradí, Los Montesinos y Rojales, en la provincia de Alicante. Al superar los 50 MW, la competencia para autorizar correspondía a la Administración General del Estado, conforme al artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

La declaración ambiental desfavorable, origen del archivo

La tramitación se ajustó al Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, con traslado del expediente al Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Murcia y a la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, que emitieron sus informes el 15 de diciembre de 2022 y el 30 de marzo de 2023, respectivamente. El 12 de abril de 2023 el expediente se remitió a la Subdirección General de Evaluación Ambiental para iniciar la evaluación de impacto ambiental ordinaria prevista en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

El 24 de abril de 2026, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental formuló resolución con declaración de impacto ambiental desfavorable, al concluir que el proyecto causará previsiblemente impactos negativos y significativos sin que las medidas propuestas puedan reducirlos o eliminarlos, resultando incompatible ambientalmente. La resolución se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 16 de mayo de 2026 (BOE-A-2026-10653). La Dirección General de Política Energética y Minas invoca el carácter preceptivo y determinante de esa declaración, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencia 962/2022, de 11 de julio), para justificar la desestimación.

Permisos caducados y silencio del promotor

A ello se suma el estado de los permisos de acceso y conexión. El proyecto había obtenido informe de viabilidad de acceso a la red, informe de cumplimiento de condiciones técnicas de conexión e informe de verificación en la subestación Rojales 220 kV, pero el 5 de febrero de 2024 Red Eléctrica de España, S.A.U. comunicó al ministerio la caducidad de esos permisos por incumplimiento de los hitos del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio.

El 18 de mayo de 2026 se notificó al promotor el trámite de audiencia sobre la propuesta de resolución desestimatoria en el expediente SGIISE/PFot-795; transcurrido el plazo, no consta respuesta. Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación.

El archivo de Rojalinda cierra un expediente abierto hace más de cinco años y confirma el peso decisivo del filtro ambiental sobre los grandes proyectos renovables. Para los municipios de la Vega Baja afectados, la resolución despeja la incertidumbre sobre el uso del suelo y el trazado de la línea de 220 kV, mientras que para el promotor supone la pérdida de la autorización previa y de los permisos de conexión ya caducados, sin perjuicio de un eventual recurso.

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, nº 216 de 12 de noviembre de 2026, sección I. Administración Central, pág. 1 (referencia oficial: 8711/2026).